Derogación total, demanda AI

La organización Amnistía Internacional (AI) llamó al Congreso estadunidense a derogar totalmente la ley antimigrante aprobada en abril en el estado de Arizona (SB 1070), la cual en la práctica criminalizará la apariencia racial.

Unas horas antes de que los congresistas de Estados Unidos discutieran ayer la citada enmienda, AI emitió un pronunciamiento en el que señaló que dicha legislación “es una amenaza para los derechos humanos”.

El organismo de protección a las garantías fundamentales manifestó su preocupación porque la ley en mención “no contiene garantías contra la detención basada en la apariencia racial –la práctica de detener a alguien únicamente por su apariencia en cuanto origen o nacionalidad–, lo cual es discriminatorio y una violación a los derechos fundamentales. También aumenta la probabilidad de arrestos y detenciones arbitrarias si la persona no puede presentar inmediatamente los documentos solicitados”.

Agregó que dicha normativa puede provocar violaciones a los derechos humanos, como discriminación racial, arrestos y detenciones arbitrarias.

La ley faculta a los cuerpos policiales de Arizona para que detengan e interroguen a cualquier individuo que se encuentre en el estado sobre el estatus de su ciudadanía y lo entreguen a las autoridades migratorias para un posible procesamiento, prisión o deportación en caso de que no presente de manera inmediata los documentos que hagan constar su estancia legal en Estados Unidos.

“La libertad y el derecho a no ser detenido arbitrariamente son derechos humanos universales que también poseen los migrantes, independientemente de su estatus legal, y está consagrado en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado y ratificado por Estados Unidos –lo que lo obliga a cumplir con ese acuerdo internacional–, así como en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 16 de la Convención de Trabajadores Migrantes.”

AI pidió que la legislación estadunidense sobre migración incluya la protección de los derechos humanos, como garantías de debido proceso para quienes no son ciudadanos de ese país y se encuentren en proceso de deportación, así como el derecho a no ser detenido arbitrariamente.

Emir Olivares Alonso, La Jornada, 29 de julio.