El PAN propone reforma que concesiona la exploración y producción petrolera

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó ayer, por medio de sus legisladores, ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso una iniciativa de reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales en materia energética, en la que propone permitir la entrada de la iniciativa privada en la exploración y producción del petróleo y los hidrocarburos, y en el caso de la energía eléctrica permitir a particulares  la generación, transmisión, distribución y comercialización de la misma.

La iniciativa fue presentada en tribuna, en sendos discursos, por el diputado Luis Villarreal y el senador Francisco Domínguez, en una sesión  en la cual estuvieron presente el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero y presidentes de comités estatales de este partido.

El documento señala que la concurrencia de operadores estatales y privados, nacionales y extranjeros, junto con un adecuado régimen fiscal, garantizarán la maximización de la renta petrolera, en beneficio de todos los mexicanos.

Con la reforma al artículo 27 constitucional, el PAN establece que, tratándose del petróleo y de los hidrocarburos provenientes de formaciones geológicas, el Estado deberá garantizar el máximo beneficio de la renta petrolera para la nación, por conducto de los operadores que realicen las actividades de exploración y producción de esos recursos.

En la exposición de motivos se refiere que una mayor inversión en el sector petrolero, a través del sector privado, permitirá tener tecnología de punta y explorar en aguas profundas, algo que por su complejidad requiere de la inversión o coinversión en proyectos.

Señala que se requiere garantizar que las reservas de petróleo e hidrocarburos son propiedad de la nación, por lo que su registro corresponderá al Estado a través de un Fondo Mexicano del Petróleo, cuyo objetivo será además la administración de la renta petrolera.

El texto establece que Pemex y los demás operadores (particulares) deberán pagar los derechos del petróleo e hidrocarburos extraídos al Fondo Mexicano mencionado, que será el encargado de su administración, y asienta que los operadores “serán propietarios del petróleo y los hidrocarburos a partir del pago de los derechos en boca del pozo”.

Añade que “en su caso, el Fondo Mexicano del Petróleo podrá realizar la correspondiente comercialización del hidrocarburo y el operador recibirá la parte que le corresponda. El monto de los derechos a pagar dependerá del riesgo, los precios del petróleo, el tipo de yacimiento y recursos que contenga, así como las necesidades de inversión”.

La iniciativa indica que el Ejecutivo federal deberá ejecutar, en no más de diez años, un plan de adaptación tendiente a lograr la disminución de la dependencia fiscal de los recursos petroleros y a eliminar el pasivo laboral de Petróleos Mexicanos.

Además, los derechos de extracción que paguen los operadores serán administrados por el Fondo.

Durante la discusión del paquete económico propuesto por el Ejecutivo federal –añade—, la Cámara de Diputados determinará la parte del Fondo que seguirá siendo incorporada al Presupuesto de Egresos de la Federación, entendiendo que la misma será un porcentaje decreciente, y que al final del periodo de diez años el porcentaje que se apruebe no podrá ser mayor al 50 por ciento del recurso que se proyecte captar por el Fondo durante el ejercicio presupuestal.

El proyecto también establece que, tratándose de minerales radiactivos, no se podrán otorgar concesiones ni contratos.

En conferencia de prensa, el diputado Rubén Camarillo dijo que en el Consejo de Administración de Pemex “no tiene que  haber participación del sindicato” de esta paraestatal, y señaló que la de Pemex y el sindicato será una relación “como la que tiene cualquier empresa con su sindicato”.

De hecho, en el artículo sexto transitorio, los panistas establecen que la responsabilidad de la dirección y planeación de Pemex será atribución de su Consejo de Administración, que estará compuesto por cinco consejeros independientes, cuatro consejeros del gobierno y el secretario del ramo como presidente del Consejo, quien tendrá voto de calidad. El director de Pemex será nombrado por el Consejo.

La iniciativa señala que corresponde a la Comisión Reguladora de Energía el otorgamiento, la autorización y la revocación de permisos o concesiones para la generación y distribución de energía eléctrica que realicen los particulares, así como para la refinación, procesamiento, distribución, transporte y almacenamiento del petróleo y de los hidrocarburos.

En materia de energía eléctrica, los panistas establecen en su iniciativa que el Estado dictará las políticas en materia energética y tendrá a su cargo el operador del sistema eléctrico nacional; pero en los procesos de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica se abre a la participación de la iniciativa privada.

Al igual que Pemex, la Comisión Federal de Electricidad seguirá siendo propiedad del Estado, contará con autonomía de gestión, podrá determinar su mejor organización dentro del nuevo marco legal y no será parte del Presupuesto de Egresos, señala el proyecto.

Y añade que a propuesta de la Secretaría de Hacienda, la Cámara de Diputados aprobará el techo financiero, así como el nivel de capitalización al que Pemex y la CFE deberán sujetarse.

El texto menciona que la ley reglamentaria de la reforma constitucional propuesta establecerá las bases para que los operadores, es decir, el Estado y los particulares, o ambos, incorporen criterios y mejores prácticas en los temas de eficiencia de uso de energía, disminución en la generación de gases y compuestos de efectos invernadero, eficiencia en el uso de recursos naturales y baja generación de residuos y emisiones.

En tribuna, el diputado Villarreal expresó que “la izquierda institucional ha puesto sobre la mesa una propuesta que en su diagnóstico limita la discusión al tema petrolero. El reto es más amplio, es integral y el complejo”.

Y añadió:

“Transformar al sector ha sido una posición invariable como gobierno, y ahora lo es como oposición; la diferencia es que Acción Nacional no paga con mezquindad, la mezquindad que padeció cuando ocupó el gobierno durante 12 años”.

Blanca Estela Botello, La Crónica, 1º de agosto.