CARACAS.— Venezuela está dando pasos para convertirse en un “Estado Comunal” que sustituya al modelo “neoliberal y burgués”, al traspasar poder a organizaciones vecinales que, no obstante, dependerán de los designios del presidente Hugo Chávez.
El gobierno y la Asamblea Nacional venezolanos, dominada por el chavismo, afinan un paquete de leyes que consagran desde la propiedad social —que ha sembrado dudas sobre su coexistencia con la propiedad privada— hasta la posibilidad de alterar el ordenamiento político-territorial y la división del trabajo.
Analistas advirtieron que si bien es cierto que la idea de “empoderar” al pueblo es válida, las vías para hacerlo podrían terminar subyugándolo a las órdenes del “presidente-comandante” Chávez y restándole protagonismo político.
Chávez ha logrado concentrar cada vez más poder en sus 11 años de “revolución”, ha incrementado la presencia del Estado en la economía y desde hace meses impulsa cambios legislativos para asentar su llamado “Socialismo del Siglo XXI”, proyecto de lineamientos borrosos, según analistas.
“Estamos tratando de cambiar la estructura del Estado burgués, neoliberal, burocrático que desconoce las necesidades de las mayorías”, dijo recientemente la ministra para las Comunas, Isis Ochoa.
Admitió que la “revolución socialista” busca cambiar el sistema político para ceder la gestión de lo público al pueblo organizado. “Transferir todas las competencias de transformación de la realidad”, dijo.
Pero voceros oficialistas han entrado en contradicción al tratar de explicar si el Estado comunal acabará con el poder descentralizado de alcaldías y gobernaciones, así como de las instituciones vigentes.
La oposición asegura que la nueva organización resta poder a los votantes de autoridades regionales, al tiempo que alega que la ley consagra y privilegia el modelo socialista y acaba con la pluralidad.
Chávez, por su parte, considera que la oligarquía quiere asustar a la gente diciendo que viene una dictadura comunista, a la vez que asegura que la democracia sólo es posible en socialismo y que el capitalismo es injusto e inmoral.
“Inconstitucional”
Observadores afirman que los cambios que haría la Asamblea a través de las leyes comunales son ilegales porque alteran la Constitución. Pero ven difícil que el Tribunal Supremo lo detenga, pues sus decisiones suelen favorecer al gobierno.
Chávez ha dicho que el poder reside en el pueblo organizado y años atrás estimuló la creación de los “consejos comunales”, organizaciones vecinales que atienden las necesidades de sus zonas y han ganado roles supervisores en educación, economía y judicial.
La ministra Ochoa aseguró que hay más de 30 mil consejos comunales legalizados y que pueden reunirse en “comunas”, que tendrían asesoría del Ejecutivo para designar voceros, redactar una Carta Comunal y organizar un parlamento. Según el proyecto de ley, las “organizaciones comunales” pueden actuar por encima de las instituciones sin que se limiten sus decisiones.
El gobierno y la Asamblea Nacional venezolanos, dominada por el chavismo, afinan un paquete de leyes que consagran desde la propiedad social —que ha sembrado dudas sobre su coexistencia con la propiedad privada— hasta la posibilidad de alterar el ordenamiento político-territorial y la división del trabajo.
Analistas advirtieron que si bien es cierto que la idea de “empoderar” al pueblo es válida, las vías para hacerlo podrían terminar subyugándolo a las órdenes del “presidente-comandante” Chávez y restándole protagonismo político.
Chávez ha logrado concentrar cada vez más poder en sus 11 años de “revolución”, ha incrementado la presencia del Estado en la economía y desde hace meses impulsa cambios legislativos para asentar su llamado “Socialismo del Siglo XXI”, proyecto de lineamientos borrosos, según analistas.
“Estamos tratando de cambiar la estructura del Estado burgués, neoliberal, burocrático que desconoce las necesidades de las mayorías”, dijo recientemente la ministra para las Comunas, Isis Ochoa.
Admitió que la “revolución socialista” busca cambiar el sistema político para ceder la gestión de lo público al pueblo organizado. “Transferir todas las competencias de transformación de la realidad”, dijo.
Pero voceros oficialistas han entrado en contradicción al tratar de explicar si el Estado comunal acabará con el poder descentralizado de alcaldías y gobernaciones, así como de las instituciones vigentes.
La oposición asegura que la nueva organización resta poder a los votantes de autoridades regionales, al tiempo que alega que la ley consagra y privilegia el modelo socialista y acaba con la pluralidad.
Chávez, por su parte, considera que la oligarquía quiere asustar a la gente diciendo que viene una dictadura comunista, a la vez que asegura que la democracia sólo es posible en socialismo y que el capitalismo es injusto e inmoral.
“Inconstitucional”
Observadores afirman que los cambios que haría la Asamblea a través de las leyes comunales son ilegales porque alteran la Constitución. Pero ven difícil que el Tribunal Supremo lo detenga, pues sus decisiones suelen favorecer al gobierno.
Chávez ha dicho que el poder reside en el pueblo organizado y años atrás estimuló la creación de los “consejos comunales”, organizaciones vecinales que atienden las necesidades de sus zonas y han ganado roles supervisores en educación, economía y judicial.
La ministra Ochoa aseguró que hay más de 30 mil consejos comunales legalizados y que pueden reunirse en “comunas”, que tendrían asesoría del Ejecutivo para designar voceros, redactar una Carta Comunal y organizar un parlamento. Según el proyecto de ley, las “organizaciones comunales” pueden actuar por encima de las instituciones sin que se limiten sus decisiones.
El Universal, 8 de julio.
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