En el contexto de la discusión de una reforma fiscal, así como una reforma de Estado, el sector empresarial se manifestó a favor de imponer un impuesto generalizado al consumo y eliminar el Impuesto sobre la Renta (ISR), en caso contrario, se fomentaría el riesgo de perder el grado de inversión.
Armando Paredes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo estar en favor de la imposición de un impuesto generalizado al consumo, sin precisar la tasa, y acusó a los partidos de privilegiar sus propios intereses políticos.
“En la reforma que pretenden modernizar al país hay intereses de tipo político que obstaculizan la aprobación de las reformas que requiere el país para modernizarse; eso no es aceptable y nos genera una enorme preocupación”, dijo el representante del sector empresarial.
La Confederación Patronal de México (Coparmex) dijo que la reforma política del Ejecutivo va en el sentido correcto; “ahora corresponde a los legisladores enriquecerla y no bloquearla. Si nuestra economía muestra signos de estancamiento y crisis, se debe a las serias deficiencias de nuestro sistema político”, dijo el organismo en un comunicado.
Lo ideal para las empresas sería pagar sólo el Impuesto Empresarial a Tasa Única que tenga una tasa competitiva y que sea “fácil de pagar”, dijo Paredes.
El sector proyecta que este año la economía mexicana crecerá arriba de 4% y se generarán entre 400 y 500 mil empleos al año, aunque, de aprobarse las reformas, la expectativa sería mejor.
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) pide que se aplique un único impuesto general que “termine con los privilegios fiscales, aumentar los ingresos tributarios del país, y un impuesto generalizado a productos y servicios”. En comunicado, el organismo apoya un IVA generalizado de 12% y un Impuesto sobre la Renta (ISR) de 25%, con la creación de una canasta básica de exención de medicinas y alimentos.
El Congreso de la Unión aprobó en noviembre de 2009 las modificaciones fiscales que, en su mayoría, entraron en vigor el 1 de enero pasado.
Según la consultoría PricewaterhouseCoopers, el objetivo de la reforma fiscal es adoptar medidas tendientes a superar la contingencia económica en el corto plazo y fortalecer el sistema impositivo debido a la situación por la que atraviesan las finanzas públicas como consecuencia del impacto negativo de un entorno financiero y económico mundial desfavorable, por lo que las distintas modificaciones a las disposiciones fiscales son recaudatorias.
Blanca García Ocampo, presidenta de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP), dijo que en la discusión de la reforma fiscal se optará por la creación de un solo impuesto, ya sea ISR o IETU, y que, en todo caso, se busque la forma de ampliar la base gravable.
La declaración se dio durante la firma del convenio entre la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco) y la AMCP, cuyo objetivo es asesorar a pymes que no saben utilizar la factura electrónica, otra de las nuevas disposiciones del código fiscal.
Arturo Mendicuti, presidente de la Canaco, dijo que existe un universo de 179 mil negocios que no saben operar una factura electrónica, por lo cual, la Federación concedió iniciar con las sanciones hasta 2011 para este sector.
Armando Paredes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo estar en favor de la imposición de un impuesto generalizado al consumo, sin precisar la tasa, y acusó a los partidos de privilegiar sus propios intereses políticos.
“En la reforma que pretenden modernizar al país hay intereses de tipo político que obstaculizan la aprobación de las reformas que requiere el país para modernizarse; eso no es aceptable y nos genera una enorme preocupación”, dijo el representante del sector empresarial.
La Confederación Patronal de México (Coparmex) dijo que la reforma política del Ejecutivo va en el sentido correcto; “ahora corresponde a los legisladores enriquecerla y no bloquearla. Si nuestra economía muestra signos de estancamiento y crisis, se debe a las serias deficiencias de nuestro sistema político”, dijo el organismo en un comunicado.
Lo ideal para las empresas sería pagar sólo el Impuesto Empresarial a Tasa Única que tenga una tasa competitiva y que sea “fácil de pagar”, dijo Paredes.
El sector proyecta que este año la economía mexicana crecerá arriba de 4% y se generarán entre 400 y 500 mil empleos al año, aunque, de aprobarse las reformas, la expectativa sería mejor.
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) pide que se aplique un único impuesto general que “termine con los privilegios fiscales, aumentar los ingresos tributarios del país, y un impuesto generalizado a productos y servicios”. En comunicado, el organismo apoya un IVA generalizado de 12% y un Impuesto sobre la Renta (ISR) de 25%, con la creación de una canasta básica de exención de medicinas y alimentos.
El Congreso de la Unión aprobó en noviembre de 2009 las modificaciones fiscales que, en su mayoría, entraron en vigor el 1 de enero pasado.
Según la consultoría PricewaterhouseCoopers, el objetivo de la reforma fiscal es adoptar medidas tendientes a superar la contingencia económica en el corto plazo y fortalecer el sistema impositivo debido a la situación por la que atraviesan las finanzas públicas como consecuencia del impacto negativo de un entorno financiero y económico mundial desfavorable, por lo que las distintas modificaciones a las disposiciones fiscales son recaudatorias.
Blanca García Ocampo, presidenta de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP), dijo que en la discusión de la reforma fiscal se optará por la creación de un solo impuesto, ya sea ISR o IETU, y que, en todo caso, se busque la forma de ampliar la base gravable.
La declaración se dio durante la firma del convenio entre la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco) y la AMCP, cuyo objetivo es asesorar a pymes que no saben utilizar la factura electrónica, otra de las nuevas disposiciones del código fiscal.
Arturo Mendicuti, presidente de la Canaco, dijo que existe un universo de 179 mil negocios que no saben operar una factura electrónica, por lo cual, la Federación concedió iniciar con las sanciones hasta 2011 para este sector.
Ramiro ALonso y agencias, El Universal, 29 de enero.
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