Javier Hernández Valencia, representante del organismo, demandó al gobierno de México generar un entorno que garantice el ejercicio pleno de la libertad de expresión y ponga fin al clima de hostilidad que han enfrentado el diario editado en Acapulco, Guerrero, y su director, Juan Angulo Osorio.
Desde hace algunos años –recordó– este rotativo ha sufrido la merma intencionada de publicidad oficial, ha enfrentado demandas judiciales y auditorías que han sido señaladas por el mismo periódico como “formas de presión indebidas”, y su director ha sido obligado a declarar ante las instancias de procuración de justicia sin respetar el derecho a la reserva de las fuentes.
Angulo Osorio ofreció ayer una conferencia de prensa en la que reveló que quienes balearon la fachada y la redacción de El Sur también vaciaron un galón de gasolina y luego dispararon al charco del hidrocarburo con la intención de provocar un incendio, según determinaron peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Aunque no descartó la participación del crimen organizado, sugirió a las autoridades indagar el conflicto “casi personal” que mantiene con el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo y los intereses de los grupos económicos que pretenden construir presa La Parota.
“Hay mucho dinero de por medio y en el periódico se ha dado seguimiento a la lucha de los comuneros. Ésa puede ser una línea de investigación que nosotros pediríamos a las autoridades (que se siga)”, dijo.
En nombre de la administración de Torreblanca Galindo, el secretario de Gobierno, Israel Soberanis Nogueda, condenó el atentado y se solidarizó con el medio.
El presidente nacional de Convergencia, Luis Walton, condenó el ataque a las instalaciones del periódico y exigió a las autoridades una investigación a fondo.
Misael Habana, Sergio Ocampo y Georgina Saldierna, corresponsales y reportera, La Jornada, 12 de noviembre.
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