Adicionalmente, de acuerdo con el texto de la iniciativa, se propiciará una mayor integración en la cadena de valor a partir de la extracción de los hidrocarburos, lo cual permitirá un abasto suficiente de gasolinas, gas metano y gas licuado de petróleo, a precios competitivos.
Reunido en Los Pinos con su gabinete legal, líderes sindicales, legisladores y empresarios, rectores y académicos, el Ejecutivo federal dejó en claro que la iniciativa que enviará al Congreso se basa en las ideas fundamentales “palabra por palabra” de las reformas del presidente Lázaro Cárdenas del Río consecuentes con la expropiación petrolera de 1938 y de forma análoga se retoman las ideas que guiaron las reformas legales cardenistas en materia eléctrica que buscaban un sistema nacional eléctrico regulado por el Estado.
En la exposición de motivos de la iniciativa, el presidente Peña Nieto estableció que al compartir los principios nacionalistas, el nuevo modelo propuesto pretende contar con contratos eficientes para la exploración y extracción celebrados con el Ejecutivo federal; participación de terceros en toda la cadena de valor de los hidrocarburos; se mantiene la propiedad de la Nación sobre los hidrocarburos en el subsuelo, sólidos, líquidos y gaseosos en todo momento; mantiene la prohibición de otorgar concesiones; autoriza, a partir de permisos otorgados por el Ejecutivo federal, la participación de terceros en refinación, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos sin que se ponga en riesgo la propiedad de nuestros recursos.
Entre los objetivos de la política de hidrocarburos, a partir de la reforma se espera lograr tasas de restitución de reservas probadas de petróleo y gas superiores al 100 ciento; incrementar la producción de petróleo, de 2.5 millones de barriles diarios actualmente, a tres millones en 2018, así como a 3.5 millones en 2025.
En el caso del gas natural, la producción aumentaría de los 5 mil 700 millones de pies cúbicos diarios que se producen actualmente, a 8 mil millones en 2018, así como a 10 mil 400 millones en 2025.
El incremento en la inversión y la producción incidirá favorablemente en el crecimiento del PIB y en la generación de empleos, al mismo tiempo que permitirá la obtención de recursos fiscales adicionales.
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