PHOENIX.- La juez federal Susan Bolton escuchará hoy los argumentos en torno a dos demandas interpuestas contra la ley SB1070, de Arizona, que criminaliza la inmigración indocumentada, en unas audiencias que, según expertos, podrían ser clave para el futuro de la normativa.
En las sesiones, se prevé que los abogados de la Gobernadora del estado fronterizo, Jan Brewer, pidan a Bolton que descarte los recursos, mientras que los demandantes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y un grupo de organizaciones civiles, solicitarán una orden que frene la entrada en vigor de la ley.
La juez mantuvo una audiencia similar el 15 de julio, cuando analizó otro recurso, presentado por el policía David Salgado.
Pese a la creciente presión que enfrenta, Bolton no ha indicado si se pronunciará sobre el tema antes del 29 de julio, cuando la SB1070 debe entrar en vigor.
Esta incertidumbre ha llevado a que la Corte Sandra Day O'Connor, en Phoenix, se convierta en el centro del debate en torno a la ley, al tiempo que la Policía se prepara para aplicarla, y sus oponentes, para realizar acciones de desobediencia civil.
La norma requiere que todo oficial, mientras aplica otras leyes, revise el estatus migratorio de una persona si tiene "sospechas razonables" de que ésta se encuentra ilegalmente en el país.
Hasta el momento, la legislación enfrenta siete demandas. La mayoría, incluida la del Departamento de Justicia y la de Salgado, argumenta que ésta es inconstitucional al interferir en el ámbito migratorio, que es competencia exclusiva del Gobierno federal.
Otras, como la interpuesta por las organizaciones civiles, señalan que la SB1070 llevará a la creación de perfiles raciales.
Previo a las audiencias, 76 diputados y 5 senadores republicanos pidieron ayer a Bolton que deseche la demanda del Departamento de Justicia.
En un recurso de "amigos de la corte", empleado para solidarizarse con la parte acusadora, los legisladores afirmaron que Arizona tiene el derecho de defenderse contra la inmigración ilegal.
Sea cual sea la decisión que tome Bolton, se prevé que ésta sea impugnada.
El tema no es nuevo para la juez, quien lleva 10 años lidiando con juicios ligados a la frontera.
En 2002, decidió que integrantes de la Patrulla Fronteriza gozaban de inmunidad legal y no podían ser demandados por su participación en una redada contra inmigrantes indocumentados en 1997, que llevó a 430 arrestos y generó denuncias de hispanosestadounidenses de que fueron hostigados por su apariencia.
Además, condenó a un "pollero" a 16 años de prisión por provocar la muerte de 14 "sin papeles" en el desierto de Arizona.
Por otra parte, senadores demócratas frenaron una maniobra que buscaba impedir que el Departamento de Justicia avanzara en su demanda contra la SB1070.
La propuesta del congresista republicano Jim DeMint para vetar el recurso fue desestimada tras una votación de 55 a 43.
En tanto, organizaciones proinmigrantes advirtieron que realizarán acciones de desobediencia civil en toda Arizona si la ley entra en vigor.
Según Alfredo Gutiérrez, de la coalición Somos América, las medidas no serán violentas, sino simbólicas.
En las sesiones, se prevé que los abogados de la Gobernadora del estado fronterizo, Jan Brewer, pidan a Bolton que descarte los recursos, mientras que los demandantes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y un grupo de organizaciones civiles, solicitarán una orden que frene la entrada en vigor de la ley.
La juez mantuvo una audiencia similar el 15 de julio, cuando analizó otro recurso, presentado por el policía David Salgado.
Pese a la creciente presión que enfrenta, Bolton no ha indicado si se pronunciará sobre el tema antes del 29 de julio, cuando la SB1070 debe entrar en vigor.
Esta incertidumbre ha llevado a que la Corte Sandra Day O'Connor, en Phoenix, se convierta en el centro del debate en torno a la ley, al tiempo que la Policía se prepara para aplicarla, y sus oponentes, para realizar acciones de desobediencia civil.
La norma requiere que todo oficial, mientras aplica otras leyes, revise el estatus migratorio de una persona si tiene "sospechas razonables" de que ésta se encuentra ilegalmente en el país.
Hasta el momento, la legislación enfrenta siete demandas. La mayoría, incluida la del Departamento de Justicia y la de Salgado, argumenta que ésta es inconstitucional al interferir en el ámbito migratorio, que es competencia exclusiva del Gobierno federal.
Otras, como la interpuesta por las organizaciones civiles, señalan que la SB1070 llevará a la creación de perfiles raciales.
Previo a las audiencias, 76 diputados y 5 senadores republicanos pidieron ayer a Bolton que deseche la demanda del Departamento de Justicia.
En un recurso de "amigos de la corte", empleado para solidarizarse con la parte acusadora, los legisladores afirmaron que Arizona tiene el derecho de defenderse contra la inmigración ilegal.
Sea cual sea la decisión que tome Bolton, se prevé que ésta sea impugnada.
El tema no es nuevo para la juez, quien lleva 10 años lidiando con juicios ligados a la frontera.
En 2002, decidió que integrantes de la Patrulla Fronteriza gozaban de inmunidad legal y no podían ser demandados por su participación en una redada contra inmigrantes indocumentados en 1997, que llevó a 430 arrestos y generó denuncias de hispanosestadounidenses de que fueron hostigados por su apariencia.
Además, condenó a un "pollero" a 16 años de prisión por provocar la muerte de 14 "sin papeles" en el desierto de Arizona.
Por otra parte, senadores demócratas frenaron una maniobra que buscaba impedir que el Departamento de Justicia avanzara en su demanda contra la SB1070.
La propuesta del congresista republicano Jim DeMint para vetar el recurso fue desestimada tras una votación de 55 a 43.
En tanto, organizaciones proinmigrantes advirtieron que realizarán acciones de desobediencia civil en toda Arizona si la ley entra en vigor.
Según Alfredo Gutiérrez, de la coalición Somos América, las medidas no serán violentas, sino simbólicas.
Reforma, 22 de julio.
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