Ayer, el estado de Durango vivió el día más crítico del conflicto postelectoral respecto a la gubernatura de la entidad, que disputan el Partido Revolucionario Institucional y la coalición Durango Nos Une.
Y es que hubo de todo: detenidos, denuncias, “acusaciones graves” marchas y amenazas entre los dirigentes, candidatos, simpatizantes y operadores jurídicos de ambos grupos.
El primer hecho que puso contra la pared a la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Convergencia fue la detención de 21 funcionarios procedentes del Distrito Federal por parte de la Procuraduría General de Durango.
De acuerdo con el procurador de la entidad, Daniel García Leal, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) catearon tres domicilios dentro del municipio de Durango, donde detuvieron a los supuestos implicados en el robo de urnas que se registró el domingo pasado.
Informó que encontraron armas de fuego, dos fusiles M1, una subametralladora calibre nueve milímetros y una 380, credenciales, gafetes, pasamontañas y material electoral del candidato a gobernador por la coalición José Rosas Aispuro Torres.
Fueron aseguradas además fotografías en las que los detenidos aparecen con el candidato aliancista y su esposa.
Los detenidos, según las autoridades, reconocieron ser funcionarios de la Secretaría de Gobierno de la administración de Marcelo Ebrard Casaubon.
También se exhibió un recibo telefónico a nombre de Barrantes Velarde María Elvira, esposa del candidato aliancista, con domicilio en Conde de Zambrano Nº 110, en el fraccionamiento Campo Real.
Por su parte, el abanderado de las alianzas para gobernar este estado, José Rosas Aispuro, acusó al gobernador Ismael Hernández de intervenir en la elección con el apoyo del narcotráfico.
Incluso lo amenazó con sufrir “graves consecuencias” en caso de que no saque las manos de la elección. “Él sabe a qué me refiero, tendrá que explicar cómo ha adquirido tantas propiedades”.
En tanto que su equipo jurídico acudió a la delegación de la Procuraduría General de la República en la entidad para solicitar que atraiga el caso de los 21 detenidos por que en el caso están involucradas armas de uso exclusivo del Ejército.
Ahí pidieron al titular del área, Francisco Zacarías Cabrera, dar con los verdaderos responsables, pues aseguraron que las armas y los aditamentos supuestamente utilizados para el robo de urnas fueron sembrados.
Además, para que se concrete el arresto debieron ser detenidos en flagrancia de acuerdo con los encargados de dar la pelea legal por el PAN, PRD y Convergencia.
Y es que hubo de todo: detenidos, denuncias, “acusaciones graves” marchas y amenazas entre los dirigentes, candidatos, simpatizantes y operadores jurídicos de ambos grupos.
El primer hecho que puso contra la pared a la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Convergencia fue la detención de 21 funcionarios procedentes del Distrito Federal por parte de la Procuraduría General de Durango.
De acuerdo con el procurador de la entidad, Daniel García Leal, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) catearon tres domicilios dentro del municipio de Durango, donde detuvieron a los supuestos implicados en el robo de urnas que se registró el domingo pasado.
Informó que encontraron armas de fuego, dos fusiles M1, una subametralladora calibre nueve milímetros y una 380, credenciales, gafetes, pasamontañas y material electoral del candidato a gobernador por la coalición José Rosas Aispuro Torres.
Fueron aseguradas además fotografías en las que los detenidos aparecen con el candidato aliancista y su esposa.
Los detenidos, según las autoridades, reconocieron ser funcionarios de la Secretaría de Gobierno de la administración de Marcelo Ebrard Casaubon.
También se exhibió un recibo telefónico a nombre de Barrantes Velarde María Elvira, esposa del candidato aliancista, con domicilio en Conde de Zambrano Nº 110, en el fraccionamiento Campo Real.
Por su parte, el abanderado de las alianzas para gobernar este estado, José Rosas Aispuro, acusó al gobernador Ismael Hernández de intervenir en la elección con el apoyo del narcotráfico.
Incluso lo amenazó con sufrir “graves consecuencias” en caso de que no saque las manos de la elección. “Él sabe a qué me refiero, tendrá que explicar cómo ha adquirido tantas propiedades”.
En tanto que su equipo jurídico acudió a la delegación de la Procuraduría General de la República en la entidad para solicitar que atraiga el caso de los 21 detenidos por que en el caso están involucradas armas de uso exclusivo del Ejército.
Ahí pidieron al titular del área, Francisco Zacarías Cabrera, dar con los verdaderos responsables, pues aseguraron que las armas y los aditamentos supuestamente utilizados para el robo de urnas fueron sembrados.
Además, para que se concrete el arresto debieron ser detenidos en flagrancia de acuerdo con los encargados de dar la pelea legal por el PAN, PRD y Convergencia.
Jonathan Villanueva, La Crónica, 8 de julio.
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