La Primera Sala de la Corte determinó que contra los 12 dirigentes sociales de Atenco, estado de México, se aplicaron sentencias “como una forma maquilladamente institucional de criminalizar la protesta social, como una forma de castigar el ser oposición”.
Desde esa perspectiva, los ministros ordenaron ayer la liberación inmediata de los presos, que purgaban condenas de entre 31 y 112 años, por los enfrentamientos registrados en San Salvador Atenco en 2006.
Anoche a las 22:30 horas liberaron a nueve que estaban recluidos en Texcoco.
Las demandas que promovió el gobierno mexiquense contra los pobladores, a través de la Procuraduría estatal, y que habían sido avaladas por el Poder Judicial local, fueron criticadas por el máximo tribunal.
El ministro Juan Silva Meza señaló que quedó “en entredicho la forma en la que el Estado trata la libertad personal, la libertad de asociación y expresión de los líderes sociales”. Los ministros Arturo Zaldívar y Olga Sánchez secundaron la opinión.
En el caso de nueve de los detenidos, los cinco ministros de la Sala votaron de manera unánime por la liberación. Sus juicios estuvieron sustentados en pruebas “ilegales” y se violó su derecho a un debido proceso, determinaron.
En el caso específico de los líderes Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, los ministros Silva, Zaldívar y Sánchez Cordero votaron a su favor ya que la retención de funcionarios como medio de protesta no correspondía a la de secuestro equiparado por lo que se les había sentenciado.
El ministro José de Jesús Gudiño votó en contra, porque dijo que sí eran responsables del secuestro.
El mandatario mexiquense Enrique Peña Nieto informó que acatará la resolución de la Suprema Corte, pero mencionó que “se actuó y sancionó conforme a la ley”.
El interés “no era otro sino el restablecimiento del orden y la paz... y por eso las sanciones”, afirmó .
Desde esa perspectiva, los ministros ordenaron ayer la liberación inmediata de los presos, que purgaban condenas de entre 31 y 112 años, por los enfrentamientos registrados en San Salvador Atenco en 2006.
Anoche a las 22:30 horas liberaron a nueve que estaban recluidos en Texcoco.
Las demandas que promovió el gobierno mexiquense contra los pobladores, a través de la Procuraduría estatal, y que habían sido avaladas por el Poder Judicial local, fueron criticadas por el máximo tribunal.
El ministro Juan Silva Meza señaló que quedó “en entredicho la forma en la que el Estado trata la libertad personal, la libertad de asociación y expresión de los líderes sociales”. Los ministros Arturo Zaldívar y Olga Sánchez secundaron la opinión.
En el caso de nueve de los detenidos, los cinco ministros de la Sala votaron de manera unánime por la liberación. Sus juicios estuvieron sustentados en pruebas “ilegales” y se violó su derecho a un debido proceso, determinaron.
En el caso específico de los líderes Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, los ministros Silva, Zaldívar y Sánchez Cordero votaron a su favor ya que la retención de funcionarios como medio de protesta no correspondía a la de secuestro equiparado por lo que se les había sentenciado.
El ministro José de Jesús Gudiño votó en contra, porque dijo que sí eran responsables del secuestro.
El mandatario mexiquense Enrique Peña Nieto informó que acatará la resolución de la Suprema Corte, pero mencionó que “se actuó y sancionó conforme a la ley”.
El interés “no era otro sino el restablecimiento del orden y la paz... y por eso las sanciones”, afirmó .
Carlos Avilés, La Jornada, 1º de julio.
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