SAN FRANCISCO.- El estado de Arizona pidió ayer a una corte de Apelaciones que permita que entre en efecto la Ley estatal antiinmigrante SB1070, argumentado que necesita actuar contra la presencia de personas sin documentos porque el Gobierno Federal no ha hecho ese trabajo.
La ley Arizona faculta a la Policía estatal y local a determinar el estatus migratorio de personas que por su apariencia sean "sospechosas" de ser indocumentadas. En julio, el Gobierno federal solicitó -y obtuvo- de una juez federal su suspensión porque considera que invade competencias que le son exclusivas.
El panel de tres jueces que ayer consideraba si se debe mantener dicha suspensión mientras se estudia la constitucionalidad de la SB1070 mostró escepticismo ante los argumentos del Gobierno de Arizona y del Gobierno Federal, y realizó preguntas que podrían abrir el camino a que partes de la misma entren en vigor.
La audiencia se llevó a cabo a solicitud del Gobierno de Arizona.
"No hay razones por las cuales Arizona debería esperar y sufrir las consecuencias de un sistema que no funciona, cuando tiene 15 mil oficiales bien entrenados, a quienes las autoridades de Washington no están dejando ayudar a arreglar el sistema", dijo al panel John Bouma, representante del estado.
En tanto, el abogado del Gobierno del Presidente Barack Obama, Edwin Kneedler, insistió en que con esta ley Arizona usurparía responsabilidades del ámbito federal.
El juez del Noveno Circuito John Noonan cuestionó a Kneedler sobre la validez de su argumento.
En general, los jueces dejaron entrever que podrían permitir que se apliquen los segmentos de la SB1070 que autorizan a los agentes estatales verificar el estatus migratorio de un detenido si hay evidencia suficiente para creer que éste ha cometido un delito.
Pero los magistrados también se mostraron escépticos con que entre en vigor una parte que prohíbe el trabajo de inmigrantes indocumentados, diciendo que las reglas federales evitan castigar a empleados mientras se determina su estatus migratorio.
En una jugada inusual, la Gobernadora de Arizona, Jan Brewer, se presentó en la corte para la audiencia.
La funcionaria busca reelegirse en las elecciones que tienen lugar hoy en Estados Unidos.
"Este va a ser un veredicto mixto", predijo David Levine, profesor de Leyes de la Universidad de California en Hastings.
En declaraciones a Los Angeles Times, el académico aseguró que gracias a eso es posible que la SB1070 acabe por resultar irrelevante.
La decisión de esta corte puede también ser apelada. Se espera que emita un veredicto en semanas o incluso meses.
La ley Arizona faculta a la Policía estatal y local a determinar el estatus migratorio de personas que por su apariencia sean "sospechosas" de ser indocumentadas. En julio, el Gobierno federal solicitó -y obtuvo- de una juez federal su suspensión porque considera que invade competencias que le son exclusivas.
El panel de tres jueces que ayer consideraba si se debe mantener dicha suspensión mientras se estudia la constitucionalidad de la SB1070 mostró escepticismo ante los argumentos del Gobierno de Arizona y del Gobierno Federal, y realizó preguntas que podrían abrir el camino a que partes de la misma entren en vigor.
La audiencia se llevó a cabo a solicitud del Gobierno de Arizona.
"No hay razones por las cuales Arizona debería esperar y sufrir las consecuencias de un sistema que no funciona, cuando tiene 15 mil oficiales bien entrenados, a quienes las autoridades de Washington no están dejando ayudar a arreglar el sistema", dijo al panel John Bouma, representante del estado.
En tanto, el abogado del Gobierno del Presidente Barack Obama, Edwin Kneedler, insistió en que con esta ley Arizona usurparía responsabilidades del ámbito federal.
El juez del Noveno Circuito John Noonan cuestionó a Kneedler sobre la validez de su argumento.
En general, los jueces dejaron entrever que podrían permitir que se apliquen los segmentos de la SB1070 que autorizan a los agentes estatales verificar el estatus migratorio de un detenido si hay evidencia suficiente para creer que éste ha cometido un delito.
Pero los magistrados también se mostraron escépticos con que entre en vigor una parte que prohíbe el trabajo de inmigrantes indocumentados, diciendo que las reglas federales evitan castigar a empleados mientras se determina su estatus migratorio.
En una jugada inusual, la Gobernadora de Arizona, Jan Brewer, se presentó en la corte para la audiencia.
La funcionaria busca reelegirse en las elecciones que tienen lugar hoy en Estados Unidos.
"Este va a ser un veredicto mixto", predijo David Levine, profesor de Leyes de la Universidad de California en Hastings.
En declaraciones a Los Angeles Times, el académico aseguró que gracias a eso es posible que la SB1070 acabe por resultar irrelevante.
La decisión de esta corte puede también ser apelada. Se espera que emita un veredicto en semanas o incluso meses.
Reforma, 2 de noviembre.
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