Durante la jornada electoral de este domingo, elementos de la Policía Federal (PF) custodiarán a los candidatos a gobernador y a los dirigentes partidistas. Esta protección se hará efectiva a solicitud de las diversas fuerzas políticas.
De manera paralela se integrarán grupos con funcionarios de los tres niveles de gobierno, que tomarán determinaciones respecto de los operativos y el eventual envío de fuerzas policiales a lugares en conflicto.
En caso necesario se desplazarían elementos, incluidos integrantes de las fuerzas armadas, con capacitación para la proximidad social, es decir, contacto con los ciudadanos, señaló el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Roberto Gil Zuarth.
La estrategia anterior, redefinida frente a los recientes hechos violentos –ocurridos de manera sobresaliente en cinco de las 14 entidades en donde habrá comicios este 4 de julio– forma parte de un protocolo que será operado por los grupos de coordinación operativa en materia de seguridad pública.
En estos equipos participarán las policías y funcionarios de los tres niveles de gobierno, así como elementos de las fuerzas federales (militares y marinos), que pondrán énfasis en los puntos de riesgo como Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León y Durango.
Hasta ayer habían sido firmados los protocolos con los gobiernos de Baja California, Durango, Quintana Roo, Veracruz y Zacatecas, en estrategias coordinadas por la Secretaría de Gobernación, cuyo titular es también secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional.
La dependencia federal enviará a decenas de empleados (varios de ellos funcionarios de alto nivel) a los lugares considerados prioritarios, lo mismo por el enlace con autoridades castrenses y electorales o por la existencia de un riesgo objetivo para la seguridad de las elecciones.
En el Grupo denominado “C4” participarán enviados de la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública federal, así como los secretarios de gobierno de las entidades involucradas.
El subsecretario Gil dijo que los cuerpos de seguridad atenderán “con criterios homogéneos, razonables y proporcionales” los riesgos que se llegaran a presentar durante la jornada electoral. Aseveró que los despliegues de fuerza pública no obstaculizarán el libre tránsito de las personas y tampoco el acceso de los ciudadanos a las casillas electorales para depositar su voto.
De manera paralela se integrarán grupos con funcionarios de los tres niveles de gobierno, que tomarán determinaciones respecto de los operativos y el eventual envío de fuerzas policiales a lugares en conflicto.
En caso necesario se desplazarían elementos, incluidos integrantes de las fuerzas armadas, con capacitación para la proximidad social, es decir, contacto con los ciudadanos, señaló el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Roberto Gil Zuarth.
La estrategia anterior, redefinida frente a los recientes hechos violentos –ocurridos de manera sobresaliente en cinco de las 14 entidades en donde habrá comicios este 4 de julio– forma parte de un protocolo que será operado por los grupos de coordinación operativa en materia de seguridad pública.
En estos equipos participarán las policías y funcionarios de los tres niveles de gobierno, así como elementos de las fuerzas federales (militares y marinos), que pondrán énfasis en los puntos de riesgo como Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León y Durango.
Hasta ayer habían sido firmados los protocolos con los gobiernos de Baja California, Durango, Quintana Roo, Veracruz y Zacatecas, en estrategias coordinadas por la Secretaría de Gobernación, cuyo titular es también secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional.
La dependencia federal enviará a decenas de empleados (varios de ellos funcionarios de alto nivel) a los lugares considerados prioritarios, lo mismo por el enlace con autoridades castrenses y electorales o por la existencia de un riesgo objetivo para la seguridad de las elecciones.
En el Grupo denominado “C4” participarán enviados de la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública federal, así como los secretarios de gobierno de las entidades involucradas.
El subsecretario Gil dijo que los cuerpos de seguridad atenderán “con criterios homogéneos, razonables y proporcionales” los riesgos que se llegaran a presentar durante la jornada electoral. Aseveró que los despliegues de fuerza pública no obstaculizarán el libre tránsito de las personas y tampoco el acceso de los ciudadanos a las casillas electorales para depositar su voto.
Fabiola Martínez, La Jornada, 1º de julio.
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