Entre críticas de PRI y Nueva Alianza por establecer nuevas regulaciones sobre precampañas a 48 horas de que empiecen los procesos internos partidistas, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó restricciones a la propaganda gubernamental en periodo electoral y prohibiciones al uso de recursos públicos.
La presentación de los documentos –la última normatividad aprobada previo a la fase de precampañas– generó múltiples cuestionamientos, por lo que tuvieron que modificarlos sobre la mesa del consejo.
Entre los cambios destaca que a partir del 12 de marzo, fecha en que concluyen las precampañas, cualquier actividad proselitista de los partidos será considerada “acto anticipado de campaña”. Igualmente, se les obliga a retirar toda la propaganda electrónica, de Internet o de otro tipo, el mismo 12 de marzo, extendiéndose hasta el último día del mes, en el caso de las bardas pintadas.
También se aprobó que los ejecutivos de los tres niveles de gobierno no puedan asistir a actos proselitistas de sus partidos en días hábiles, rechazándose la propuesta de PRD, PAN y un grupo de consejeros, encabezados por Macarita Elizondo, para que esa prohibición se hiciera extensiva a “todo momento, durante el proceso electoral”. Se mantuvo la restricción para hacer pronunciamientos en favor o en contra de un partido, en cualquier tiempo.
Asimismo, se ratificó la prohibición de realizar campañas gubernamentales durante las precampañas y las campañas, a excepción de las relacionadas con salud, educación o protección civil, siempre y cuando no se promuevan obras públicas.
En vísperas del arranque de las precampañas y con cambios sobre la mesa del consejo a los documentos presentados, la aprobación de disposiciones para regularlas mereció críticas de PRI, PRD y Nueva Alianza, incluidos cambios a ordenamientos que el IFE había aprobado previamente.
El priísta Sebastián Lerdo de Tejada consideró un desatino aprobar nuevas disposiciones sobre precampañas cuando sólo faltan 48 horas para su arranque, en tanto que el representante de Nueva Alianza, Luis Antonio González, señaló que no abona a la certeza el hecho de que una vez que los partidos han empezado sus procesos internos, el IFE disponga nuevas reglas, situación que fue justificada por el consejero Virgilio Andrade con el argumento de que se abocaron a la aprobación del blindaje electoral.
González dijo que el IFE había fijado el 31 de enero como fecha para que los partidos notificaran al organismo el listado de sus precandidatos, la cual se extiende 72 horas con el nuevo acuerdo. “Ustedes están abriendo una puerta a la simulación al no fijar una fecha límite para el registro de precandidatos”.
Otro tema que desató las críticas fue la disposición que daba a los partidos 24 horas para retirar toda la propaganda, que correrían a partir del día siguiente de la conclusión de las precampañas –11 de marzo–, lo cual fue considerado inviable por PRI, PRD y PT, ante lo cual se modificó la disposición para que solamente operara para medios electrónicos e Internet, otorgándose hasta el 31 de marzo para las bardas pintadas.
A solicitud del PRI, también se cambió la restricción de que los institutos políticos sólo realicen un acto nacional para declarar los triunfos de sus aspirantes. El PRI argumentó que por disposiciones estatutarias tendrían que realizar 300 asambleas –una en cada distrito–, motivo por el cual le es imposible cumplir la disposición, lo cual fue avalado por el consejo.
Asimismo, se discutieron las normas relacionadas con el uso de recursos públicos, en lo que se englobó el activismo de los funcionarios; también se enfatizaron restricciones al uso de los programas sociales con fines electorales. La proscripción de utilizar dichos programas para coaccionar el voto fue complementada con la petición del PRD para que se haga extensivo a entrega de bienes y servicios.
A su vez, el panista Roberto Gil externó su preocupación en torno a que el activismo político-electoral sólo está restringido a los titulares del Ejecutivo, cuando debería incorporar a funcionarios de los respectivos gabinetes, que en muchas ocasiones –dijo– son los que están más cercanos a la población. No fue avalada la propuesta de que se incluyera a funcionarios de alta investidura.
Por otra parte, se aprobaron lineamientos para las empresas que realizarán encuestas, destacando que la restricción para difundir sus resultados se reduce de una semana previa a la elección a tres días.
La presentación de los documentos –la última normatividad aprobada previo a la fase de precampañas– generó múltiples cuestionamientos, por lo que tuvieron que modificarlos sobre la mesa del consejo.
Entre los cambios destaca que a partir del 12 de marzo, fecha en que concluyen las precampañas, cualquier actividad proselitista de los partidos será considerada “acto anticipado de campaña”. Igualmente, se les obliga a retirar toda la propaganda electrónica, de Internet o de otro tipo, el mismo 12 de marzo, extendiéndose hasta el último día del mes, en el caso de las bardas pintadas.
También se aprobó que los ejecutivos de los tres niveles de gobierno no puedan asistir a actos proselitistas de sus partidos en días hábiles, rechazándose la propuesta de PRD, PAN y un grupo de consejeros, encabezados por Macarita Elizondo, para que esa prohibición se hiciera extensiva a “todo momento, durante el proceso electoral”. Se mantuvo la restricción para hacer pronunciamientos en favor o en contra de un partido, en cualquier tiempo.
Asimismo, se ratificó la prohibición de realizar campañas gubernamentales durante las precampañas y las campañas, a excepción de las relacionadas con salud, educación o protección civil, siempre y cuando no se promuevan obras públicas.
En vísperas del arranque de las precampañas y con cambios sobre la mesa del consejo a los documentos presentados, la aprobación de disposiciones para regularlas mereció críticas de PRI, PRD y Nueva Alianza, incluidos cambios a ordenamientos que el IFE había aprobado previamente.
El priísta Sebastián Lerdo de Tejada consideró un desatino aprobar nuevas disposiciones sobre precampañas cuando sólo faltan 48 horas para su arranque, en tanto que el representante de Nueva Alianza, Luis Antonio González, señaló que no abona a la certeza el hecho de que una vez que los partidos han empezado sus procesos internos, el IFE disponga nuevas reglas, situación que fue justificada por el consejero Virgilio Andrade con el argumento de que se abocaron a la aprobación del blindaje electoral.
González dijo que el IFE había fijado el 31 de enero como fecha para que los partidos notificaran al organismo el listado de sus precandidatos, la cual se extiende 72 horas con el nuevo acuerdo. “Ustedes están abriendo una puerta a la simulación al no fijar una fecha límite para el registro de precandidatos”.
Otro tema que desató las críticas fue la disposición que daba a los partidos 24 horas para retirar toda la propaganda, que correrían a partir del día siguiente de la conclusión de las precampañas –11 de marzo–, lo cual fue considerado inviable por PRI, PRD y PT, ante lo cual se modificó la disposición para que solamente operara para medios electrónicos e Internet, otorgándose hasta el 31 de marzo para las bardas pintadas.
A solicitud del PRI, también se cambió la restricción de que los institutos políticos sólo realicen un acto nacional para declarar los triunfos de sus aspirantes. El PRI argumentó que por disposiciones estatutarias tendrían que realizar 300 asambleas –una en cada distrito–, motivo por el cual le es imposible cumplir la disposición, lo cual fue avalado por el consejo.
Asimismo, se discutieron las normas relacionadas con el uso de recursos públicos, en lo que se englobó el activismo de los funcionarios; también se enfatizaron restricciones al uso de los programas sociales con fines electorales. La proscripción de utilizar dichos programas para coaccionar el voto fue complementada con la petición del PRD para que se haga extensivo a entrega de bienes y servicios.
A su vez, el panista Roberto Gil externó su preocupación en torno a que el activismo político-electoral sólo está restringido a los titulares del Ejecutivo, cuando debería incorporar a funcionarios de los respectivos gabinetes, que en muchas ocasiones –dijo– son los que están más cercanos a la población. No fue avalada la propuesta de que se incluyera a funcionarios de alta investidura.
Por otra parte, se aprobaron lineamientos para las empresas que realizarán encuestas, destacando que la restricción para difundir sus resultados se reduce de una semana previa a la elección a tres días.
Alonso Urrutia, La Jornada, 30 de enero.
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