Desarticulación legislativa, brecha de impunidad: CNDH

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, llamó a todos los sectores sociales y a los tres niveles de gobierno a conjuntar esfuerzos para combatir y castigar la trata de personas.

El ombudsman nacional denunció que la falta de armonización legislativa en el sistema jurídico mexicano amplía la brecha de impunidad y dificulta la acción coordinada de las autoridades encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia.

Otro obstáculo para combatir ese flagelo, que alcanza proporciones alarmantes en algunas partes del país, es la carencia de instrumentos y políticas públicas para dar protección y asistencia adecuada a las víctimas.

Ello debido a que la reparación del daño a que tienen derecho las personas afectadas no llega, porque no resulta fácil denunciar al tratante, ni luchar contra las inercias legales, dijo.

De acuerdo con un comunicado del organismo, Plascencia Villanueva destacó, durante la instalación del Comité Regional contra la Trata de Personas Zona Occidente (Colima, Jalisco y Nayarit), que la erradicación de ese delito plantea muchos retos y sólo en un marco de colaboración se podrá avanzar en el tema.

Explicó que el objetivo del comité es prevenir la trata de personas, por lo que coordinará los esfuerzos interinstitucionales entre los niveles de gobierno, la sociedad civil, organismos públicos defensores de derechos humanos y organismos nacionales e internacionales.

También protegerá y dará asistencia a las víctimas de ese acto ilícito, flagelo en el que México es país de origen, tránsito y destino.

Recordó que se trata de un crimen que se ha transformado en un negocio ilegal global, en el que cada año miles de personas son engañadas, vendidas o sometidas a condiciones semejantes a la esclavitud bajo distintas formas y en el que mujeres, niñas y niños son los más vulnerables.

Por último se mencionó que el Acta Constitutiva del Comité Regional fue firmada por la CNDH, el gobierno del estado de Jalisco y las Comisiones de Derechos Humanos de Colima, Jalisco y Nayarit.

También participan gobiernos municipales de las ciudades con origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas de la región.
La Crónica, 15 de julio.

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