El CEESP plantea cinco puntos para leyes secundarias educativas

Las cúpulas empresarial y patronal se pronunciaron porque leyes secundarias que se aprueben en materia de educación cumplan con los requisitos mínimos que demanda el desarrollo nacional.

Por un lado, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) planteó cinco aspectos que deberían contener dichas leyes para que la reforma educativa sea realmente eficiente, como evaluación universal docente, y que el Estado recupere la rectoría del sector educativo en materia de selección, permanencia y estímulos para los profesores.

“No hay razón para que el sindicato ejerza esta virtud cuando el Estado es el responsable principal de la calidad de la educación”, dijo.

Además, para el organismo empresarial, las escuelas deben gozar de una mayor autonomía de gestión, con el objetivo de mejorar constantemente su operación y ser propositivos en materia de propuestas para mejorar las prácticas pedagógicas con el fin de garantizar el mayor aprendizaje.

También propone una ampliación de los espacios de participación de los padres de familias y la sociedad en el sistema educativo y en los asuntos escolares es fundamental.

Y por último, consideró importante que se conforme un sistema nacional de información y comunicación que tenga como función tener informada a la sociedad acerca de los avances y resultados del sistema educativo.

Éxito o fracaso. Mientras, la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) sostuvo que las leyes secundarias determinarán el éxito o no de la reforma constitucional en materia educativa conseguida en febrero pasado. Por ello, expuso que la  Ley General de Educación debe incluirse expresamente la definición de calidad y sus componentes, explicando claramente las herramientas para medir y asegurar dicha calidad.

Además, debe establecer la certificación de profesores que imparten educación en instituciones particulares.

Respecto de la Ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, considera que debe enfocarse no sólo a la evaluación docente, sino contemplar igualmente las evaluaciones a los alumnos y, de ser posible, el monitoreo a los padres de familia, por medio de los Consejos Escolares de Participación Social.

El organismo patronal propuso la creación del Instituto de Formación y Desarrollo Docente que asuma responsabilidades en materia de formación, capacitación y desarrollo profesional de los maestros, directivos y personal de apoyo técnico pedagógico a nivel nacional.

Lindsay Esquivel, La Crónica, 19 de agosto.