Rechazan NOM en telecomunicaciones

Firmas del sector de telecomunicaciones rechazaron el proyecto de Norma Oficial Mexicana 184 que está orientado a transparentar los contratos de adhesión y garantizar mejores servicios para los consumidores, durante el proceso de consulta pública que abrió la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer).

Hasta ahora, sólo la Comisión Federal de Competencia (CFC) y diversas organizaciones no gubernamentales han recibido con buenos ojos la puesta en marcha de dicha regulación, dado los beneficios que genera en los mercados de televisión de paga, telefonía móvil, fija e internet.

En el año 2010 el monto reclamado a los proveedores del sector telecomunicaciones por incumplimiento en la prestación del servicio fue de 38.2 millones de pesos, según información de las autoridades.

“El proyecto que pretende este Comité expedir resulta inconstitucional, motivo por el cual no debe ser expedido, ni mucho menos entrar en vigor”, afirmó Carlos Morán Rodríguez, representante legal de Cablevisión, Bestphone, Operbes, Corporación de Radio y Televisión del Norte, Corp. Novavisión, Cablemás Telecomunicaciones, Cable y Comunicación de Campeche.

Telefónica México instó a la Secretaría de Economía (SE) y a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a desechar el Proyecto de NOM 184. O bien, “lo modifiquen de tal forma que no represente un caso de sobrerregulación en el sector de las telecomunicaciones y genere altos costos”, según Telefónica.

Gerardo Arturo Millán, a nombre de Axtel, consideró que no es necesario establecer modelos de contratos de adhesión, “ya que se le expone de forma clara al cliente los derechos y obligaciones a los cuales se estaría sujetando y es él que tiene la opción de aceptarlos o no”.

Nextel opinó que el proyecto de NOM tampoco tiene consideración alguna respecto del impacto económico y operativo que las disposiciones tienen sobre los proveedores o prestadores de servicios.

Eduardo Pérez Motta, presidente de la CFC, coincidió con el objetivo del anteproyecto, que permitiría a los consumidores de servicios de telecomunicaciones elegir de manera informada al proveedor que más le satisfaga de acuerdo a sus preferencias y condiciones de venta.

“El otorgamiento de información clara, precisa y suficiente por parte de los proveedores de servicios de telecomunicaciones, permitiría que los consumidores conozcan las características de los servicios que ofrece cada consumidor”, dijo.

Las multas establecidas en la NOM llegarían hasta 3.3 millones pesos. Esta situación favorecería la eficiencia del mercado de servicios de telecomunicaciones, al permitir que los consumidores comparen entre los distintos servicios que se ofrecen de manera informada y escojan el que más se adapte a sus necesidades, dijo Pérez Motta.

Ramiro Alonso, El Universal, 11 de junio.