Phoenix, 28 de julio. Una juez estadunidense bloqueó este miércoles partes clave de la nueva ley de inmigración de Arizona, horas antes de que entrara en vigor, otorgando al gobierno del presidente Barack Obama una victoria en su intento de controlar el tema.
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, dijo poco después que presentará una apelación para restaurar las previsiones de la ley, que contaba con amplio apoyo popular pero tenía la oposición de Obama y de grupos de derechos humanos e inmigrantes.
“Esta lucha está lejos de terminar”, dijo Brewer. “Al final de lo que seguramente será una prolongada batalla legal, Arizona prevalecerá en su derecho de proteger a sus ciudadanos”, agregó.
La legislatura estatal de Arizona, de mayoría republicana, aprobó en abril la ley con que se pretende sacar del estado a casi medio millón de inmigrantes ilegales, así como detener el tráfico de drogas y humanos a lo largo de la frontera con México.
La juez de distrito Susan Bolton bloqueó, entre otras, la parte de la ley que requería que la policía determinara el estatus de inmigración de una persona detenida o arrestada si un oficial considera que ese individuo no está en el país de forma legal.
Hasta ahora, esas acciones están reservadas a los agentes migratorios, con excepciones.
La juez también retuvo la norma que exigía a los inmigrantes portar sus documentos en todo momento y la que consideraba delito que los trabajadores sin papeles de inmigración buscaran empleo en lugares públicos.
La inmigración como tema ha estado en el centro del debate político de Estados Unidos durante varios años y los intentos por modernizar el sistema han fracasado; el más reciente, en 2007, cuando los republicanos boicotearon las reformas que pretendía George W. Bush, el entonces presidente republicano.
El fallo de la juez Bolton es una victoria importante para Obama, quien busca superar el estancamiento con los republicanos para aprobar una ley de inmigración exhaustiva que fortalezca la seguridad en la frontera y otorgue a millones de indocumentados una opción para legalizar su situación, tarea difícil antes de las elecciones de noviembre.
En Estados Unidos hay una cifra estimada de 10.8 millones de inmigrantes ilegales, en medio de una población de más de 300 millones de personas.
El Departamento de Justicia estadunidense argumentó que las previsiones de la ley, de entrar en vigor este jueves, invadían la autoridad federal sobre la política de inmigración y su cumplimiento.
En su veredicto de 36 páginas, Bolton escribió que “la corte también considera que es probable que Estados Unidos sufra daños irreparables” si el tribunal no bloqueaba las partes seleccionadas de la ley.
“La cantidad de solicitudes que emanarán de Arizona como resultado de determinar la situación de cada arrestado probablemente pondrá un peso impermisible sobre los recursos federales y alejará a las agencias federales de las prioridades que han establecido”, declaró.
Bolton mantuvo algunas partes de la ley, incluidas las que consideran ilegal que los conductores recojan a trabajadores indocumentados en las calles y que transporten o resguarden a esos inmigrantes.
Brewer dijo a su vez que Arizona “presentará una rápida apelación” ante la corte del noveno circuito de Estados Unidos.
Arizona puede apelar en última instancia ante la Corte Suprema. En ese caso, se convertiría en una prolongada y costosa batalla legal.
“Aquí no hay ganadores”, aseveró la representante Ann Kirkpatrick, demócrata de Arizona que enfrenta una dura batalla para su relección en noviembre. “Sin importar qué decida finalmente la corte, habremos gastado millones de dólares y nuestras fronteras seguirán sin estar seguras”, agregó.
Cerca de tres decenas de activistas latinos que asistieron a una manifestación fuera del capitolio estatal, en el centro de Phoenix, saltaron de alegría, se abrazaron y lloraron cuando se conoció el dictamen de Bolton. “Pienso que nuestros esfuerzos han valido la pena”, sostuvo Dulce Matus, licenciada indocumentada que ha vivido durante décadas en Arizona sin papeles, y señaló que los activistas lucharán “por revocar el resto de la ley”.
El gobierno de México expresó satisfacción por la decisión de la juez, e indicó que continuará vigilando que se respeten los derechos de los inmigrantes y que la ley sea declarada inconstitucional.
Nueve por ciento de la población de Arizona es de origen mexicano, según datos del país latinoamericano.
El legislador estatal Russell Pearce, quien participó en la elaboración de la ley, dijo que estaba “muy decepcionado” por el fallo de la juez. Lo que ella hizo fue insertar una opinión, más que decidir cuál debe ser la legislación y eso no es correcto”, dijo Pearce a Reuters. “Pero ganaremos en la apelación”, afirmó.
Sondeos muestran que la ley Arizona es apoyada por una sólida mayoría de estadunidenses y por 65 por ciento de los votantes del estado. Además, ha inspirado esfuerzos similares en al menos otros 20 estados.
Obama está en favor de que los indocumentados que no hayan cometido delitos paguen una multa, aprendan inglés y puedan acceder a la ciudadanía; por reforzar la seguridad en la frontera y perseguir a quienes contratan a inmigrantes ilegales.
Quienes se oponen a la ley de Arizona dicen que llevará al acoso de estadunidenses hispanos o de apariencia hispana.
Miles se dirigían hacia Phoenix para manifestarse este jueves, cuando la ley entre en vigor, y se han planificado mítines callejeros en todo el país.
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, dijo poco después que presentará una apelación para restaurar las previsiones de la ley, que contaba con amplio apoyo popular pero tenía la oposición de Obama y de grupos de derechos humanos e inmigrantes.
“Esta lucha está lejos de terminar”, dijo Brewer. “Al final de lo que seguramente será una prolongada batalla legal, Arizona prevalecerá en su derecho de proteger a sus ciudadanos”, agregó.
La legislatura estatal de Arizona, de mayoría republicana, aprobó en abril la ley con que se pretende sacar del estado a casi medio millón de inmigrantes ilegales, así como detener el tráfico de drogas y humanos a lo largo de la frontera con México.
La juez de distrito Susan Bolton bloqueó, entre otras, la parte de la ley que requería que la policía determinara el estatus de inmigración de una persona detenida o arrestada si un oficial considera que ese individuo no está en el país de forma legal.
Hasta ahora, esas acciones están reservadas a los agentes migratorios, con excepciones.
La juez también retuvo la norma que exigía a los inmigrantes portar sus documentos en todo momento y la que consideraba delito que los trabajadores sin papeles de inmigración buscaran empleo en lugares públicos.
La inmigración como tema ha estado en el centro del debate político de Estados Unidos durante varios años y los intentos por modernizar el sistema han fracasado; el más reciente, en 2007, cuando los republicanos boicotearon las reformas que pretendía George W. Bush, el entonces presidente republicano.
El fallo de la juez Bolton es una victoria importante para Obama, quien busca superar el estancamiento con los republicanos para aprobar una ley de inmigración exhaustiva que fortalezca la seguridad en la frontera y otorgue a millones de indocumentados una opción para legalizar su situación, tarea difícil antes de las elecciones de noviembre.
En Estados Unidos hay una cifra estimada de 10.8 millones de inmigrantes ilegales, en medio de una población de más de 300 millones de personas.
El Departamento de Justicia estadunidense argumentó que las previsiones de la ley, de entrar en vigor este jueves, invadían la autoridad federal sobre la política de inmigración y su cumplimiento.
En su veredicto de 36 páginas, Bolton escribió que “la corte también considera que es probable que Estados Unidos sufra daños irreparables” si el tribunal no bloqueaba las partes seleccionadas de la ley.
“La cantidad de solicitudes que emanarán de Arizona como resultado de determinar la situación de cada arrestado probablemente pondrá un peso impermisible sobre los recursos federales y alejará a las agencias federales de las prioridades que han establecido”, declaró.
Bolton mantuvo algunas partes de la ley, incluidas las que consideran ilegal que los conductores recojan a trabajadores indocumentados en las calles y que transporten o resguarden a esos inmigrantes.
Brewer dijo a su vez que Arizona “presentará una rápida apelación” ante la corte del noveno circuito de Estados Unidos.
Arizona puede apelar en última instancia ante la Corte Suprema. En ese caso, se convertiría en una prolongada y costosa batalla legal.
“Aquí no hay ganadores”, aseveró la representante Ann Kirkpatrick, demócrata de Arizona que enfrenta una dura batalla para su relección en noviembre. “Sin importar qué decida finalmente la corte, habremos gastado millones de dólares y nuestras fronteras seguirán sin estar seguras”, agregó.
Cerca de tres decenas de activistas latinos que asistieron a una manifestación fuera del capitolio estatal, en el centro de Phoenix, saltaron de alegría, se abrazaron y lloraron cuando se conoció el dictamen de Bolton. “Pienso que nuestros esfuerzos han valido la pena”, sostuvo Dulce Matus, licenciada indocumentada que ha vivido durante décadas en Arizona sin papeles, y señaló que los activistas lucharán “por revocar el resto de la ley”.
El gobierno de México expresó satisfacción por la decisión de la juez, e indicó que continuará vigilando que se respeten los derechos de los inmigrantes y que la ley sea declarada inconstitucional.
Nueve por ciento de la población de Arizona es de origen mexicano, según datos del país latinoamericano.
El legislador estatal Russell Pearce, quien participó en la elaboración de la ley, dijo que estaba “muy decepcionado” por el fallo de la juez. Lo que ella hizo fue insertar una opinión, más que decidir cuál debe ser la legislación y eso no es correcto”, dijo Pearce a Reuters. “Pero ganaremos en la apelación”, afirmó.
Sondeos muestran que la ley Arizona es apoyada por una sólida mayoría de estadunidenses y por 65 por ciento de los votantes del estado. Además, ha inspirado esfuerzos similares en al menos otros 20 estados.
Obama está en favor de que los indocumentados que no hayan cometido delitos paguen una multa, aprendan inglés y puedan acceder a la ciudadanía; por reforzar la seguridad en la frontera y perseguir a quienes contratan a inmigrantes ilegales.
Quienes se oponen a la ley de Arizona dicen que llevará al acoso de estadunidenses hispanos o de apariencia hispana.
Miles se dirigían hacia Phoenix para manifestarse este jueves, cuando la ley entre en vigor, y se han planificado mítines callejeros en todo el país.
La Jornada, 29 de julio.
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