La primera sala de la Corte amparó, por cuatro votos contra uno, a Ignacio del Valle Medina, Héctor Galindo Gochicoa y Felipe Álvarez, líderes del FPDT recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
La sentencia fue unánime en el caso de Óscar Hernández, Inés Rodolfo Cuéllar, Julio César Espinoza, Juan Carlos Estrada, Édgar Morales, Jorge Ordóñez, Narciso Arellano, Alejandro Pilón y Román Ordóñez, presos en el penal de Molino de las Flores, así como en el de Del Valle en lo relativo al plagio de policías durante los disturbios del 3 y 4 de mayo de 2006.
El ministro Juan Silva Meza calificó las condenas anuladas como "una forma maquilladamente institucional de criminalizar la protesta social", y describió al FPDT como "fuerte opositor al gobierno del Estado de México"que además "representa un valor emblemático para su comunidad".
Del Valle enfrentaba dos sentencias, que sumaban 112 años de cárcel, impuestas por jueces locales y confirmadas por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM). Además de secuestro, incluían el delito de ataques a las vías de comunicación.
Álvarez y Galindo, en tanto, habían sido condenados a 67 años, cada uno y los demás a penas superiores a 30 años.
El amparo otorgado por la Corte no protege a los beneficiados contra acusaciones que pudieran ser fincadas por otras conductas o episodios.
Diferencias
En cuanto a las retenciones de funcionarios registradas el 8 de febrero y el 6 de abril de 2006, el ministro José Ramón Cossío estuvo con la mayoría pero afirmó que no se debía absolver a los líderes del FPDT, sino reclasificar el delito que se les imputó -que sí está acreditado- y otorgar un amparo para reducir la pena a solo 3 años y 10 meses, que ya estaría compurgada.
José de Jesús Gudiño fue el único que votó por negar el amparo y describió la forma en que atenquenses encabezados por Del Valle amenazaron con "partirle su madre" a Rosendo Rebolledo, funcionario retenido el 8 de febrero bajo amenaza de machetes.
Sin embargo, los otros tres ministros otorgaron el amparo liso y llano, es decir, absolvieron a Del Valle, Galindo y Álvarez, porque sus conductas no se ajustaron a lo que prevé el Código Penal mexiquense.
En el caso de los disturbios de mayo de 2006, la sala consideró por unanimidad que si bien está acreditado el plagio de policías y las amenazas de muerte si no se cumplían las exigencias del FPDT, no se probó la intervención de los acusados.
Como sucedió en el caso de la matanza de Acteal, la Corte rechazó el uso de un álbum de fotos de las personas detenidas durante los enfrentamientos para identificarlas en la averiguación previa.
Silva Meza deploró el argumento del TSJEM en el sentido de que los acusados´"no tenían nada qué hacer" en el lugar de los disturbios, y calificó de "totalitaria" la ideología que parecer ver delito y peligro donde se ejercen los derechos de libre expresión y reunión.
El ministro admitió que la práctica de retener funcionarios ha generado dudas por ser un acto de desafío y desconocimiento de la autoridad del Estado, pero indicó que también hay dudas sobre la respuesta desmesurada frente a esa forma de protesta.
Un largo conflicto
2001
Octubre 22. El gobierno de Vicente Fox expropia 5 mil 391 hectáreas de terrenos ejidales en la zona de Texcoco para la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.
2001-2002
Ejidatarios de San Salvador Atenco, agrupados en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), protestan con bloqueos carreteros y marchas a la Ciudad de México contra el proyecto aeroportuario.
2002
Agosto 1. Las autoridades federales anuncian la cancelación del proyecto.
2006
Mayo 3-5. Un desalojo de agricultores de Atenco del mercado de Texcoco deriva en enfrentamientos con las policías municipal y estatal y el bloqueo de la carretera Lechería-Texcoco. Luego de la muerte de un adolescente, policías y funcionarios mexiquenses son retenidos por miembros del FPDT. Policías federales y estatales toman Atenco y detienen a más de 200 personas.
2007
Mayo 5. Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicua, dirigentes del FPDT, son sentenciados a 67 años y 6 meses de prisión cada uno por secuestro equiparado.
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