PHOENIX (Agencias).— Grupos opositores a la ley de Arizona contra los indocumentados planean llevar a cabo acciones de “desobediencia civil” el 29 de julio, día en que la legislación entra en vigor.
Los dirigentes de los grupos indicaron que llevarán a cabo una vigilia con velas frente al capitolio estatal en el centro de Phoenix, marcharán a una iglesia cercana para una ceremonia religiosa ecuménica y luego avanzarán hasta la corte federal.
Los organizadores se negaron a dar detalles sobre cuáles serían esas medidas de “desobediencia civil”, aunque enfatizaron que no serán violentas.
Alfredo Gutiérrez, un organizador del grupo Somos América, afirmó que serán actos de desafío y de esperanza para la comunidad hispana.
Una juez federal podría decidir bloquear la nueva ley, la cual enfrenta siete demandas. Los grupos dijeron que se manifestarán aunque la legislación sea bloqueada.
Joe Arpaio, el sheriff del Condado de Maricopa, conocido por su posición antiinmigrante, anunció ayer por su parte que albergará en tiendas de campaña dentro de la cárcel a los indocumentados que sean detenidos bajo la nueva ley de inmigración de Arizona SB1070.
Arpaio creó desde 1993 un anexo a la cárcel del condado en Phoenix, donde colocó carpas o tiendas de campaña para instalar ahí a ciudadanos estadounidenses e inmigrantes indocumentados encarcelados por robos, violencia doméstica, manejar en ebriedad y otros delitos.
El sheriff anunció este martes que para celebrar el 17 aniversario de dicho anexo creará una nueva sección con tiendas de campaña que será bautizada con el nombre de “SB1070” y se usará para los indocumentados detenidos bajo la nueva ley.
El sistema de encarcelamiento de Arpaio, prácticamente al aire libre, ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos, dadas las altas temperaturas que se registran en Phoenix, que en verano superan los 45 grados centígrados.
Arpaio informó que tiene varios lotes vacantes dentro de la cárcel, suficientes para albergar a unos mil prisioneros más en tiendas de campaña.
El sheriff ha advertido que planea lanzar una redada contra indocumentados, “inmediatamente” después de que entre en vigor la nueva ley SB1070, a fines de este mes. La nueva ley, sin embargo, pudiera no entrar en vigor en caso de que prospere alguna de las demandas interpuestas en su contra y una juez ordene su suspensión temporal. Varios pueblos y pequeñas ciudades de Arizona quieren que un juez federal deje en suspenso temporalmente una provisión de la nueva ley de inmigración del estado, dependiendo de una decisión final respecto a su legalidad.
El grupo Arizona Municipal Risk Retention Pool pidió permiso para presentar un informe que explicará que las municipalidades podrían enfrentar demandas costosas debido a una provisión que prohíbe la liberación de un arrestado hasta que se determine su estatus migratorio. El grupo señala que las municipalidades podrían ser demandadas por gente detenida si al final la provisión es considerada como inválida. También podrían enfrentar demandas si la provisión no se impone.
Los dirigentes de los grupos indicaron que llevarán a cabo una vigilia con velas frente al capitolio estatal en el centro de Phoenix, marcharán a una iglesia cercana para una ceremonia religiosa ecuménica y luego avanzarán hasta la corte federal.
Los organizadores se negaron a dar detalles sobre cuáles serían esas medidas de “desobediencia civil”, aunque enfatizaron que no serán violentas.
Alfredo Gutiérrez, un organizador del grupo Somos América, afirmó que serán actos de desafío y de esperanza para la comunidad hispana.
Una juez federal podría decidir bloquear la nueva ley, la cual enfrenta siete demandas. Los grupos dijeron que se manifestarán aunque la legislación sea bloqueada.
Joe Arpaio, el sheriff del Condado de Maricopa, conocido por su posición antiinmigrante, anunció ayer por su parte que albergará en tiendas de campaña dentro de la cárcel a los indocumentados que sean detenidos bajo la nueva ley de inmigración de Arizona SB1070.
Arpaio creó desde 1993 un anexo a la cárcel del condado en Phoenix, donde colocó carpas o tiendas de campaña para instalar ahí a ciudadanos estadounidenses e inmigrantes indocumentados encarcelados por robos, violencia doméstica, manejar en ebriedad y otros delitos.
El sheriff anunció este martes que para celebrar el 17 aniversario de dicho anexo creará una nueva sección con tiendas de campaña que será bautizada con el nombre de “SB1070” y se usará para los indocumentados detenidos bajo la nueva ley.
El sistema de encarcelamiento de Arpaio, prácticamente al aire libre, ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos, dadas las altas temperaturas que se registran en Phoenix, que en verano superan los 45 grados centígrados.
Arpaio informó que tiene varios lotes vacantes dentro de la cárcel, suficientes para albergar a unos mil prisioneros más en tiendas de campaña.
El sheriff ha advertido que planea lanzar una redada contra indocumentados, “inmediatamente” después de que entre en vigor la nueva ley SB1070, a fines de este mes. La nueva ley, sin embargo, pudiera no entrar en vigor en caso de que prospere alguna de las demandas interpuestas en su contra y una juez ordene su suspensión temporal. Varios pueblos y pequeñas ciudades de Arizona quieren que un juez federal deje en suspenso temporalmente una provisión de la nueva ley de inmigración del estado, dependiendo de una decisión final respecto a su legalidad.
El grupo Arizona Municipal Risk Retention Pool pidió permiso para presentar un informe que explicará que las municipalidades podrían enfrentar demandas costosas debido a una provisión que prohíbe la liberación de un arrestado hasta que se determine su estatus migratorio. El grupo señala que las municipalidades podrían ser demandadas por gente detenida si al final la provisión es considerada como inválida. También podrían enfrentar demandas si la provisión no se impone.
El Universal, 21 de julio.
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