Los jueces sí cooperan, los diputados no

El Poder Legislativo se mostró renuente a informar con puntualidad sobre sus acciones para el cumplimiento del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. En contraste, el Poder Judicial es de los más cooperativos. Así lo aseguró María Elena Morera, integrante del comité civil y académico que da seguimiento a los avances.

En vísperas de la primera evaluación al cumplimiento de los 74 compromisos contenidos en el acuerdo, asumido hace 100 días, la también presidenta de México Unido contra la Delincuencia indicó que en la recopilación de datos para estimar los avances “hubo ciertamente autoridades mucho más abiertas con la sociedad, como es el Consejo de la Judicatura, y otras mucho más cerradas, como el Poder Legislativo”.

El 21 de agosto representantes de los tres Poderes de Unión, de los tres niveles de gobierno, de la sociedad y de las agrupaciones religiosas y empresariales firmaron el acuerdo, cuyo avance en el cumplimiento será evaluado hoy, al cumplirse 100 días de su adopción, en una reunión del Consejo Nacional de Seguridad.

En ese tenor, el Poder Legislativo no entregará muy buenas cuentas, pues de los siete compromisos que suscribió, sólo concluyó uno: fortalecer presupuestariamente los programas y las acciones en materia de seguridad. El Congreso ofreció que en este periodo ordinario de sesiones tramitaría las iniciativas que en materia de justicia y seguridad pública le presentó el Ejecutivo, establecer las competencias concurrentes para el combate al narcomenudeo, y prever reglas para impedir la preliberación y otros beneficios en delitos como el plagio, así como impulsar una ley general del delito de secuestro.

Aun cuando la Cámara de Diputados estuvo cerca de aprobar la Ley del Sistema Nacional de Seguridad, diferencias entre bancadas difirió el asunto para el martes.

Los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Gustavo Madero y César Duarte, respectivamente, insistieron en que el Legislativo no está sujeto al plazo perentorio de los 100 días.

Madero dijo que en el informe que presentará hoy en la sesión evaluadora se precisará que el compromiso del Congreso es elaborar los dictámenes sobre las iniciativas de seguridad pública antes del 15 de diciembre, cuando concluya el periodo ordinario de sesiones y no en el plazo de 100 días.

Duarte, en tanto, señaló que de nada valdría cumplir con los 100 días y luego que las acciones que se acuerden no sirvan.

Lo importante, consideró, es que los resultados del combate a la delincuencia se reflejen en las calles, y destacó la necesidad de tener listo el contexto jurídico antes de concluir este año.

A su vez, el presidente de la Comisión de Gobernación del Senado, Jesús Murillo Karam, reconoció que en la reunión de hoy los legisladores “no tenemos ninguna cuenta que entregar”, debido a que se estableció que el plazo para tener lista la reforma de justicia es dentro del periodo ordinario de sesiones, que concluye el 15 de diciembre.

A los legisladores y a los jueces, aseguró, no se les puede imponer plazos, porque lo importante es que hagan un buen trabajo.

“Sería gravísimo acotar el tiempo para sacar lo que sea en lugar de sacar lo mejor”, sostuvo.

Milenio, 28 de noviembre.