San Francisco, 1° de noviembre. El gobierno federal reiteró este lunes su posición en contra de la polémica ley migratoria de Arizona SB 1070, que declara la inmigración indocumentada como un delito en este estado fronterizo con México, que a su vez defendió la normativa con el argumento de que la administración central ha sido incapaz de hacerlo.
Ante un panel de tres magistrados –dos de ellos latinos– de la novena corte de apelaciones, en San Francisco, que comenzó a analizar la ley Arizona, el viceabogado general de la nación, Edwin Kneedler, afirmó que la SB 1070 interfiere en las responsabilidades constitucionales de la admnistración federal.
Al responder a los argumentos del abogado de Arizona, John Bouma, acerca de que el gobierno central ha sido “incapaz” o no ha estado dispuesto a resolver el problema de la migración indocumentada en Estados Unidos, Kneedler pidió a los jueces imaginar cuál sería la política migratoria si se permite que cada uno de los estados aplique sus propias leyes de migración. “Sería un parche de estatutos”, apuntó.
Manifestó, asimismo, la preocupación del gobierno federal por el impacto de la SB 1070 en las comunidades locales, en el respeto a las libertades civiles y en el derecho de las personas a no ser sujetas a vigilancia.
Kneedler fue objeto de comentarios escépticos de los magistrados de la Corte, en especial de Carlos Tiburcio Bea, quien interrogó al abogado sobre los efectos que han tenido en la conducción de la política exterior de Estados Unidos los ordenamientos migratorios en Massachussets o Rhode Island.
También preguntó si el gobierno federal se opone a la deportación de inmigrantes indocumentados arrestados en Arizona ,a pesar de que algunos de ellos son criminales. Kneedler sostuvo que el gobierno federal no criminaliza la sola presencia indocumentada en el país.
El abogado de Arizona defendió previamentes la ley, al asegurar que el estado padece problemas derivados del tráfico de drogas y de armas, así como del contrabando de inmigrantes. “Hasta el presidente Barack Obama reconoce que el sistema federal de migración está descompuesto”, dijo.
Bea preguntó entonces a Bouma si, por ejemplo, una falla del gobierno federal para cobrar impuestos autoriza a California a cobrarlos en su lugar. El abogado respondió que Arizona sí tomaría la posición de requerir el pago de impuestos si hay incapacidad del gobierno federal. La Corte deberá fallar sobre si mantiene o levanta el bloqueo de partes clave de la ley Arizona, impulsada por la gobernadora republicana Jan Brewer y que entró en vigor el pasado 29 de julio, pero con sus partes más polémicas congeladas por decisión de la juez Susan Bolton.
Para Bolton, la normativa interfería con responsabilidades sobre inmigración que competen únicamente al estado federal y que están garantizadas en la Constitución.
Entre los apartados más controvertidos que bloqueó el fallo de la juez Bolton en julio, destacó la disposición que permitía a la policía comprobar el estatus migratorio de cualquier persona si se tenía una “sospecha razonable” de que el individuo se encontraba en situación ilegal en Estados Unidos.
El gobierno del presidente Barack Obama sostiene que Arizona violó la Ley de Supremacía de la Constitución al buscar aplicar la política migratoria cuando se trata de una prerrogativa federal y no estatal. Unas 20 ciudades, además de asociaciones policiales de Estados Unidos, así como gobiernos extranjeros, han presentado mociones solidarias con la posición del gobierno federal.
Ante un panel de tres magistrados –dos de ellos latinos– de la novena corte de apelaciones, en San Francisco, que comenzó a analizar la ley Arizona, el viceabogado general de la nación, Edwin Kneedler, afirmó que la SB 1070 interfiere en las responsabilidades constitucionales de la admnistración federal.
Al responder a los argumentos del abogado de Arizona, John Bouma, acerca de que el gobierno central ha sido “incapaz” o no ha estado dispuesto a resolver el problema de la migración indocumentada en Estados Unidos, Kneedler pidió a los jueces imaginar cuál sería la política migratoria si se permite que cada uno de los estados aplique sus propias leyes de migración. “Sería un parche de estatutos”, apuntó.
Manifestó, asimismo, la preocupación del gobierno federal por el impacto de la SB 1070 en las comunidades locales, en el respeto a las libertades civiles y en el derecho de las personas a no ser sujetas a vigilancia.
Kneedler fue objeto de comentarios escépticos de los magistrados de la Corte, en especial de Carlos Tiburcio Bea, quien interrogó al abogado sobre los efectos que han tenido en la conducción de la política exterior de Estados Unidos los ordenamientos migratorios en Massachussets o Rhode Island.
También preguntó si el gobierno federal se opone a la deportación de inmigrantes indocumentados arrestados en Arizona ,a pesar de que algunos de ellos son criminales. Kneedler sostuvo que el gobierno federal no criminaliza la sola presencia indocumentada en el país.
El abogado de Arizona defendió previamentes la ley, al asegurar que el estado padece problemas derivados del tráfico de drogas y de armas, así como del contrabando de inmigrantes. “Hasta el presidente Barack Obama reconoce que el sistema federal de migración está descompuesto”, dijo.
Bea preguntó entonces a Bouma si, por ejemplo, una falla del gobierno federal para cobrar impuestos autoriza a California a cobrarlos en su lugar. El abogado respondió que Arizona sí tomaría la posición de requerir el pago de impuestos si hay incapacidad del gobierno federal. La Corte deberá fallar sobre si mantiene o levanta el bloqueo de partes clave de la ley Arizona, impulsada por la gobernadora republicana Jan Brewer y que entró en vigor el pasado 29 de julio, pero con sus partes más polémicas congeladas por decisión de la juez Susan Bolton.
Para Bolton, la normativa interfería con responsabilidades sobre inmigración que competen únicamente al estado federal y que están garantizadas en la Constitución.
Entre los apartados más controvertidos que bloqueó el fallo de la juez Bolton en julio, destacó la disposición que permitía a la policía comprobar el estatus migratorio de cualquier persona si se tenía una “sospecha razonable” de que el individuo se encontraba en situación ilegal en Estados Unidos.
El gobierno del presidente Barack Obama sostiene que Arizona violó la Ley de Supremacía de la Constitución al buscar aplicar la política migratoria cuando se trata de una prerrogativa federal y no estatal. Unas 20 ciudades, además de asociaciones policiales de Estados Unidos, así como gobiernos extranjeros, han presentado mociones solidarias con la posición del gobierno federal.
La Jornada, 2 de noviembre.
0 Responses to "Arizona defiende en la Corte la polémica ley SB 1070 que criminaliza la migració"
Publicar un comentario