WASHINGTON.— Tras escuchar los primeros alegatos a favor y en contra de la legislación antiimmigrante de Arizona SB1070, la juez federal, Susan Ritchie Bolton, decidió ayer postergar su decisión para autorizar o suspender la entrada en vigor de la polémica ley prevista para el próximo día 29.
Durante una audiencia abarrotada por varios abogados y que fue seguida por cientos de personas que se manifestaban afuera de la corte de Phoenix a favor y en contra de la SB1070, el abogado del Estado de Arizona, John Bouma, pidió a la juez Bolton desestimar la demanda interpuesta por el oficial de la policía, David Salgado —y la organización Chicanos por la Causa—, por considerar que la misma carecía de sustento.
“La demanda no tiene un reclamo válido de daño inmediato”, consideró Bouma. El alegato del abogado del estado fue rechazado por Stephen Montoya, el representante legal de Salgado, quien aseguró que la juez no podía desestimar la demanda, ya que su cliente sí se encuentra bajo una amenaza: la de ser despedido de su trabajo. “Lo pueden despedir, y eso es suficiente”, argumentó.
Salgado, un policía de origen latino, busca que la justicia suspenda la ley, argumenta que sus derechos son violados por la provisión que incluye la ley según la cual los agentes deben comprobar el estatus migratorio de cualquier ciudadano, haya cometido un delito o no, si consideran que hay una “sospecha razonable” de que se encuentran en el país de forma irregular. Pero, si no lo hace, agrega el agente, él mismo podría ser demandado por incumplimiento de su deber.
La normativa “no es una herramienta para nosotros, es un desastre”, aseguró Salgado en entrevista con la cadena CNN.
Los escarceos legales, en torno a la constitucionalidad y la legalidad de la polémica SB070 proseguiránel próximo día 22, cuando serán ventiladas las otras seis demandas contra esta legislación, incluida la que ha entablado el Departamento de Justicia contra la inconstitucionalidad de la norma que ha conseguido dividir al Estado de Arizona y a una buena parte de la nación.
Denuncian maltratos
Mientras la juez Bolton presidía la primera de dos audiencias para decidir la suerte de la SB1070, una delegación de mujeres y niños de Arizona acudieron ayer al Capitolio en Washington para denunciar el ambiente de persecución que se ha ensañado contra la comunidad inmigrante en ese estado y urgían a congresistas demócratas y republicanos a sacar adelante una reforma migratoria justa y comprensiva.
En encuentros con los medios y en audiencias con congresistas demócratas y republicanos, la delegación ofreció testimonio del ambiente de terror y zozobra que vive la comunidad inmigrante en Arizona, particularmente en el condado de Maricopa, donde muchos de ellos han experimentado los malos tratos y las vejaciones sufridas durante redadas y arrestos realizados por oficiales del alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio. “Desde que me arrestaron durante una redada realizada en mi centro de trabajo, no pararon de maltratarme e insultarme”, denunció Alejandra Álvarez, originaria de Guanajuato, México.
“Con los golpes que me dieron me descolocaron la quijada. Me gritaban perra, puta, espalda mojada. Fui degradada de muchas maneras y fui separada de mis cuatro hijos”, añadió Álvarez, cuyo caso es motivo de un agrio contencioso legal con las autoridades policiales en Maricopa.
Presentarán queja ante la ONU
Los testimonios de víctimas como Alejandra Álvarez serán presentados, además, ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra para documentar así la sistemática violación a los derechos de la comunidad inmigrante en Estados Unidos, particularmente en el estado de Arizona.
“Estados Unidos se presenta a sí mismo como un país que es un modelo de libertades y de democracia. Vamos a presentar estos casos porque, desde nuestro punto de vista, esto pone en tela de juicio los valores y principios que fundaron a éste país”, dijo Sylvia Herrera, de la organización Puente Movement de Arizona, que se ha dado a la tarea de denunciar el creciente clima de odio y violencia que hoy se ensaña contra la comunidad inmigrante. (Con información de agencias)
Durante una audiencia abarrotada por varios abogados y que fue seguida por cientos de personas que se manifestaban afuera de la corte de Phoenix a favor y en contra de la SB1070, el abogado del Estado de Arizona, John Bouma, pidió a la juez Bolton desestimar la demanda interpuesta por el oficial de la policía, David Salgado —y la organización Chicanos por la Causa—, por considerar que la misma carecía de sustento.
“La demanda no tiene un reclamo válido de daño inmediato”, consideró Bouma. El alegato del abogado del estado fue rechazado por Stephen Montoya, el representante legal de Salgado, quien aseguró que la juez no podía desestimar la demanda, ya que su cliente sí se encuentra bajo una amenaza: la de ser despedido de su trabajo. “Lo pueden despedir, y eso es suficiente”, argumentó.
Salgado, un policía de origen latino, busca que la justicia suspenda la ley, argumenta que sus derechos son violados por la provisión que incluye la ley según la cual los agentes deben comprobar el estatus migratorio de cualquier ciudadano, haya cometido un delito o no, si consideran que hay una “sospecha razonable” de que se encuentran en el país de forma irregular. Pero, si no lo hace, agrega el agente, él mismo podría ser demandado por incumplimiento de su deber.
La normativa “no es una herramienta para nosotros, es un desastre”, aseguró Salgado en entrevista con la cadena CNN.
Los escarceos legales, en torno a la constitucionalidad y la legalidad de la polémica SB070 proseguiránel próximo día 22, cuando serán ventiladas las otras seis demandas contra esta legislación, incluida la que ha entablado el Departamento de Justicia contra la inconstitucionalidad de la norma que ha conseguido dividir al Estado de Arizona y a una buena parte de la nación.
Denuncian maltratos
Mientras la juez Bolton presidía la primera de dos audiencias para decidir la suerte de la SB1070, una delegación de mujeres y niños de Arizona acudieron ayer al Capitolio en Washington para denunciar el ambiente de persecución que se ha ensañado contra la comunidad inmigrante en ese estado y urgían a congresistas demócratas y republicanos a sacar adelante una reforma migratoria justa y comprensiva.
En encuentros con los medios y en audiencias con congresistas demócratas y republicanos, la delegación ofreció testimonio del ambiente de terror y zozobra que vive la comunidad inmigrante en Arizona, particularmente en el condado de Maricopa, donde muchos de ellos han experimentado los malos tratos y las vejaciones sufridas durante redadas y arrestos realizados por oficiales del alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio. “Desde que me arrestaron durante una redada realizada en mi centro de trabajo, no pararon de maltratarme e insultarme”, denunció Alejandra Álvarez, originaria de Guanajuato, México.
“Con los golpes que me dieron me descolocaron la quijada. Me gritaban perra, puta, espalda mojada. Fui degradada de muchas maneras y fui separada de mis cuatro hijos”, añadió Álvarez, cuyo caso es motivo de un agrio contencioso legal con las autoridades policiales en Maricopa.
Presentarán queja ante la ONU
Los testimonios de víctimas como Alejandra Álvarez serán presentados, además, ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra para documentar así la sistemática violación a los derechos de la comunidad inmigrante en Estados Unidos, particularmente en el estado de Arizona.
“Estados Unidos se presenta a sí mismo como un país que es un modelo de libertades y de democracia. Vamos a presentar estos casos porque, desde nuestro punto de vista, esto pone en tela de juicio los valores y principios que fundaron a éste país”, dijo Sylvia Herrera, de la organización Puente Movement de Arizona, que se ha dado a la tarea de denunciar el creciente clima de odio y violencia que hoy se ensaña contra la comunidad inmigrante. (Con información de agencias)
Jaime Hernández corresponsal, EL Universal, 16 de julio.
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