La Comisión Permanente del Congreso de la Unión calificó de positiva la decisión de la juez federal Susan Bolton de suspender en forma temporal dos secciones de la ley SB 1070, cuando faltaban unas horas para su entrada en vigor en Arizona. Sin embargo, diputados y senadores consideraron que esa resolución es insuficiente, porque la legislación no pierde su carácter xenófobo.
El coordinador de los senadores del PT, Ricardo Monreal, sostuvo que la entrada en vigor de esa ley “puede ser el día más negro del racismo”. Aseveró que el gobierno federal debió profundizar en los mecanismos de defensa de los mexicanos que serán afectados.
“Día para la infamia”
El senador perredista Silvano Aureoles señaló que este jueves, cuando entra en vigor la ley, “podría ser un día para la infamia” e hizo un llamado a todos los legisladores para no ser “presa de la indiferencia”, ya que si bien el fallo de la juez federal Susan Bolton puede matizar la aplicación de un ordenamiento que criminaliza la inmigración, no debe olvidarse que aun antes de que se cumpliera el término para la entrada en vigor de esa normativa ya se habían dado deportaciones masivas.
Mencionó que los efectos de la ley SB 1070 en México se resumen en “el llamado desesperado del gobierno de Sonora al gobierno de Arizona para que no todos los deportados sean expulsados por la frontera entre ambas entidades, sino que se repartan por otros estados”.
La senadora panista Blanca Judith Díaz convocó al gobierno de Arizona para que recapacite sobre las consecuencias de la entrada en vigor de esa legislación, mientras el senador priísta Rogelio Rueda advirtió que debe prevalecer el sentido de corresponsabilidad entre ambos países en lo que se refiere a los temas de migración, tráfico de armas y estupefacientes.
“A ambos países nos conviene una frontera segura y desarrollada, pero no por la vía de la criminalización y xenofobia; la solución no es deportar, sino asegurar la dignidad de los seres humanos”, afirmó.
En tribuna, manifestó que los connacionales radicados en Estados Unidos “no están solos; si no fuimos capaces de crear las condiciones de un empleo para que permanecieran en México, tengamos la entereza de defenderlos a distancia”.
Los legisladores que integran la Comisión Permanente aprobaron por unanimidad un pronunciamiento sobre al entrada en vigor de la ley SB 1070 en Arizona, en el cual se integraron las propuestas que presentaron legisladores del PAN; los senadores perredistas Rosalinda López Hernández, Jesús Garibay y Silvano Aureoles, así como el diputado Gerardo del Mazo, del Panal.
En el documento se precisa que la Comisión Permanente respeta la soberanía de Estados Unidos, particularmente en lo que toca a su potestad para dictar sus propias normas, pero expresa “su más enérgico rechazo” a la entrada en vigor de la mencionada ley, “que promueve la intolerancia y siembra el rencor entre pueblos y países vecinos, amigos y socios comerciales”.
Asimismo, en el pronunciamiento se hace un reconocimiento a la decisión de la juez federal que suspendió las secciones dos, que obliga a policías locales a determinar el estatus migratorio de una persona si existe “sospecha razonable”, y tres, que crea un sistema paralelo de control migratorio de las autoridades estatales, y señala que se mantendrá atenta al desarrollo de las acciones legales que conduzcan a la suspensión definitiva de esta norma.
El pronunciamiento aprobado ayer señala la coincidencia del Congreso mexicano con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien se ha manifestado contra esa ley y ha promovido que sea declarada inconstitucional.
La Permanente hizo un exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que dé puntual seguimiento a cualquier incidente derivado de la eventual entrada en vigor de la ley, y a los legisladores para que se incluya de manera prioritaria en cada periodo de sesiones la presentación, discusión y aprobación de una ley específica en materia de migración.
Por separado, diputados de PT, PRD y Nueva Alianza coincidieron en que la migración dejó de ser, años atrás, un tema que ataña a países específicos y pasó a ser eje de la agenda multilateral, por lo que las naciones latinoamericanas deben conformar un bloque poderoso con capacidad de demandar reciprocidad al gobierno estadunidense en la búsqueda de la urgente reforma migratoria.
Muñoz Ledo exige ir al fondo: la inconstitucionalidad de la ley
Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en San Lázaro, se refirió a la determinación de bloquear en forma parcial la ley SB 1070: “Es necesario ir al fondo del problema planteado por la ley Arizona, que es la inconstitucionalidad de esa pretendida legislación estatal, toda vez que Estados Unidos ha firmado pactos internacionales que no pueden ser violados por ninguno de los 50 estados de la unión americana”. Indicó que la migración es un asunto que debe abordarse de manera multilateral.
El grupo parlamentario del PRD señaló que se congratula de la determinación de la juez Bolton, pero demanda al gobierno de Felipe Calderón que coopere con todos aquellos que mantienen demandas y acciones legales en contra de esta ley.
“Es prioridad y obligación de los cuerpos diplomáticos del país y del gobierno federal explorar todos los caminos posibles para aprovechar la coyuntura y alcanzar una gran reforma migratoria que salvaguarde los derechos de millones de paisanos que están indefensos ante la posibilidad de que una ley retrógrada, xenofóbica, racista y violatoria de derechos humanos entre en vigor.”
Gerardo del Mazo, del Panal, conminó al gobierno de Felipe Calderón a impulsar, en el terreno diplomático, cambios en las relaciones migratorias con Estados Unidos.
El coordinador de los senadores del PT, Ricardo Monreal, sostuvo que la entrada en vigor de esa ley “puede ser el día más negro del racismo”. Aseveró que el gobierno federal debió profundizar en los mecanismos de defensa de los mexicanos que serán afectados.
“Día para la infamia”
El senador perredista Silvano Aureoles señaló que este jueves, cuando entra en vigor la ley, “podría ser un día para la infamia” e hizo un llamado a todos los legisladores para no ser “presa de la indiferencia”, ya que si bien el fallo de la juez federal Susan Bolton puede matizar la aplicación de un ordenamiento que criminaliza la inmigración, no debe olvidarse que aun antes de que se cumpliera el término para la entrada en vigor de esa normativa ya se habían dado deportaciones masivas.
Mencionó que los efectos de la ley SB 1070 en México se resumen en “el llamado desesperado del gobierno de Sonora al gobierno de Arizona para que no todos los deportados sean expulsados por la frontera entre ambas entidades, sino que se repartan por otros estados”.
La senadora panista Blanca Judith Díaz convocó al gobierno de Arizona para que recapacite sobre las consecuencias de la entrada en vigor de esa legislación, mientras el senador priísta Rogelio Rueda advirtió que debe prevalecer el sentido de corresponsabilidad entre ambos países en lo que se refiere a los temas de migración, tráfico de armas y estupefacientes.
“A ambos países nos conviene una frontera segura y desarrollada, pero no por la vía de la criminalización y xenofobia; la solución no es deportar, sino asegurar la dignidad de los seres humanos”, afirmó.
En tribuna, manifestó que los connacionales radicados en Estados Unidos “no están solos; si no fuimos capaces de crear las condiciones de un empleo para que permanecieran en México, tengamos la entereza de defenderlos a distancia”.
Los legisladores que integran la Comisión Permanente aprobaron por unanimidad un pronunciamiento sobre al entrada en vigor de la ley SB 1070 en Arizona, en el cual se integraron las propuestas que presentaron legisladores del PAN; los senadores perredistas Rosalinda López Hernández, Jesús Garibay y Silvano Aureoles, así como el diputado Gerardo del Mazo, del Panal.
En el documento se precisa que la Comisión Permanente respeta la soberanía de Estados Unidos, particularmente en lo que toca a su potestad para dictar sus propias normas, pero expresa “su más enérgico rechazo” a la entrada en vigor de la mencionada ley, “que promueve la intolerancia y siembra el rencor entre pueblos y países vecinos, amigos y socios comerciales”.
Asimismo, en el pronunciamiento se hace un reconocimiento a la decisión de la juez federal que suspendió las secciones dos, que obliga a policías locales a determinar el estatus migratorio de una persona si existe “sospecha razonable”, y tres, que crea un sistema paralelo de control migratorio de las autoridades estatales, y señala que se mantendrá atenta al desarrollo de las acciones legales que conduzcan a la suspensión definitiva de esta norma.
El pronunciamiento aprobado ayer señala la coincidencia del Congreso mexicano con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien se ha manifestado contra esa ley y ha promovido que sea declarada inconstitucional.
La Permanente hizo un exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que dé puntual seguimiento a cualquier incidente derivado de la eventual entrada en vigor de la ley, y a los legisladores para que se incluya de manera prioritaria en cada periodo de sesiones la presentación, discusión y aprobación de una ley específica en materia de migración.
Por separado, diputados de PT, PRD y Nueva Alianza coincidieron en que la migración dejó de ser, años atrás, un tema que ataña a países específicos y pasó a ser eje de la agenda multilateral, por lo que las naciones latinoamericanas deben conformar un bloque poderoso con capacidad de demandar reciprocidad al gobierno estadunidense en la búsqueda de la urgente reforma migratoria.
Muñoz Ledo exige ir al fondo: la inconstitucionalidad de la ley
Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en San Lázaro, se refirió a la determinación de bloquear en forma parcial la ley SB 1070: “Es necesario ir al fondo del problema planteado por la ley Arizona, que es la inconstitucionalidad de esa pretendida legislación estatal, toda vez que Estados Unidos ha firmado pactos internacionales que no pueden ser violados por ninguno de los 50 estados de la unión americana”. Indicó que la migración es un asunto que debe abordarse de manera multilateral.
El grupo parlamentario del PRD señaló que se congratula de la determinación de la juez Bolton, pero demanda al gobierno de Felipe Calderón que coopere con todos aquellos que mantienen demandas y acciones legales en contra de esta ley.
“Es prioridad y obligación de los cuerpos diplomáticos del país y del gobierno federal explorar todos los caminos posibles para aprovechar la coyuntura y alcanzar una gran reforma migratoria que salvaguarde los derechos de millones de paisanos que están indefensos ante la posibilidad de que una ley retrógrada, xenofóbica, racista y violatoria de derechos humanos entre en vigor.”
Gerardo del Mazo, del Panal, conminó al gobierno de Felipe Calderón a impulsar, en el terreno diplomático, cambios en las relaciones migratorias con Estados Unidos.
Ciro Pérez, Víctor Ballinas y Roberto Garduño, La Jornad, 29 de julio.
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