Como parte de las dos sesiones públicas del Consejo General que se realizarán hoy, el IFE pretende perfilar los criterios sobre el posible desvío de recursos públicos o la utilización de la investidura oficial en favor de un partido. De ahí que la prohibición a la asistencia de eventos partidistas en días hábiles comenzará a operar a partir del arranque de las precampañas, el próximo 31 de enero.
Las restricciones incluyen además pronunciamientos de los funcionarios en favor o en contra de partidos o candidatos “en cualquier tiempo”, e igualmente se prohíbe el uso de recursos públicos para “influir o inducir a través de la publicidad por cualquier medio, el sentido del voto de los militantes o electores”.
En los proyectos de acuerdo se reproducen además disposiciones ya incluidas en la legislación electoral, como el condicionamiento de la entrega de bienes de programas sociales o la provisión de obras públicas a la promesa del voto en un sentido específico. Igualmente se prohíbe la “entrega de recursos con elementos o símbolos que conlleven la promoción del voto en favor o en contra de determinado partido, candidato o precandidato”.
Otra disposición impide a los funcionarios que, abusando de su jerarquía, se obligue a los subordinados a apoyar o emitir votos a favor de un candidato o partido.
Por lo que corresponde a las restricciones temporales de la propaganda gubernamental, la propuesta que deberá votar el Consejo General se recuerda que no habrá publicidad oficial durante las campañas, periodo comprendido entre el 3 de mayo y el 5 de julio. Sólo se permitirán las campañas de protección civil, salud, educación y promoción turística, siempre y cuando no se asocie a los gobiernos federal o estatales.
En el caso de los rubros de salud y educación, sólo se permitirán mensajes relacionados con disposiciones gubernamentales o campañas, no así los que se refieran a obras públicas aunque estén asociados a dichos sectores.
Asimismo, en los programas de la Hora Nacional, tendrá que suprimirse cualquier alusión “a la propaganda gubernamental de poderes o de cualquier ente público”. De igual forma se indica que la publicidad en los portales institucionales de Internet podrá permanecer “siempre y cuando tengan carácter informativo para la realización de trámites o servicios y no se emitan en los mismos logros en su favor”.
En cuanto a las regulaciones en materia de precampañas y campañas, se subrayan las restricciones que regirán entre el 31 de enero y el 11 de marzo, periodo durante el cual los precandidatos y partidos podrán publicitarse. En la propaganda deberá hacerse explícita la condición de precandidato y, en los casos donde aparezcan dos o más, deberá especificarse.
“Serán actos anticipados de campañas aquellos que se lleven a cabo por precandidatos, precandidatos electos o postulados, partidos, coaliciones, con mensajes alusivos al proceso electoral federal a partir del 12 de marzo o del día siguiente a aquel que un partido o coalición haya fijado como fecha límite de su proselitismo”. A más tardar en la fecha citada deberá quedar retirada toda propaganda impresa, exterior, de Internet o cualquier otro medio para dar paso al periodo de veda.
Los partidos podrán desplegar propaganda genérica al término de las precampañas cuando ésta no aluda a la promoción de voto a favor del partido o coalición. En cualquier caso, las quejas que se presenten se desahogarán por el procedimiento especial sancionador.
Alonso Urrutia, La Jornada, 29 de enero.
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