BOGOTÁ.- La destitución e inhabilitación de la senadora de Oposición Piedad Córdoba por parte del Procurador General, por presuntamente haberse extralimitado en su mediación ante la guerrilla de las FARC para la liberación de rehenes, no ha estado exenta de polémica en Colombia.
La propia senadora ha advertido que se criminalizó la labor humanitaria y que se cierran espacios para la búsqueda de la paz, lo que algunos expertos comparten.
La Corte Suprema de Justicia incluso investiga al Procurador por presunta extralimitación de funciones en la sanción a Córdoba.
Alfredo Beltrán, ex presidente de la Corte Constitucional, teme que la labor humanitaria, como advierte Córdoba, se esté criminalizando y que el caso entrañe persecución política.
"Me parece que las pruebas aducidas no son tan contundentes como dice el Procurador. Parecería un delito de opinión, una persecución política, en la medida que se impuso una sanción sin quedar claro cómo se afectó la función pública, que es lo que importa", afirmó Beltrán a REFORMA.
"El límite del poder disciplinario es la conducta oficial de los servidores públicos, en cuanto afecten el ejercicio de esa función pública", subrayó.
El 27 de septiembre, el Procurador Alejandro Ordóñez, encargado de velar por la función pública, pero cuyos fallos no siempre han coincidido con los de la justicia penal, anunció la destitución de Córdoba y su inhabilitación por 18 años para ocupar cargos públicos, fallo que confirmó el 27 de octubre.
Al sustentar su decisión, el Procurador Ordóñez aseguró que la senadora Córdoba sugirió a las FARC manipular con fines políticos la entrega de pruebas de vida de rehenes y acordó estrechar lazos para apoyar un nuevo Gobierno con ayuda del exterior, entre otros cargos.
La sanción disciplinaria se produjo en un ambiente desfavorable a Córdoba, cuyos pronunciamientos en el exterior sobre el conflicto armado, muchas veces favorables a la guerrila, no han sido bien vistos por la opinión pública.
En respuesta a la sanción, Córdoba anunció que continuará su gestión como senadora, en abierto desafío a la Procuraduría, pero sobre todo a la espera de que el Consejo de Estado, máximo tribunal para lo contencioso-administrativo, anule o confirme la decisión.
Jorge Restrepo, del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), no cree que la sanción a Córdoba criminalice la gestión humanitaria, que prevé seguirá dándose, pero recordó la importancia de que sea transparente y neutral.
La propia senadora ha advertido que se criminalizó la labor humanitaria y que se cierran espacios para la búsqueda de la paz, lo que algunos expertos comparten.
La Corte Suprema de Justicia incluso investiga al Procurador por presunta extralimitación de funciones en la sanción a Córdoba.
Alfredo Beltrán, ex presidente de la Corte Constitucional, teme que la labor humanitaria, como advierte Córdoba, se esté criminalizando y que el caso entrañe persecución política.
"Me parece que las pruebas aducidas no son tan contundentes como dice el Procurador. Parecería un delito de opinión, una persecución política, en la medida que se impuso una sanción sin quedar claro cómo se afectó la función pública, que es lo que importa", afirmó Beltrán a REFORMA.
"El límite del poder disciplinario es la conducta oficial de los servidores públicos, en cuanto afecten el ejercicio de esa función pública", subrayó.
El 27 de septiembre, el Procurador Alejandro Ordóñez, encargado de velar por la función pública, pero cuyos fallos no siempre han coincidido con los de la justicia penal, anunció la destitución de Córdoba y su inhabilitación por 18 años para ocupar cargos públicos, fallo que confirmó el 27 de octubre.
Al sustentar su decisión, el Procurador Ordóñez aseguró que la senadora Córdoba sugirió a las FARC manipular con fines políticos la entrega de pruebas de vida de rehenes y acordó estrechar lazos para apoyar un nuevo Gobierno con ayuda del exterior, entre otros cargos.
La sanción disciplinaria se produjo en un ambiente desfavorable a Córdoba, cuyos pronunciamientos en el exterior sobre el conflicto armado, muchas veces favorables a la guerrila, no han sido bien vistos por la opinión pública.
En respuesta a la sanción, Córdoba anunció que continuará su gestión como senadora, en abierto desafío a la Procuraduría, pero sobre todo a la espera de que el Consejo de Estado, máximo tribunal para lo contencioso-administrativo, anule o confirme la decisión.
Jorge Restrepo, del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), no cree que la sanción a Córdoba criminalice la gestión humanitaria, que prevé seguirá dándose, pero recordó la importancia de que sea transparente y neutral.
Octavio Pineda corresponsal, Reforma, 5 de noviembre.
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