Washington, 8 de julio. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó hoy su “profunda preocupación” por el nuevo asesinato de un periodista en México.
Exigió al gobierno mexicano realizar una “investigación pronta y diligente que permita identificar y sancionar a los responsables” del homicidio de Hugo Olivera, periodista de La Voz de Michoacán, hallado el martes con heridas de bala cerca de la ciudad de Apatzingán.
Con este nuevo crimen “llega a siete el número de periodistas asesinados en México en 2010”, recordó la relatoría en un comunicado emitido desde su sede en Washington.
Por ello, agregó, “hace un llamado urgente a las autoridades mexicanas para impedir la impunidad de los crímenes contra periodistas”, algo que consideró “un paso fundamental para prevenir nuevos asesinatos orientados a acallar a los comunicadores”.
“Resulta indispensable la adopción inmediata de medidas tendientes a proteger el ejercicio libre y seguro del periodismo”, insistió la relatoría que, como en casos anteriores, reclamó “el fortalecimiento de la fiscalía especial, la atención por parte de la justicia federal de los atentados contra comunicadores y la implementación de medidas efectivas y prontas de seguridad para garantizar la vida e integridad de periodistas amenazados”.
Exigió al gobierno mexicano realizar una “investigación pronta y diligente que permita identificar y sancionar a los responsables” del homicidio de Hugo Olivera, periodista de La Voz de Michoacán, hallado el martes con heridas de bala cerca de la ciudad de Apatzingán.
Con este nuevo crimen “llega a siete el número de periodistas asesinados en México en 2010”, recordó la relatoría en un comunicado emitido desde su sede en Washington.
Por ello, agregó, “hace un llamado urgente a las autoridades mexicanas para impedir la impunidad de los crímenes contra periodistas”, algo que consideró “un paso fundamental para prevenir nuevos asesinatos orientados a acallar a los comunicadores”.
“Resulta indispensable la adopción inmediata de medidas tendientes a proteger el ejercicio libre y seguro del periodismo”, insistió la relatoría que, como en casos anteriores, reclamó “el fortalecimiento de la fiscalía especial, la atención por parte de la justicia federal de los atentados contra comunicadores y la implementación de medidas efectivas y prontas de seguridad para garantizar la vida e integridad de periodistas amenazados”.
La Jornada, 9 de julio.
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