TOLUCA.- El Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, aseguró ayer que el proceso penal en contra de integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), de San Salvador Atenco, estuvo apegado a Derecho.
Indicó que las autoridades de la entidad intervinieron en esa localidad para restablecer el orden público y que el Poder Judicial consideró que existían elementos suficientes para condenar a las personas que permanecían presos en los penales del Altiplano y de Molino de las Rosas por los enfrentamientos de 2006.
Cuestionado sobre si la resolución de la Suprema Corte de Justicia que deja en libertad a 12 líderes e integrantes del FPDT, entre ellos Ignacio del Valle, representa una derrota legal para el gobierno mexiquense, el mandatario insistió en que el proceso penal fue legítimo.
"Si la Corte considera que hay alguna acción distinta, seremos absolutamente respetuosos. El interés del gobierno no era otro que el restablecimiento del orden y la paz, por eso el uso legítimo de la fuerza pública y por eso las sanciones impuestas en términos de la ley a quienes participaron (en la retención de policías y funcionarios). Conforme a la ley se actúo y conforme a la ley se sancionó", señaló.
Peña recordó que la propia Suprema Corte de Justicia avaló en su momento la actuación del gobierno estatal ante el conflicto en Atenco.
"La actuación que tuvo el Gobierno del Estado de México fue legítima. La Suprema Corte de Justicia así lo avaló cuando opinó sobre el tema, cuando estableció que el Estado tiene facultad de hacer uso de la fuerza pública cuando se trate de reponer el orden y la paz social, y fue justamente lo que motivo la actuación de la Policía estatal en la decisión tomada por el gobierno estatal y por un servidor", apuntó.
"Como gobierno, seremos absolutamente respetuosos de las definiciones que tenga la Suprema Corte", añadió.
Indicó que las autoridades de la entidad intervinieron en esa localidad para restablecer el orden público y que el Poder Judicial consideró que existían elementos suficientes para condenar a las personas que permanecían presos en los penales del Altiplano y de Molino de las Rosas por los enfrentamientos de 2006.
Cuestionado sobre si la resolución de la Suprema Corte de Justicia que deja en libertad a 12 líderes e integrantes del FPDT, entre ellos Ignacio del Valle, representa una derrota legal para el gobierno mexiquense, el mandatario insistió en que el proceso penal fue legítimo.
"Si la Corte considera que hay alguna acción distinta, seremos absolutamente respetuosos. El interés del gobierno no era otro que el restablecimiento del orden y la paz, por eso el uso legítimo de la fuerza pública y por eso las sanciones impuestas en términos de la ley a quienes participaron (en la retención de policías y funcionarios). Conforme a la ley se actúo y conforme a la ley se sancionó", señaló.
Peña recordó que la propia Suprema Corte de Justicia avaló en su momento la actuación del gobierno estatal ante el conflicto en Atenco.
"La actuación que tuvo el Gobierno del Estado de México fue legítima. La Suprema Corte de Justicia así lo avaló cuando opinó sobre el tema, cuando estableció que el Estado tiene facultad de hacer uso de la fuerza pública cuando se trate de reponer el orden y la paz social, y fue justamente lo que motivo la actuación de la Policía estatal en la decisión tomada por el gobierno estatal y por un servidor", apuntó.
"Como gobierno, seremos absolutamente respetuosos de las definiciones que tenga la Suprema Corte", añadió.
Sandra García, Reforma, 1º de julio.
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