De enero de 2007 a marzo de 2010, la Dirección General de Asuntos Internos de la Policía Federal (PF) ha recibido mil 252 quejas de violaciones a derechos humanos perpetradas por sus elementos, de las cuales únicamente se han investigado 212, y de éstas 205 fueron declaradas improcedentes; de 212 no existe información y 828 están en “trámite”.
En ese periodo ha habido casos en que los acusados son presentados ante los medios de comunicación visiblemente golpeados y lastimados, o bien, sólo se menciona su detención y se informa que fueron internados para ser atendidos de las lesiones sufridas durante la operación policiaca.
Destaca, por ejemplo, el caso de cinco jóvenes capturados el pasado 11 de agosto en Ciudad Juárez por presuntos vínculos con el brazo armado del cártel de Juárez conocido como La Línea, y supuestamente relacionados con la colocación y estallido de un coche bomba. Luego de la acción policiaca, los familiares de los presuntos delincuentes dieron a conocer a los medios de comunicación que los detenidos fueron objeto de tortura y al menos uno de ellos habría sido violado con el arma de un elemento de la Policía Federal.
Mediante el oficio PF/CUD/ 0299/2010, la Policía Federal respondió a una solicitud de información pública, en el que señala que de enero de 2007 al 17 de marzo de este año, la Dirección General de Asuntos Internos ha recibido mil 252 quejas por violación a derechos humanos.
Respecto a cuántas denuncias se han resuelto, la corporación señaló que esa dirección “no resuelve las quejas, sino únicamente desarrolla una serie de indagatorias para reunir elementos suficientes bajo los cuales, en su caso, se considere procedente el inicio de un procedimiento administrativo que es instaurado por el órgano colegiado institucional, el que finalmente resuelve el fondo del asunto y genera las sanciones respectivas.
“Independientemente de ello y de resultar de alguna utilidad, se informa que de las mil 252 quejas recibidas, la Dirección General de Asuntos Internos ha concluido su procedimiento de investigación en 212 casos, 205 han resultado improcedentes y dos procedentes, y los restantes cinco se enmarcan en criterios netamente administrativos, co- mo acumulaciones que no son de su competencia. Asimismo, me permito informar que 828 se encuentran actualmente en trámite de investigación”.
Respecto del número de agentes castigados por violación de derechos humanos, la corporación respondió que “no se tiene conocimiento del número de elementos que hayan sido sancionados”, pero menciona que sólo hubo dos quejas consideradas procedentes.
Otro caso en que los detenidos fueron presentados a los medios de comunicación con muestras de haber sido golpeados es el ocurrido en abril de 2010, con María Elena Ontiveros Mendoza, La Güera, presunta involucrada en el plagio y homicidio de Fernando Martí.
Luis Cárdenas Palomino, en ese entonces encargado del área de Inteligencia para la Prevención de la PF, fue el encargado de dar a conocer la captura. La mujer fue mostrada a los medios prácticamente sostenida por los agentes que la custodiaban.
Según la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Ontiveros Mendoza tenía una enfermedad que le impedía caminar bien. Sin embargo, la Dirección Ejecutiva de Ingeniería y Especialidades Médicas-Departamento de Medicina Forense de la Procuraduría General de la República emitió un documento, con folio 38449, en el que la doctora Beceli Hernández Carreño dio cuenta de que La Güera había sido golpeada en mandíbula, tórax, muñeca y codo derecho, y presentaba edemas en manos, muslo izquierdo y pierna derecha.
Asimismo, en mayo pasado, el comisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas Rosas, anunció la detención de ocho presuntos sicarios que trabajaban para los cárteles de Juárez y Sinaloa. De ellos, tres presentaban golpes: Jesús Alfredo Cruz López, Porfirio Rubio Valle y Cecilio Torres Adriano, este último tenía en la sien derecha dos curitas colocados en forma de cruz para cubrir una herida.
Datos de la SSP federal refieren que “del primero de enero de 2007 al 26 de marzo de 2010 se registran 3 mil 44 quejas” por violaciones a derechos humanos, contra “el personal adscrito a la secretaría y de sus órganos administrativos desconcentrados: Policía Federal, Prevención y Readaptación Social, Servicio de Protección Federal y Consejo de Menores, este último hasta el 6 de octubre de 2008, en razón de que pasó a depender de la administración del Gobierno del Distrito Federal”.
De las quejas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) “ha concluido mil 547 de la siguiente manera: 15 por recomendaciones; 128 por conciliaciones; mil 404 por orientación al quejoso, en los casos de falta de competencia de la CNDH por no tratarse de violaciones a derechos humanos, por no responsabilidad, desistimiento o falta de interés del quejoso, o por no existir materia para seguir conociendo del asunto”.
En ese periodo ha habido casos en que los acusados son presentados ante los medios de comunicación visiblemente golpeados y lastimados, o bien, sólo se menciona su detención y se informa que fueron internados para ser atendidos de las lesiones sufridas durante la operación policiaca.
Destaca, por ejemplo, el caso de cinco jóvenes capturados el pasado 11 de agosto en Ciudad Juárez por presuntos vínculos con el brazo armado del cártel de Juárez conocido como La Línea, y supuestamente relacionados con la colocación y estallido de un coche bomba. Luego de la acción policiaca, los familiares de los presuntos delincuentes dieron a conocer a los medios de comunicación que los detenidos fueron objeto de tortura y al menos uno de ellos habría sido violado con el arma de un elemento de la Policía Federal.
Mediante el oficio PF/CUD/ 0299/2010, la Policía Federal respondió a una solicitud de información pública, en el que señala que de enero de 2007 al 17 de marzo de este año, la Dirección General de Asuntos Internos ha recibido mil 252 quejas por violación a derechos humanos.
Respecto a cuántas denuncias se han resuelto, la corporación señaló que esa dirección “no resuelve las quejas, sino únicamente desarrolla una serie de indagatorias para reunir elementos suficientes bajo los cuales, en su caso, se considere procedente el inicio de un procedimiento administrativo que es instaurado por el órgano colegiado institucional, el que finalmente resuelve el fondo del asunto y genera las sanciones respectivas.
“Independientemente de ello y de resultar de alguna utilidad, se informa que de las mil 252 quejas recibidas, la Dirección General de Asuntos Internos ha concluido su procedimiento de investigación en 212 casos, 205 han resultado improcedentes y dos procedentes, y los restantes cinco se enmarcan en criterios netamente administrativos, co- mo acumulaciones que no son de su competencia. Asimismo, me permito informar que 828 se encuentran actualmente en trámite de investigación”.
Respecto del número de agentes castigados por violación de derechos humanos, la corporación respondió que “no se tiene conocimiento del número de elementos que hayan sido sancionados”, pero menciona que sólo hubo dos quejas consideradas procedentes.
Otro caso en que los detenidos fueron presentados a los medios de comunicación con muestras de haber sido golpeados es el ocurrido en abril de 2010, con María Elena Ontiveros Mendoza, La Güera, presunta involucrada en el plagio y homicidio de Fernando Martí.
Luis Cárdenas Palomino, en ese entonces encargado del área de Inteligencia para la Prevención de la PF, fue el encargado de dar a conocer la captura. La mujer fue mostrada a los medios prácticamente sostenida por los agentes que la custodiaban.
Según la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Ontiveros Mendoza tenía una enfermedad que le impedía caminar bien. Sin embargo, la Dirección Ejecutiva de Ingeniería y Especialidades Médicas-Departamento de Medicina Forense de la Procuraduría General de la República emitió un documento, con folio 38449, en el que la doctora Beceli Hernández Carreño dio cuenta de que La Güera había sido golpeada en mandíbula, tórax, muñeca y codo derecho, y presentaba edemas en manos, muslo izquierdo y pierna derecha.
Asimismo, en mayo pasado, el comisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas Rosas, anunció la detención de ocho presuntos sicarios que trabajaban para los cárteles de Juárez y Sinaloa. De ellos, tres presentaban golpes: Jesús Alfredo Cruz López, Porfirio Rubio Valle y Cecilio Torres Adriano, este último tenía en la sien derecha dos curitas colocados en forma de cruz para cubrir una herida.
Datos de la SSP federal refieren que “del primero de enero de 2007 al 26 de marzo de 2010 se registran 3 mil 44 quejas” por violaciones a derechos humanos, contra “el personal adscrito a la secretaría y de sus órganos administrativos desconcentrados: Policía Federal, Prevención y Readaptación Social, Servicio de Protección Federal y Consejo de Menores, este último hasta el 6 de octubre de 2008, en razón de que pasó a depender de la administración del Gobierno del Distrito Federal”.
De las quejas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) “ha concluido mil 547 de la siguiente manera: 15 por recomendaciones; 128 por conciliaciones; mil 404 por orientación al quejoso, en los casos de falta de competencia de la CNDH por no tratarse de violaciones a derechos humanos, por no responsabilidad, desistimiento o falta de interés del quejoso, o por no existir materia para seguir conociendo del asunto”.
La Jornada, 28 de noviembre.
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