Senadores de oposición reprobaron la estrategia de seguridad de Felipe Calderón, que hoy, dijeron, se ha convertido en un show mediático con fines políticos que no ha dado resultados y sólo ha dejado una estela de ejecuciones, el desgaste del Ejército y reformas legales que el gobierno no aplica, por lo que urgieron a un cambio de rumbo.
En el marco de la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, de la Procuraduría General de la República (PGR) y del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con motivo del IV Informe de Gobierno, los legisladores coincidieron en que la lucha contra el crimen organizado no se resolverá con más balazos o presupuesto, ya que se requiere de una estrategia integral que incluya políticas sociales.
El ex gobernador de Chihuahua, Fernando Baeza, aseguró que para resolver el problema se necesita invertir más en acciones de prevención y diseñar un plan de políticas sociales para evitar que jóvenes marginados sean coptados por los cárteles de la droga. Coincidieron en este planteamiento PRD, PT y PVEM.
La actuación de Genaro García Luna, titular de la SSP federal, fue la más cuestionada. El senador Pablo Gómez resumió la estrategia de seguridad del funcionario: “Los shows que usted organiza, muchos de mis colegas y sectores los repudian, no nos parece la forma en que se demuestre la superioridad del Estado”.
Criticó al secretario de Seguridad y le señaló que no puede actuar en venganza, “esa guerra de propaganda no funciona, usted lo que hace son narcocorridos y alimenta eso (…) está muy equivocado, a la violencia de los delincuentes se suma la violencia del Estado; quieren acreditar una guerra con: ‘miren a los detenidos, miren a los encarcelados’”.
Las cifras de detenciones y decomisos y el trabajo de los 34 mil 800 agentes de la Policía Federal —hay siete mil 54 nuevos investigadores— se diluyeron entre las críticas de los senadores y la defensa de los funcionarios. García Luna afirmó que exhibir a los detenidos ante los medios, “es como muestra de que el Estado es superior” a los delincuentes ante su campaña mediática de violencia, de videos de ejecutados y narcomantas y agregó que “hoy, la Policía Federal es capaz de detener a cualquier criminal”.
García Luna respondió a Gómez que cualquier aprehensión de un delincuente que atente contra la comunidad, es “un éxito” para el Estado y muestra su capacidad de combate.
Rechazó que el gobierno federal actúe en venganza sobre los criminales y aseguró que siempre se han respetado los derechos humanos de los detenidos.
El perredista René Arce dijo que no importa cuántos narcotraficantes detenidos se presuman, cuando estas organizaciones tienen la capacidad de recomponerse ante una policía que no está lista para combatirla y calificó al presidente Calderón como “fundamentalista” por mantener una estrategia fallida.
Los senadores de oposición fustigaron el abuso de algunas figuras legales, como el arraigo y la protección a testigos.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales (PRI), Pedro Joaquín Coldwell —clave en la negociación de reformas— recriminó el no utilizar los instrumentos jurídicos aprobados por el Senado, ya que por ejemplo, la Ley de Extinción de Dominio sólo se ha aplicado en un caso contra una tienda de abarrotes habilitada como narcotienda en el Distrito Federal.
Pese a este reclamo del legislativo, García y Chávez pidieron que se aprueben las iniciativas propuestas por Calderón para el lavado de dinero y para la creación de la Policía Única.
El procurador Chávez ofreció cifras del trabajo de la PGR al ser cuestionado por el uso de testigos protegidos y el arraigo y aseguró que estas figuras son “invaluables” en la lucha contra el crimen organizado. Detalló que de los mil 166 arraigados entre enero y agosto de este año, 91% obtuvo orden de aprehensión y de estos, 96% han concluido en autos de formal prisión.
Defendió la estrategia de seguridad del gobierno y dijo que aún antes de que iniciara esta gestión se mostraron los indicios de la escalada en la criminalidad, por lo que fue obligado actuar.
Aceptó que el factor social de la estrategia es importante, por ejemplo, en Ciudad Juárez, cuando “un pandillero no necesariamente es un delincuente, pero tiene un sentido de pertenencia y territorio, lo cuida con todo lo que da”, además de que el hampa ha encontrado formas de incorporar a los jóvenes a sus filas.
Los senadores coincidieron en que se debe apostar a una estrategia social, ya que el fenómeno delictivo no se resuelve sólo a “balazos”. El legislador Eugenio Govea aseguró: “estábamos mejor cuando estábamos peor”.
En el marco de la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, de la Procuraduría General de la República (PGR) y del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con motivo del IV Informe de Gobierno, los legisladores coincidieron en que la lucha contra el crimen organizado no se resolverá con más balazos o presupuesto, ya que se requiere de una estrategia integral que incluya políticas sociales.
El ex gobernador de Chihuahua, Fernando Baeza, aseguró que para resolver el problema se necesita invertir más en acciones de prevención y diseñar un plan de políticas sociales para evitar que jóvenes marginados sean coptados por los cárteles de la droga. Coincidieron en este planteamiento PRD, PT y PVEM.
La actuación de Genaro García Luna, titular de la SSP federal, fue la más cuestionada. El senador Pablo Gómez resumió la estrategia de seguridad del funcionario: “Los shows que usted organiza, muchos de mis colegas y sectores los repudian, no nos parece la forma en que se demuestre la superioridad del Estado”.
Criticó al secretario de Seguridad y le señaló que no puede actuar en venganza, “esa guerra de propaganda no funciona, usted lo que hace son narcocorridos y alimenta eso (…) está muy equivocado, a la violencia de los delincuentes se suma la violencia del Estado; quieren acreditar una guerra con: ‘miren a los detenidos, miren a los encarcelados’”.
Las cifras de detenciones y decomisos y el trabajo de los 34 mil 800 agentes de la Policía Federal —hay siete mil 54 nuevos investigadores— se diluyeron entre las críticas de los senadores y la defensa de los funcionarios. García Luna afirmó que exhibir a los detenidos ante los medios, “es como muestra de que el Estado es superior” a los delincuentes ante su campaña mediática de violencia, de videos de ejecutados y narcomantas y agregó que “hoy, la Policía Federal es capaz de detener a cualquier criminal”.
García Luna respondió a Gómez que cualquier aprehensión de un delincuente que atente contra la comunidad, es “un éxito” para el Estado y muestra su capacidad de combate.
Rechazó que el gobierno federal actúe en venganza sobre los criminales y aseguró que siempre se han respetado los derechos humanos de los detenidos.
El perredista René Arce dijo que no importa cuántos narcotraficantes detenidos se presuman, cuando estas organizaciones tienen la capacidad de recomponerse ante una policía que no está lista para combatirla y calificó al presidente Calderón como “fundamentalista” por mantener una estrategia fallida.
Los senadores de oposición fustigaron el abuso de algunas figuras legales, como el arraigo y la protección a testigos.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales (PRI), Pedro Joaquín Coldwell —clave en la negociación de reformas— recriminó el no utilizar los instrumentos jurídicos aprobados por el Senado, ya que por ejemplo, la Ley de Extinción de Dominio sólo se ha aplicado en un caso contra una tienda de abarrotes habilitada como narcotienda en el Distrito Federal.
Pese a este reclamo del legislativo, García y Chávez pidieron que se aprueben las iniciativas propuestas por Calderón para el lavado de dinero y para la creación de la Policía Única.
El procurador Chávez ofreció cifras del trabajo de la PGR al ser cuestionado por el uso de testigos protegidos y el arraigo y aseguró que estas figuras son “invaluables” en la lucha contra el crimen organizado. Detalló que de los mil 166 arraigados entre enero y agosto de este año, 91% obtuvo orden de aprehensión y de estos, 96% han concluido en autos de formal prisión.
Defendió la estrategia de seguridad del gobierno y dijo que aún antes de que iniciara esta gestión se mostraron los indicios de la escalada en la criminalidad, por lo que fue obligado actuar.
Aceptó que el factor social de la estrategia es importante, por ejemplo, en Ciudad Juárez, cuando “un pandillero no necesariamente es un delincuente, pero tiene un sentido de pertenencia y territorio, lo cuida con todo lo que da”, además de que el hampa ha encontrado formas de incorporar a los jóvenes a sus filas.
Los senadores coincidieron en que se debe apostar a una estrategia social, ya que el fenómeno delictivo no se resuelve sólo a “balazos”. El legislador Eugenio Govea aseguró: “estábamos mejor cuando estábamos peor”.
Silvia Otero y Elena Michel, El Universal, 22 de septiembre.
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