Aprueba el Senado en lo general el paquete económico, con apoyo de 11 perredistas

El Senado aprobó anoche en lo general el paquete económico y fiscal para el próximo año, entre fuertes críticas de PAN, PRD y PT al ordenamiento que crea nuevos impuestos.
Hubo enfrentamientos verbales entre perredistas y panistas, y el enojo de estos últimos por la posición inamovible del PRI y sus aliados, que los llevó a plantear, en voz de Javier Corral, que su partido salga del Pacto por México.
La reforma, que se aprobó con 73 votos en favor y 50 en contra, ya que a las bancadas de PRI y el Verde se sumaron 11 senadores del PRD, entre ellos el coordinador, Miguel Barbosa, y el guerrerense Armando Ríos Piter.
Por la noche, cuando ya habían pasado casi ocho horas de discusión, el senador panista Ernesto Ruffo señaló que al igual que lo hizo con la reforma fiscal, también votará en contra de la energética. Anunció en tribuna que hay otros 16 integrantes de su bancada que pueden también sumar su voto para echar abajo la modificación a los artículos 27 y 28 constitucionales, propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto.
La discusión en lo particular se prolongará hasta la madrugada de este miércoles, ya que a las 11 de la noche estaban inscritos 193 oradores para modificar 78 artículos y eliminar, entre otros puntos, la homologación del IVA en la frontera, y regresar a los patrones la posibilidad de deducir en su totalidad el pago de prestaciones sociales a los trabajadores. Sin embargo, era un hecho que el PRI, sus aliados del Verde Ecologista y algunos perredistas conformaban la mayoría necesaria para impedir todo cambio.
Una veintena de senadores del PAN, entre ellos los de estados fronterizos, subieron a tribuna para sostener que se trata de una reforma hacendaria “regresiva”, que sólo ahondará la recesión, provocará que se pierdan empleos e incrementará la carga impositiva a la mayoría de los mexicanos.
“Adiós al pacto”Ante ello, Javier Corral Jurado advirtió que es momento de que Acción Nacional replantee su relación con el gobierno federal y concluya su participación en el Pacto por México.
“¿Le es moralmente permitido al PAN seguir de la mano del gobierno de Enrique Peña Nieto?”, preguntó e insistió en que “sería suicida y autodestructivo mantenernos en el Pacto por México tras esta reforma fiscal, tras la forma tan desdeñosa con que el PRI y el gobierno han tratado nuestros planteamientos”.
Durante el largo debate del dictamen en lo particular, que se inició pasadas las tres de la tarde –en el que intervinieron 41 oradores–, los panistas recriminaron a los senadores del PRD que votaron junto con el PRI esa reforma, en lugar de integrar un frente opositor que habría permitido echar abajo la miscelánea fiscal.
Las baterías de los panistas se enfocaron contra el perredista Armando Ríos Piter, a quien el panista Martín Orozco acusó de cambiar el bienestar del país por mayores recursos para Guerrero, y lo mismo hizo después Francisco Domínguez. También Layda Sansores, de Movimiento Ciudadano, lamentó que algunos perredistas hubieran “doblado las rodillas”.
Sansores sostuvo que “la vida del PRD no se agota en el Distrito Federal ni en negociar gubernaturas”. Reconoció, sin embargo, a los nueve perredistas que votarían en contra de esa reforma en lo general y lo particular, entre ellos Dolores Padierna, Alejandro Encinas, Manuel Camacho, Adán Augusto López, Fernando Mayans y Lorena Cuéllar.
Encinas recalcó que resultan “deleznables” las prácticas adoptadas durante los pasados años, “donde se pretende condicionar la asignación de recursos presupuestales al voto en favor de las reformas impositivas”, y que “las cúpulas partidarias inducen el voto de legisladores contra sus convicciones”.
Aclaró, luego, que el fondo de capitalidad y de incorporación del Distrito Federal al ramo 33, en materia de infraestructura social, “no es una concesión graciosa ni una moneda de cambio”. Sostuvo que no han cedido a “este chantaje convertido hoy en una política de extorsión” y votarían “defendiendo nuestras convicciones”.
La confrontación subió de tono cuando el panista Javier Lozano, ex secretario del Trabajo, exigió al coordinador perredista Miguel Barbosa “cumplir con su palabra” y no aprobar una reforma que creará un seguro de desempleo con recursos de los trabajadores. “Usted no tiene autoridad moral para hablar de ese tema, cuando echó a la calle a 40 mil sindicalizados”, le respondió Dolores Padierna.
Barbosa, en tanto, sostuvo que la bancada del PAN quiere echar abajo toda la reforma, “por rencor” de integrantes de la administración pasada contra el gobierno que los sustituyó en la Presidencia. Antes, en conferencia de prensa, resaltó que los de Acción Nacional nunca han sido solidarios con las clases medias ni con las populares, y denunció que las más de 40 reservas que los panistas presentaron “se las dictaron los cabilderos”.
El senador Marco Antonio Blásquez, del PT, pidió no traicionar a los habitantes de Baja California, que están en contra de que el IVA se eleve en las zonas fronterizas. “No vamos a tomaraeropuertos ni hacer otros desfiguros”, dijo, pero aclaró que pueden analizar que la entidad salga del pacto federal.
Por el PRI y el Verde sólo cuatro senadores subieron a defender la reforma. El presidente de la Comisión de Hacienda, Francisco Yunes, la calificó “de gran calado”, ya que, dijo, establece una nueva estructura del impuesto sobre la renta (ISR) con tasas aplicables al uno por ciento de los contribuyentes de mayores ingresos. Resaltó el establecimiento de un gravamen a los ingresos por distribución de dividendos o por ganancias de capital en la bolsa.
Encinas, sin embargo, subrayó que el gobierno federal pretende “imponer una política eminentemente recaudatoria para mitigar el boquete fiscal que implicaría el cambio de régimen impositivo de Pemex, alentando el endeudamiento nacional y cargando de nueva cuenta la mano, como siempre, a los causantes cautivos, a los sectores medios y en particular al ingreso de los trabajadores”.
El coordinador del PT, Manuel Bartlett, hizo notar que en realidad se dejan intactos los privilegios de los grandes contribuyentes, y en la bolsa lo que se gravan son los ahorros de los trabajadores.
Padierna denunció que los consorcios de telecomunicaciones no pagarán 7 mil millones de pesos, por la rebaja en el pago de derechos. Al cierre de esta edición continuaba la discusión en lo particular. Se votaba el artículo 2 C de la Ley del IVA, que extiende y uniforma a 16 por ciento ese gravamen en la frontera.

Andrea Becerril y Víctor Ballinas, La Jornada, 30 de octubre.