El presidente Felipe Calderón emitió un decreto para adelantar la transición hacia la televisión digital. De acuerdo con el proyecto, empezaría en 2011 y concluiría el último día de 2015.
Especialistas consultados por este diarios advirtieron que la decisión enfrenta “complicados” escenarios jurídicos, económicos y operativos.
Para concretar el llamado “apagón analógico”, Calderón dio a conocer que se darán apoyos económicos para la adquisición de los receptores digitales, aparatos que se encargarán de transformar la señal actual (analógica) en digital. No definió montos ni mecánica de los subsidios.
En su IV Informe de Gobierno, el mandatario dijo que la nueva tecnología permitirá recibir la transmisión de una señal abierta con alta calidad en imagen y sonido en todas las televisiones.
“México entra a una nueva era que permitirá que todos podamos tener acceso a la tecnología del siglo XXI”, expresó.
Además, según Calderón, se detonará la inversión, la pluralidad democrática, la competitividad y la creación de empleos.
El ex subsecretario de Comunicaciones Jorge Álvarez Hoth mencionó el primero de los problemas legales: no se anunció la derogación del acuerdo de 2004, en el que se establece la política para la transición a la televisión digital terrestre con un plazo que concluye en 2020.
Desde su perspectiva, el documento sólo dice los qués, pero no los cómos.
Gabriel Sosa Plata planteó otra traba jurídica: la Corte determinó que las bandas de radiodifusión no pueden transmitir servicios adicionales. Explicó que si no se modifica la normatividad actual, esta tecnología sólo servirá para ver la televisión con mejor calidad de imagen y sonido, pero sin bondades como las de tipo interactivo y video sobre demanda o datos.
Alertó sobre la inconformidad de las televisoras, ya que anticipar las fechas implicará que modifiquen sus proyecciones de inversión, planeados originalmente hasta 2020. Si el gobierno no acordó con la industria, se podría generar un complicado escenario de litigios contra el decreto. En materia operativa, Álvarez Hoth previó que el grueso de los subsidios y las decisiones que tome el actual gobierno se heredarán a la siguiente administración.
En la Cámara de Diputados se destacó el problema económico: el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, Gerardo Flores, estimó que el cambio de equipos costaría más de 16 mil 500 millones de pesos.
Especialistas consultados por este diarios advirtieron que la decisión enfrenta “complicados” escenarios jurídicos, económicos y operativos.
Para concretar el llamado “apagón analógico”, Calderón dio a conocer que se darán apoyos económicos para la adquisición de los receptores digitales, aparatos que se encargarán de transformar la señal actual (analógica) en digital. No definió montos ni mecánica de los subsidios.
En su IV Informe de Gobierno, el mandatario dijo que la nueva tecnología permitirá recibir la transmisión de una señal abierta con alta calidad en imagen y sonido en todas las televisiones.
“México entra a una nueva era que permitirá que todos podamos tener acceso a la tecnología del siglo XXI”, expresó.
Además, según Calderón, se detonará la inversión, la pluralidad democrática, la competitividad y la creación de empleos.
El ex subsecretario de Comunicaciones Jorge Álvarez Hoth mencionó el primero de los problemas legales: no se anunció la derogación del acuerdo de 2004, en el que se establece la política para la transición a la televisión digital terrestre con un plazo que concluye en 2020.
Desde su perspectiva, el documento sólo dice los qués, pero no los cómos.
Gabriel Sosa Plata planteó otra traba jurídica: la Corte determinó que las bandas de radiodifusión no pueden transmitir servicios adicionales. Explicó que si no se modifica la normatividad actual, esta tecnología sólo servirá para ver la televisión con mejor calidad de imagen y sonido, pero sin bondades como las de tipo interactivo y video sobre demanda o datos.
Alertó sobre la inconformidad de las televisoras, ya que anticipar las fechas implicará que modifiquen sus proyecciones de inversión, planeados originalmente hasta 2020. Si el gobierno no acordó con la industria, se podría generar un complicado escenario de litigios contra el decreto. En materia operativa, Álvarez Hoth previó que el grueso de los subsidios y las decisiones que tome el actual gobierno se heredarán a la siguiente administración.
En la Cámara de Diputados se destacó el problema económico: el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, Gerardo Flores, estimó que el cambio de equipos costaría más de 16 mil 500 millones de pesos.
Angelina Mejía Guerrero, EL Universal, 3 de septiembre.
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