Seis días después de que el gobierno del estado de Utah anunciara que fueron dos funcionarios de la administración local los que revelaron una lista e información de mil 300 inmigrantes que podrían ser deportables, ayer el Departamento de Servicios Laborales de la entidad informó que despidió a uno de sus empleados por este motivo, mientras que otro está en proceso de ser cesado también. Asimismo, las autoridades reportan que otros ocho empleados son investigados.
Según Kristen Cox, directora de esta oficina gubernamental, la persona despedida era un empleado temporal que estaba a cargo del mantenimiento de la base de datos de la agencia estatal.
La dependencia precisó que la información recabada durante la investigación de una semana se entregó ayer al procurador general de Utah, para que determine una posible acción legal contra los responsables de recabar la lista.
“Nosotros protegemos cuidadosamente la información personal que recabamos y tomamos muy seriamente las violaciones a la confianza pública”, dijo Cox, al agregar que otro empleado del mismo departamento “será despedido pronto”, posiblemente en las próximas horas.
ANTECEDENTE. Los nombres, edades, domicilios, números de seguro social y otros datos de los mil 300 presuntos ilegales fueron sacados de la base de datos que maneja los programas de beneficio público para los residentes de Utah.
La lista, contenida en 29 páginas, fue enviada la semana pasada por correo en sobres sin remitente a funcionarios públicos, jefes de policía y medios de comunicación en Salt Lake City, y otras ciudades de Utah.
Los sobres fueron enviados por un grupo que se autodenomina Ciudadanos Preocupados por Estados Unidos, una organización desconocida que demandó la deportación inmediata de las personas señaladas en la lista.
INFORMACIÓN. Tras la distribución de la lista, el gobernador de Utah, Gary Herbert, ordenó investigar en todas las dependencias estatales para determinar si la información había salido del gobierno local.
La investigación se centró pronto en el Departamento de Servicios a la Fuerza de Trabajo, que mantiene bases de datos con información contenida en la lista.
La recopilación de la lista y su distribución con el intento de hacerla pública provocó que organizaciones hispanas calificaran el hecho como “un peligroso giro” en las tácticas utilizadas hasta ahora por grupos antiinmigrantes.
Según Kristen Cox, directora de esta oficina gubernamental, la persona despedida era un empleado temporal que estaba a cargo del mantenimiento de la base de datos de la agencia estatal.
La dependencia precisó que la información recabada durante la investigación de una semana se entregó ayer al procurador general de Utah, para que determine una posible acción legal contra los responsables de recabar la lista.
“Nosotros protegemos cuidadosamente la información personal que recabamos y tomamos muy seriamente las violaciones a la confianza pública”, dijo Cox, al agregar que otro empleado del mismo departamento “será despedido pronto”, posiblemente en las próximas horas.
ANTECEDENTE. Los nombres, edades, domicilios, números de seguro social y otros datos de los mil 300 presuntos ilegales fueron sacados de la base de datos que maneja los programas de beneficio público para los residentes de Utah.
La lista, contenida en 29 páginas, fue enviada la semana pasada por correo en sobres sin remitente a funcionarios públicos, jefes de policía y medios de comunicación en Salt Lake City, y otras ciudades de Utah.
Los sobres fueron enviados por un grupo que se autodenomina Ciudadanos Preocupados por Estados Unidos, una organización desconocida que demandó la deportación inmediata de las personas señaladas en la lista.
INFORMACIÓN. Tras la distribución de la lista, el gobernador de Utah, Gary Herbert, ordenó investigar en todas las dependencias estatales para determinar si la información había salido del gobierno local.
La investigación se centró pronto en el Departamento de Servicios a la Fuerza de Trabajo, que mantiene bases de datos con información contenida en la lista.
La recopilación de la lista y su distribución con el intento de hacerla pública provocó que organizaciones hispanas calificaran el hecho como “un peligroso giro” en las tácticas utilizadas hasta ahora por grupos antiinmigrantes.
La Crónica, 22 de julio.
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