Los gobiernos estatales, así como la Iglesia católica prevén instalar albergues e implementar programas de empleo para apoyar a los connacionales que sean expulsados de Estados Unidos.
Guanajuato y Chihuahua anunciaron el diseño de programas productivos de empleo para atender a miles de paisanos que podrían volver a su tierra deportados o por temor a la Ley SB1070.
El gobernador guanajuatense Juan Manuel Oliva Ramírez informó que se aplicarán 100 millones de pesos en proyectos productivos que se han generado en acuerdo con la federación.
Además, en su página de internet, el gobierno del estado difunde una serie de “tips” de orientación a los migrantes sobre cómo responder en los casos de sean detenidos. “Si te arrestan, si la migra te agarra, si la migra te maltrata”.
El secretario general de Gobierno de Chihuahua, Sergio Granados Pineda, anunció que tienen planes de empleo para determinada cantidad de personas, así como coordinación con las autoridades federales para que se logre atender las necesidades de los afectados.
Inyectarán recursos a proyectos
En Michoacán, Zayra Mandujano, secretaria estatal de Atención al Migrante, dijo que se planea operar un programa de entrega de recursos para proyectos productivos, con montos de hasta 15 mil pesos, a fin de crear microempresas bajo capacitación gubernamental.
Informó que los recursos saldrán del fondo de apoyo que entrega la federación a los gobiernos con mayor población migrante. La bolsa para Michoacán es de 16 millones, por lo cual se planea atender mil proyectos repartidos entre los 113 municipios.
“Habrá algunas deportaciones, y los migrantes necesitarán apoyo. Contemplamos proyectos productivos. Tenemos una variedad de 19 tipos de planes, los cuales consistirán en dotar de equipo y capacitación a migrantes que retornen y así puedan iniciar su negocio”.
En Sonora, la Arquidiócesis de Hermosillo rechazó la Ley Arizona y dijo que abrirán las puertas de las iglesias ubicadas en la franja fronteriza a todos aquellos que sean deportados.
El arzobispo José Ulises Macías Salcedo indicó que mientras se decide en Estados Unidos que pasará con la aplicación de la Ley SB 1070, en Sonora, todas las parroquias de la región estarán listas para recibir a los migrantes que lleguen a solicitar apoyo.
En las iglesias se ofrecerá comida, hospedaje y orientación para regresarse a sus lugares de origen o en su caso, una forma digna de emplearse.
En Nogales tienen siete recintos religioso, en Naco uno, en Agua Prieta son cinco las capillas y una más en Altar, además de la Casa del Migrante que dirige el párroco de la región.
En Zacatecas, a pesar de que son pocos los migrantes que residen en Arizona, el gobierno estatal aseguró que estará en permanente comunicación con los consulados para atender los casos de las posibles deportaciones que pudieran presentarse con la Ley Arizona.
Retorno masivo
El temor a ser deportado o ser víctimas de redadas en Arizona ocasionó que en los últimos meses algunos migrantes hayan retornado a sus lugares de origen y otros más hayan emigrado hacia otras ciudades de Estados Unidos.
En Hidalgo, uno de los 10 estados con mayor expulsión de mano de obra a Estados Unidos, Fernando Salvador, líder del Consejo Supremo Ñhañhú dijo que empezaron a retornar migrantes al Valle del Mezquital. Se tiene documentada la llegada de 73 migrantes de esa zona.
Héctor Escobar González, alto comisionado para la Atención del Migrante Poblano, informó que en los últimos dos meses, cinco mil personas huyeron de Arizona por temor a ser agredidas.
Señaló que en Arizona radicaban entre siete y 10 mil poblanos, de los cuales 50% —estimado entre tres mil 500 y cinco mil connacionales— emigró hacia otras demarcaciones. (Xóchitl Álvarez, Dinorath Mota, Julieta Martínez, Xóchitl Rangel, Elly Castillo e Irma Mejía)
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