PHOENIX.- Una corte federal de Phoenix sirvió ayer de escenario para el primer "round" legal entre los defensores y detractores de la ley SB1070 de Arizona, que criminaliza la inmigración indocumentada.
Durante la primera audiencia de impugnación de esta legislación, que enfrenta siete demandas, la jueza de distrito Susan Bolton escuchó los argumentos en torno al recurso interpuesto por un policía de Phoenix que asegura que podría ser despedido si la normativa entra en vigor el 29 de julio y él decide no aplicarla.
Los abogados de la Gobernadora de Arizona, Jan Brewer, pidieron a la jueza que desestime la demanda, promovida por el oficial David Salgado y la ONG Chicanos por La Causa, al sostener que éstos no tienen facultad para actuar y que no es válida la tesis de que la ley provocaría un daño inmediato.
Sin embargo, uno de los defensores de Salgado, Stephen Montoya, dijo que esto era falso.
"Sí enfrenta (el oficial) una amenaza real", aseguró. "Pueden correrlo, eso es suficiente".
La normativa exigiría a los policías que interroguen sobre su estatus migratorio a toda persona a las que hayan detenido por cometer algún otro delito y tengan dudas razonables de que se encuentra ilegalmente en el país.
Los abogados de Salgado también argumentaron que la demanda interpuesta por el Gobierno federal -y que será analizada en la misma corte el jueves 22- refuerza el argumento de su cliente de que la ley SB1070 es inconstitucional.
Ambos recursos sostienen que la normativa interfiere en el ámbito migratorio, que, según la Carta Magna, es competencia exclusiva del Gobierno federal.
"Esa es sólo una opinión más", respondió John Bouman, un jurista que representa a Brewer. "El hecho de que usen el mismo argumento no significa que éste sea correcto".
Bolton ha dicho que tomará todo el tiempo necesario para analizar el caso, por lo que no está claro si emitirá algún fallo antes de que la ley de inmigración entre en vigor.
La sala de la corte de Phoenix estuvo abarrotada durante las dos horas que duró la sesión, con más de 100 espectadores.
Una docena de abogados de las partes enfrentadas se sentaron en dos mesas con forma de "L", divididos equitativamente en cada lado, mientras que la banca del jurado fue ocupada por secretarios de magistrados que trabajan en el edificio y que acudieron a observar la diligencia.
Afuera del inmueble, se dieron cita simpatizantes y detractores de la normativa. La Policía implementó un operativo para mantener a los dos grupos separados.
Unos 25 adeptos a la ley, muchos vestidos de rojo, blanco y azul, se manifestaron con carteles en los que aplaudían la labor del sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, cuyas acciones antiinmigrantes le han dado notoriedad en todo Estados Unidos.
"Dicen que (la ley SB1070) es racista. No es racista, está dirigida a los criminales", afirmó Larry Templeton, de 66 años.
A unos tres metros de distancia, unas 30 personas mostraban carteles en las que manifestaban su oposición a la normativa.
"Exigimos un mandato judicial. Demandamos la intervención gubernamental", exclamó Sandra Castro, de 22 años.
Durante la primera audiencia de impugnación de esta legislación, que enfrenta siete demandas, la jueza de distrito Susan Bolton escuchó los argumentos en torno al recurso interpuesto por un policía de Phoenix que asegura que podría ser despedido si la normativa entra en vigor el 29 de julio y él decide no aplicarla.
Los abogados de la Gobernadora de Arizona, Jan Brewer, pidieron a la jueza que desestime la demanda, promovida por el oficial David Salgado y la ONG Chicanos por La Causa, al sostener que éstos no tienen facultad para actuar y que no es válida la tesis de que la ley provocaría un daño inmediato.
Sin embargo, uno de los defensores de Salgado, Stephen Montoya, dijo que esto era falso.
"Sí enfrenta (el oficial) una amenaza real", aseguró. "Pueden correrlo, eso es suficiente".
La normativa exigiría a los policías que interroguen sobre su estatus migratorio a toda persona a las que hayan detenido por cometer algún otro delito y tengan dudas razonables de que se encuentra ilegalmente en el país.
Los abogados de Salgado también argumentaron que la demanda interpuesta por el Gobierno federal -y que será analizada en la misma corte el jueves 22- refuerza el argumento de su cliente de que la ley SB1070 es inconstitucional.
Ambos recursos sostienen que la normativa interfiere en el ámbito migratorio, que, según la Carta Magna, es competencia exclusiva del Gobierno federal.
"Esa es sólo una opinión más", respondió John Bouman, un jurista que representa a Brewer. "El hecho de que usen el mismo argumento no significa que éste sea correcto".
Bolton ha dicho que tomará todo el tiempo necesario para analizar el caso, por lo que no está claro si emitirá algún fallo antes de que la ley de inmigración entre en vigor.
La sala de la corte de Phoenix estuvo abarrotada durante las dos horas que duró la sesión, con más de 100 espectadores.
Una docena de abogados de las partes enfrentadas se sentaron en dos mesas con forma de "L", divididos equitativamente en cada lado, mientras que la banca del jurado fue ocupada por secretarios de magistrados que trabajan en el edificio y que acudieron a observar la diligencia.
Afuera del inmueble, se dieron cita simpatizantes y detractores de la normativa. La Policía implementó un operativo para mantener a los dos grupos separados.
Unos 25 adeptos a la ley, muchos vestidos de rojo, blanco y azul, se manifestaron con carteles en los que aplaudían la labor del sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, cuyas acciones antiinmigrantes le han dado notoriedad en todo Estados Unidos.
"Dicen que (la ley SB1070) es racista. No es racista, está dirigida a los criminales", afirmó Larry Templeton, de 66 años.
A unos tres metros de distancia, unas 30 personas mostraban carteles en las que manifestaban su oposición a la normativa.
"Exigimos un mandato judicial. Demandamos la intervención gubernamental", exclamó Sandra Castro, de 22 años.
Reforma, 16 de julio.
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