La Permanente reconoce fallo de la jueza y expresa enérgico rechazo a la SB-1070

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se congratuló por la determinación de la jueza Susan Bolton, de Phoenix, Arizona, de suspender temporalmente la puesta en marcha de las secciones más polémicas de la Ley SB-1070 de Arizona, que criminaliza la migración ilegal.

A través de un punto de acuerdo, la Permanente expresó además su más enérgico rechazo a la entrada en vigor de la ley, ya que, menciona, promueve la intolerancia y siembra el rencor entre pueblos y países amigos y socios comerciales.

“La Comisión Permanente reconoce la decisión de la jueza que acertó la suspensión de la entrada en vigor de las secciones 2, 3 y 6, así como parte de la 5 de la Ley SB-1070, y señala que se mantendrá atenta al desarrollo de las acciones legales que conduzcan a la suspensión definitiva de esta legislación”, señala el punto de acuerdo.

Asimismo, exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, en el ámbito de sus atribuciones, dé puntual seguimiento a cualquier incidente derivado de la eventual entrada en vigor de la Ley SB-1070 en Arizona.

También exhorta a las cámaras de Diputados y de Senadores para que, de conformidad con sus procedimientos para la elaboración de la agenda legislativa de cada periodo de sesiones, y procurando los consensos necesarios, se incluya como asunto prioritario de trabajo la presentación, discusión y aprobación de una ley específica en materia migratoria, dada la necesidad de contar con un marco jurídico moderno y eficaz que responda a la realidad regional actual.

Durante la aprobación del punto, cada fracción parlamentaria representada en la Permanente hizo un pronunciamiento.

En su momento, el senador priista Rogelio Rueda expresó que es necesario establecer una mejor comunicación para construir una vecindad de compromisos claros, de responsabilidades compartidas y acuerdos mutuos en la lucha contra los flagelos que amenazan y afectan en ambos lados de la frontera; la inseguridad, el crimen organizado, el tráfico de armas, la trata de personas.

“A ambos países nos conviene, los mexicanos queremos una frontera segura y desarrollada en ambos lados de la línea fronteriza, pero no será por la vía de la criminalización y la xenofobia por la que habremos de alcanzar estos objetivos, la solución no es deportar, sino asegurar la dignidad de lo seres humanos.

“Es muy importante que también se escuche esta voz del Congreso de México por parte de los migrantes mexicanos, que sepan que no están solos; que si no fuimos capaces de crear las condiciones para que tuvieran aquí un empleo digno y bien remunerado, tengamos ahora la entereza para defenderlos a la distancia”, dijo.

Añadió que México defenderá sus derechos en el marco de los instrumentos diplomáticos bilaterales y en el marco del derecho internacional “para que se respete su dignidad, para que no se atropellen sus derechos y para que el esfuerzo que realizan todos los días trabajando honestamente no se vea truncado por afanes electorales de corto plazo”.

A nombre del PAN, la senadora Judith Díaz hizo un llamado al gobierno de los Estados Unidos, encabezado por el presidente Barack Obama, y a los legisladores federales de ese país a impulsar un acuerdo migratorio que establezca las bases de los flujos migratorios legales, seguros y ordenados, “porque ésta es la única forma de regular el fenómeno migratorio con beneficios a ambos países”.

El senador perredista Silvano Aureoles expresó que “el PRD impulsará desde el Congreso y desde la sociedad el tema central que permanentemente hemos puesto en esta tribuna, el acuerdo migratorio integral digno que necesita México, pero que también necesita Estados Unidos”.

Añadió que es necesario que junto con los estados fronterizos se tomen las medidas necesarias para enfrentar la deportación masiva.
Blanca Estela Botello, La Crónica, 29 de julio.

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