El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia, pidió al Legislativo una reforma para fincar responsabilidades políticas, administrativas y hasta penales a los funcionarios que rechacen o incumplan las recomendaciones de la CNDH.
Anticipó por ello que en los próximos días hará llegar su propuesta en ese sentido a los diputados y senadores: “Me parece que es muy importante que se hagan reformas para terminar de una vez por todas con esa idea de que se emiten recomendaciones, no se cumplen, no se aceptan y no pasa absolutamente nada”, puntualizó.
El titular de la CNDH señaló a los gobernadores de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez; Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo; Morelos, Marco Antonio Adame Castillo y de Oaxaca, Ulises Ruiz; al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard; así como a los secretarios de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa y del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, como algunas de las autoridades que en 2009 se negaron a admitir las recomendaciones del organismo.
“Por ello, considero oportuno fortalecer el trabajo de la CNDH a través de las reformas legales necesarias para que los funcionarios públicos que no acepten las recomendaciones o no cumplan las mismas, cuando hayan sido aceptadas, comparezcan ante las comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y del Senado para fundar y motivar sus acciones u omisiones, y en todo caso, se les puedan fincar responsabilidades administrativas y penales”, dijo.
El ombudsman detalló ante los legisladores que las autoridades más frecuentemente señaladas por hechos presuntamente violatorios de los derechos humanos el año pasado fueron la Secretaría de la Defensa Nacional, IMSS y PGR.
En ese contexto, sostuvo que el Ejército no debe cumplir funciones de policía y dijo que la actual participación militar en esas tareas sólo puede explicarse como “una actividad transitoria y de emergencia”.
Plascencia indicó que la superación de la impunidad es uno de los grandes retos para los próximos años, pues ello no sólo desalienta la labor de las autoridades, sino además genera una percepción negativa entre los ciudadanos.
También hizo un llamado a superar urgentemente la impunidad que representa el hecho de que por cada 100 delitos cometidos en México, apenas dos
delincuentes vayan a prisión.
Al presentar su informe anual de actividades ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el ombudsman sostuvo que la creciente inseguridad lastima profundamente a la sociedad y cobra la vida de muchos mexicanos, como lo confirman las 8 mil ejecuciones atribuidas al narcotráfico durante 2009.
Más aún, alertó, el país vive hoy en una “gran tensión social”, como consecuencia no sólo de la inseguridad pública, sino también de la agudización de las desigualdades y la polarización política.
Sostuvo que la crisis económica, la inseguridad social, la desconfianza de la población hacia las instituciones e incluso el entorno global contribuyeron a incrementar la actividad delictiva en 2009.
“Secuestros, robos, atentados contra migrantes, abusos a los grupos más vulnerables, así como la imposibilidad real de disponer de recursos suficientes para enfrentar los principales reclamos sociales por parte del Estado, generaron un sinnúmero de situaciones críticas en el país”, agregó.
- Claves
Mal año
• El ombudsman Raúl Plascencia señaló que 2009 se convirtió en el año con más atentados y agravios contra periodistas y defensores civiles, lo que dio lugar a la radicación de 105 quejas.
• Instó a las autoridades a indagar y agotar todas las líneas de investigación para garantizar condiciones de seguridad en su ejercicio profesional.
• La CNDH atendió en 2008 7 mil 703 expedientes de queja y emitió 78 recomendaciones a más de 100 autoridades e instancias federales y locales.
Anticipó por ello que en los próximos días hará llegar su propuesta en ese sentido a los diputados y senadores: “Me parece que es muy importante que se hagan reformas para terminar de una vez por todas con esa idea de que se emiten recomendaciones, no se cumplen, no se aceptan y no pasa absolutamente nada”, puntualizó.
El titular de la CNDH señaló a los gobernadores de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez; Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo; Morelos, Marco Antonio Adame Castillo y de Oaxaca, Ulises Ruiz; al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard; así como a los secretarios de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa y del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, como algunas de las autoridades que en 2009 se negaron a admitir las recomendaciones del organismo.
“Por ello, considero oportuno fortalecer el trabajo de la CNDH a través de las reformas legales necesarias para que los funcionarios públicos que no acepten las recomendaciones o no cumplan las mismas, cuando hayan sido aceptadas, comparezcan ante las comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y del Senado para fundar y motivar sus acciones u omisiones, y en todo caso, se les puedan fincar responsabilidades administrativas y penales”, dijo.
El ombudsman detalló ante los legisladores que las autoridades más frecuentemente señaladas por hechos presuntamente violatorios de los derechos humanos el año pasado fueron la Secretaría de la Defensa Nacional, IMSS y PGR.
En ese contexto, sostuvo que el Ejército no debe cumplir funciones de policía y dijo que la actual participación militar en esas tareas sólo puede explicarse como “una actividad transitoria y de emergencia”.
Plascencia indicó que la superación de la impunidad es uno de los grandes retos para los próximos años, pues ello no sólo desalienta la labor de las autoridades, sino además genera una percepción negativa entre los ciudadanos.
También hizo un llamado a superar urgentemente la impunidad que representa el hecho de que por cada 100 delitos cometidos en México, apenas dos
delincuentes vayan a prisión.
Al presentar su informe anual de actividades ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el ombudsman sostuvo que la creciente inseguridad lastima profundamente a la sociedad y cobra la vida de muchos mexicanos, como lo confirman las 8 mil ejecuciones atribuidas al narcotráfico durante 2009.
Más aún, alertó, el país vive hoy en una “gran tensión social”, como consecuencia no sólo de la inseguridad pública, sino también de la agudización de las desigualdades y la polarización política.
Sostuvo que la crisis económica, la inseguridad social, la desconfianza de la población hacia las instituciones e incluso el entorno global contribuyeron a incrementar la actividad delictiva en 2009.
“Secuestros, robos, atentados contra migrantes, abusos a los grupos más vulnerables, así como la imposibilidad real de disponer de recursos suficientes para enfrentar los principales reclamos sociales por parte del Estado, generaron un sinnúmero de situaciones críticas en el país”, agregó.
- Claves
Mal año
• El ombudsman Raúl Plascencia señaló que 2009 se convirtió en el año con más atentados y agravios contra periodistas y defensores civiles, lo que dio lugar a la radicación de 105 quejas.
• Instó a las autoridades a indagar y agotar todas las líneas de investigación para garantizar condiciones de seguridad en su ejercicio profesional.
• La CNDH atendió en 2008 7 mil 703 expedientes de queja y emitió 78 recomendaciones a más de 100 autoridades e instancias federales y locales.
Fernando Damián, Milenio, 28 de enero.
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