La PGR explicó que la radiodifusora fue desmantelada por no cumplir con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales, la cual señala en sus artículos 149 y 150 una sanción de 2 a 12 años de cárcel y multa de 300 a mil veces el salario mínimo a quien use, aproveche o explote un bien que pertenezca a la nación, sin haber obtenido previamente la concesión, permiso o autorización, o tener algún contrato con la autoridad competente.
La dependencia dio a conocer además que la acción se realizó bajó la orden de cateo 97/2009, otorgada por el juzgado tercero penal federal especializado en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones, la cual fue cumplida por elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSP), según el expediente 17/UEIDAPLE/LE/12/2009.
Junto con los agentes federales, participaron en el desmantelamiento de esta estación de radio comunitaria personal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales (UEIDAPLE), y de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), quienes atestiguaron cómo se aseguraron los equipos con los que operaba clandestinamente la citada estación de radio.
Entre este equipo se encontraban dos computadores con sus respectivas unidades de CPU, monitor, teclado y mouse; dos micrófonos, una mezcladora, una consola o transmisor, una línea de transmisión, un amplificador de señal y diversos aparatos electrónicos y CD.
Esta es la segunda vez que esta estación de radio es suspendida de sus operaciones, ya que el pasado 2 de diciembre un grupo de supuestos agentes federales encapuchados irrumpió violentamente en las instalaciones y canceló las trasmisiones del colectivo, que encabezaba supuestamente el estudiante Juan José Andrade.
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