Piden cambios de estructuras en materia migratoria

La Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana (DPMH), instancia dependiente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), aseguró que para que se den “pasos firmes” en el respeto a los derechos humanos de los migrantes que transitan el territorio nacional hacia Estados Unidos se debe “pasar de los discursos a las acciones”, de los “aspectos mediáticos” a los “cambios de estructuras”.

Indicó que mientras se emiten palabras, en México los migrantes “siguen siendo secuestrados, torturados, asesinados y extorsionados”.

La religiosa Leticia Gutiérrez Valderrama, secretaria ejecutiva de la DPMH, señaló en entrevista que si el presidente Felipe Calderón dice “tener preocupación” por lo que ocurre, una señal en ese sentido sería publicar los cambios hechos por el Congreso a los artículos 67 y 113 de la Ley General de Población.

Llamó a la “congruencia” entre lo que se dice y lo que se hace; que el Presidente “del discurso se vaya al hecho”.

“Los cambios a los artículos 67 y 113 de la ley de población fueron aprobados por ambas cámaras; solo falta que el Presidente lo firme y lo haga público en el Diario Oficial. Ayer (el martes) él habló de hacer justicia a los 72 migrantes asesinados en San Fernando. Que en honor a ellos y a su discurso, que los publique”.

Gutiérrez indicó que las modificaciones a esos artículos permitirán que los migrantes víctimas de delincuentes puedan acudir a denunciar ante el Ministerio Público (MP) sin ser deportados, y también recibirán atención médica.

“Nosotros (la DPMH) peleamos por que se modificara el artículo 67, porque los migrantes no pueden hacer denuncias ante el MP por su situación migratoria irregular; las procuradurías y ministerios tienen la obligación de preguntar, antes de saber si son víctimas de un delito, su estatus migratorio. Como son irregulares, los entregan al Instituto Nacional de Migración para su deportación”, apuntó.

Añadió que a la DPMH también le preocupa que se “carezca de mecanismos efectivos para la atención a víctimas de secuestro. Solamente hay documentos firmados, pero no acciones concretas para reparar el daño, para que al migrante se le atienda y acompañe en su reinserción”.
Carolina Gómez Mena, La Jornada, 11 de noviembre.

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