El testimonio de un menor de edad que logró escapar hace dos semanas de la finca bananera La Herradura, ubicada en Tapachula, Chiapas, permitió a las autoridades mexicanas realizar un seguimiento detallado a los encargados del rancho, que concluyó este fin de semana con un operativo exitoso en el que se rescató a 103 migrantes centroamericanos y cinco mexicanos que eran explotados, revelaron a La Jornada fuentes militares que participaron en el rescate.
Las víctimas, entre las que había 33 menores de edad, tres recién nacidos y una niña de 12 años embarazada, se encontraban en condiciones de explotación laboral y hacinamiento.
El testimonio de un adolescente, que tras escapar de la finca buscó el apoyo de las autoridades para denunciar el maltrato físico y las condiciones inhumanas a las que él y las otras víctimas eran sometidos, permitió al gobierno mexicano implementar un operativo y solicitar un cateo judicial en las instalaciones del rancho citado.
Las fuentes consultadas revelaron que el menor expuso que “los capataces” de la finca los mantenían privados de la libertad desde hace varias semanas. Según esta versión, el joven dijo a los agentes investigadores que durante el cautiverio los migrantes retenidos en La Herradura eran obligados a laborar más de 12 horas al día y sólo les daban una comida durante 24 horas, sin retribución salarial alguna.
Ayer, varios agentes del Ministerio Público Federal tomaban declaración a las ocho personas detenidas como probables responsables del delito de trata de personas con fines de explotación laboral.
En el operativo de rescate de los migrantes –entre los que se encuentran personas procedentes de Guatemala, El Salvador y Honduras– participaron elementos de la Fiscalía Especial para la Violencia cometida contra las Mujeres y la Trata de Personas (Fevimtra), agentes federales y elementos de la Armada de México.
Según las autoridades consultadas, 69 de los indocumentados rescatados (63 hombres y seis mujeres) fueron canalizados a la estación del Instituto Nacional de Migración en Tapachula para aclarar su estancia en el país. Las 39 personas restantes que fueron liberadas, incluidos los mexicanos, se encuentran rindiendo declaración ministerial ante el fiscal de la Federación adscrito a la Fevimtra, en Tapachula.
De acuerdo con reportes oficiales, 60 por ciento de las averiguaciones previas abiertas en la Fevimtra apuntan a los padres de menores víctimas de trata de personas como presuntos responsables de haber expuesto y/o vendido a sus hijos a las bandas delictivas.
El pasado 21 de octubre, al participar en la mesa redonda Niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados víctimas de la trata de personas, como parte de la Semana Nacional de la Migración, María Angélica Guerrero, jefa de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores y Órganos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), refirió que por lo menos desde hace una década proliferan en el país pequeñas bandas criminales que operan al margen de los grandes cárteles del narcotráfico y, que básicamente, se dedican a retener a migrantes en fincas para explotarlos.
Refirió que se trata de pequeñas bandas que pasan desapercibidas para las autoridades y de las que difícilmente se tiene un registro nacional, porque procuran mantenerse con bajo perfil.
Las víctimas, entre las que había 33 menores de edad, tres recién nacidos y una niña de 12 años embarazada, se encontraban en condiciones de explotación laboral y hacinamiento.
El testimonio de un adolescente, que tras escapar de la finca buscó el apoyo de las autoridades para denunciar el maltrato físico y las condiciones inhumanas a las que él y las otras víctimas eran sometidos, permitió al gobierno mexicano implementar un operativo y solicitar un cateo judicial en las instalaciones del rancho citado.
Las fuentes consultadas revelaron que el menor expuso que “los capataces” de la finca los mantenían privados de la libertad desde hace varias semanas. Según esta versión, el joven dijo a los agentes investigadores que durante el cautiverio los migrantes retenidos en La Herradura eran obligados a laborar más de 12 horas al día y sólo les daban una comida durante 24 horas, sin retribución salarial alguna.
Ayer, varios agentes del Ministerio Público Federal tomaban declaración a las ocho personas detenidas como probables responsables del delito de trata de personas con fines de explotación laboral.
En el operativo de rescate de los migrantes –entre los que se encuentran personas procedentes de Guatemala, El Salvador y Honduras– participaron elementos de la Fiscalía Especial para la Violencia cometida contra las Mujeres y la Trata de Personas (Fevimtra), agentes federales y elementos de la Armada de México.
Según las autoridades consultadas, 69 de los indocumentados rescatados (63 hombres y seis mujeres) fueron canalizados a la estación del Instituto Nacional de Migración en Tapachula para aclarar su estancia en el país. Las 39 personas restantes que fueron liberadas, incluidos los mexicanos, se encuentran rindiendo declaración ministerial ante el fiscal de la Federación adscrito a la Fevimtra, en Tapachula.
De acuerdo con reportes oficiales, 60 por ciento de las averiguaciones previas abiertas en la Fevimtra apuntan a los padres de menores víctimas de trata de personas como presuntos responsables de haber expuesto y/o vendido a sus hijos a las bandas delictivas.
El pasado 21 de octubre, al participar en la mesa redonda Niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados víctimas de la trata de personas, como parte de la Semana Nacional de la Migración, María Angélica Guerrero, jefa de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores y Órganos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), refirió que por lo menos desde hace una década proliferan en el país pequeñas bandas criminales que operan al margen de los grandes cárteles del narcotráfico y, que básicamente, se dedican a retener a migrantes en fincas para explotarlos.
Refirió que se trata de pequeñas bandas que pasan desapercibidas para las autoridades y de las que difícilmente se tiene un registro nacional, porque procuran mantenerse con bajo perfil.
Alfredo Méndez, La Jornada, 15 de noviembre.
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