Enfocando sus objetivos en golpear la estructura democrática con intentos de boicot a contiendas electorales, intimidar a la ciudadanía con acciones violentas, amenazar de muerte o desaparecer a aspirantes a puestos de elección popular que no aceptan las condiciones del crimen organizado, éstas son algunas de las estrategias aplicadas desde los años 90 por miembros de la guerrilla y del narcotráfico en Colombia y que a decir de autoridades mexicanas presuntamente han adoptado cárteles mexicanos desde 2006, cuando comenzó la lucha entre los distintos grupos armados ilegales por ganar plazas en el mercado de las drogas.
Un reporte de la organización no gubernamental Consejo para la Ley y los Derechos Humanos en México, refiere que las tácticas delictivas que utilizan capos colombianos y que actualmente aplican los grupos del crimen organizado en territorio mexicano, comenzaron en el año 2001 con extorsiones telefónicas desde los penales, siendo en la penitenciaria de Puente Grande, en Jalisco, donde se detectó la primera llamada de este tipo.
Información de la Procuraduría General de la República (PGR) refiere que la presencia de narcotraficantes colombianos en los distintos reclusorios y cárceles de máxima seguridad en México dieron apertura a nuevos métodos delictivos que se corrieron como pólvora desde el interior de las prisiones entre miembros del crimen organizado, y que comenzaron a poner en operación con integrantes de los distintos cárteles que gozaban de la libertad.
GUERRILLA. A las extorsiones en Colombia, práctica añeja que existe desde los primeros días en que surgió la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se sumaron posteriormente los secuestros de personas adineradas, como otra forma para financiar las operaciones delictivas. Las FARC han encontrado en el plagio su modus vivendi, y buscan sólo el canje de algún rehén importante por sumas grandes de dinero. En el caso de los políticos, militares y policías cautivos, a éstos los retiene como moneda de cambio para buscar su canje por rebeldes presos.
En México el plagio, según informes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), vino a formar parte de la estrategia de los cárteles para financiarse cuando sus operaciones en la venta de droga se ha visto afectada por decomisos realizados por las fuerzas armadas o por la pérdida de cargamentos en disputas con otros grupos rivales.
Antes del año 2000, en México se registraban denuncias por plagio en casos aislados, siendo gente con alto poder adquisitivo el principal objetivo de delincuentes comunes, pero ahora esta ilícita práctica ha tomado como presa también a políticos, policías y militares.
VULNERABLE. Así como ocurrió en Colombia a partir de los años de 1990, cuando las autoridades asestaron fuertes golpes al narcotráfico y vulneró las distintas células que operaban en el país, principalmente en Cali, Medellín y Bogotá, el siguiente paso, según señalan informes de la Dirección Antisecuestros y Antiextorsión de la Policía Nacional de Colombia, se buscó amedrentar a las autoridades con una “campaña de miedo” previo a las elecciones presidenciales de aquel año.
De acuerdo con información de los periódicos colombianos El Tiempo y El Espectador, en principio se perpetraron ataques contra funcionarios allegados a los candidatos a la presidencia como medida de advertencia y con previa amenaza. Sin embargo, posteriormente el blanco fueron tres presidenciables.
En aquella ocasión, Luis Carlos Galán, del Partido Liberal, fue asesinado el 16 de agosto de 1989, presuntamente por ignorar exigencias de la guerrilla y del narco; la misma suerte corrió Bernardo Jaramillo, de la Unión Patriótica, quien fue abatido el 22 de marzo de 1990, y en forma desafortunada también pereció Carlos Pizarro, de la Alianza Democrática M-19, el 26 de abril de 1990, presuntamente por no acatar los llamados de grupos armados ilegales.
SUERTE. En ese oscuro episodio de la historia de Colombia, los cárteles del narco y las FARC impusieron las condiciones al querer comprar a candidatos y someter a su voluntad las preferencias del voto, además de robar urnas y amenazar a los electores, en particular a empresarios con influencia en el gobierno, así como a funcionarios que operarían en las mesas de votación.
Ahora la misma suerte parece estar trazada en México. Aunque las autoridades mantienen un velo de misterio sobre asuntos que en los que se han visto afectados empresarios, políticos y partidos políticos, presuntamente miembros del crimen organizado han buscado penetrar en el núcleo de las instituciones del gobierno y en las instituciones políticas tratando de comprar a los candidatos.
La pesadilla que vivió Colombia en los años 90 parece repetirse ahora en México, al quedar registrados como víctimas de grupos armados ilegales un candidato a diputado en Tabasco en 2009 y dos candidatos en el estado de Tamaulipas.
La primera víctima de esta barbarie fue el candidato a diputado local del estado de Tabasco, José Francisco Fuentes Esperón, quien fue asesinado a balazos junto con su esposa y sus dos hijos en septiembre de 2009.
La segunda muerte atribuida a los cárteles del narco fue la de José Mario Guajardo Valera, aspirante del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de Valle Hermoso, y acribillado el pasado 13 de mayo.
Pero sin duda, el asesinato que caló más hondo en el sentir de la ciudadanía y en las propias autoridades fue el asesinato, el pasado 28 de junio, del abanderado priista y representante de la alianza entre Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), Rodolfo Torre Cantú, favorito para ganar la gubernatura en Tamaulipas de este 4 de julio, al ser acribillado a balazos en un falso retén por un comando armado.
La muerte de Rodolfo Torre es el más fuerte allanamiento de violencia en una campaña política desde 1993, cuando Mario Aburto mató al candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo de aquel año en un acto proselitista en Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California.
Así como el mandatario colombiano Álvaro Uribe, declaró la guerra a grupos rebeldes, a paramilitares y a los cárteles de la droga el 7 de agosto de 2002 cuando asumió como Jefe de Estado, la misma línea ha seguido en México el presidente Felipe Calderón desde el 1 de diciembre de 2006, cuando tomó las riendas del país. Esta lucha que lleva ya cuatro años ha dejado al menos 23 mil muertes atribuidas a la lucha contra el crimen organizado.
Un reporte de la organización no gubernamental Consejo para la Ley y los Derechos Humanos en México, refiere que las tácticas delictivas que utilizan capos colombianos y que actualmente aplican los grupos del crimen organizado en territorio mexicano, comenzaron en el año 2001 con extorsiones telefónicas desde los penales, siendo en la penitenciaria de Puente Grande, en Jalisco, donde se detectó la primera llamada de este tipo.
Información de la Procuraduría General de la República (PGR) refiere que la presencia de narcotraficantes colombianos en los distintos reclusorios y cárceles de máxima seguridad en México dieron apertura a nuevos métodos delictivos que se corrieron como pólvora desde el interior de las prisiones entre miembros del crimen organizado, y que comenzaron a poner en operación con integrantes de los distintos cárteles que gozaban de la libertad.
GUERRILLA. A las extorsiones en Colombia, práctica añeja que existe desde los primeros días en que surgió la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se sumaron posteriormente los secuestros de personas adineradas, como otra forma para financiar las operaciones delictivas. Las FARC han encontrado en el plagio su modus vivendi, y buscan sólo el canje de algún rehén importante por sumas grandes de dinero. En el caso de los políticos, militares y policías cautivos, a éstos los retiene como moneda de cambio para buscar su canje por rebeldes presos.
En México el plagio, según informes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), vino a formar parte de la estrategia de los cárteles para financiarse cuando sus operaciones en la venta de droga se ha visto afectada por decomisos realizados por las fuerzas armadas o por la pérdida de cargamentos en disputas con otros grupos rivales.
Antes del año 2000, en México se registraban denuncias por plagio en casos aislados, siendo gente con alto poder adquisitivo el principal objetivo de delincuentes comunes, pero ahora esta ilícita práctica ha tomado como presa también a políticos, policías y militares.
VULNERABLE. Así como ocurrió en Colombia a partir de los años de 1990, cuando las autoridades asestaron fuertes golpes al narcotráfico y vulneró las distintas células que operaban en el país, principalmente en Cali, Medellín y Bogotá, el siguiente paso, según señalan informes de la Dirección Antisecuestros y Antiextorsión de la Policía Nacional de Colombia, se buscó amedrentar a las autoridades con una “campaña de miedo” previo a las elecciones presidenciales de aquel año.
De acuerdo con información de los periódicos colombianos El Tiempo y El Espectador, en principio se perpetraron ataques contra funcionarios allegados a los candidatos a la presidencia como medida de advertencia y con previa amenaza. Sin embargo, posteriormente el blanco fueron tres presidenciables.
En aquella ocasión, Luis Carlos Galán, del Partido Liberal, fue asesinado el 16 de agosto de 1989, presuntamente por ignorar exigencias de la guerrilla y del narco; la misma suerte corrió Bernardo Jaramillo, de la Unión Patriótica, quien fue abatido el 22 de marzo de 1990, y en forma desafortunada también pereció Carlos Pizarro, de la Alianza Democrática M-19, el 26 de abril de 1990, presuntamente por no acatar los llamados de grupos armados ilegales.
SUERTE. En ese oscuro episodio de la historia de Colombia, los cárteles del narco y las FARC impusieron las condiciones al querer comprar a candidatos y someter a su voluntad las preferencias del voto, además de robar urnas y amenazar a los electores, en particular a empresarios con influencia en el gobierno, así como a funcionarios que operarían en las mesas de votación.
Ahora la misma suerte parece estar trazada en México. Aunque las autoridades mantienen un velo de misterio sobre asuntos que en los que se han visto afectados empresarios, políticos y partidos políticos, presuntamente miembros del crimen organizado han buscado penetrar en el núcleo de las instituciones del gobierno y en las instituciones políticas tratando de comprar a los candidatos.
La pesadilla que vivió Colombia en los años 90 parece repetirse ahora en México, al quedar registrados como víctimas de grupos armados ilegales un candidato a diputado en Tabasco en 2009 y dos candidatos en el estado de Tamaulipas.
La primera víctima de esta barbarie fue el candidato a diputado local del estado de Tabasco, José Francisco Fuentes Esperón, quien fue asesinado a balazos junto con su esposa y sus dos hijos en septiembre de 2009.
La segunda muerte atribuida a los cárteles del narco fue la de José Mario Guajardo Valera, aspirante del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de Valle Hermoso, y acribillado el pasado 13 de mayo.
Pero sin duda, el asesinato que caló más hondo en el sentir de la ciudadanía y en las propias autoridades fue el asesinato, el pasado 28 de junio, del abanderado priista y representante de la alianza entre Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), Rodolfo Torre Cantú, favorito para ganar la gubernatura en Tamaulipas de este 4 de julio, al ser acribillado a balazos en un falso retén por un comando armado.
La muerte de Rodolfo Torre es el más fuerte allanamiento de violencia en una campaña política desde 1993, cuando Mario Aburto mató al candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo de aquel año en un acto proselitista en Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California.
Así como el mandatario colombiano Álvaro Uribe, declaró la guerra a grupos rebeldes, a paramilitares y a los cárteles de la droga el 7 de agosto de 2002 cuando asumió como Jefe de Estado, la misma línea ha seguido en México el presidente Felipe Calderón desde el 1 de diciembre de 2006, cuando tomó las riendas del país. Esta lucha que lleva ya cuatro años ha dejado al menos 23 mil muertes atribuidas a la lucha contra el crimen organizado.
Mario Camarillo Cortés, La Crónica, 4 de julio.
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