A pesar de la participación del Ejército en la lucha para combatir el crimen organizado y el despliegue de policías federales en varias entidades, “no se ha logrado frenar la violencia; en 2009 ocurrieron 6 mil 500 asesinatos relacionados con el narcotráfico”, denuncian la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés); el visitador de la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua, Gustavo de la Rosa, y la directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) en un memorando enviado al Congreso de Estados Unidos.
Las organizaciones precisan en el documento que entre diciembre de 2006 y diciembre de 2009 ocurrieron más de 15 mil ejecuciones en el país, de las cuales, aproximadamente 35 por ciento tuvieron lugar en el estado de Chihuahua.
Ante la violencia en esa entidad –señalan–, el gobierno federal anunció en abril de 2008 el operativo conjunto Chihua- hua, por lo que “más de 8 mil elementos policiacos y militares fueron enviados al estado, pero aun así la violencia no ha disminuido; al contrario, las extorsiones, robos y asesinatos aumentaron significativamente”.
Asimismo, informan a los legisladores estadunidenses que “el 13 de enero de este año, el gobierno mexicano anunció la transferencia gradual del control de dicho operativo a la Policía Federal, con un nuevo nombre a esa estrategia: Operación coordinada Chihuahua, con 2 mil policías federales adicionales; se dijo que los militares sólo patrullarán y monitorearán zonas rurales de la entidad, harán trabajo de inteligencia y montarán retenes estratégicos”.
Además, sostienen que el gobierno no previó que la presencia de 8 mil soldados y policías federales provocaría un grave impacto en la población: las mujeres han sido hostigadas sexualmente en retenes de seguridad, ya que encabezan la búsqueda de justicia para sus familiares detenidos y desaparecidos.
Denuncian que en Chihuahua se tienen documentadas 12 violaciones sexuales tumultuarias contra mujeres, “perpetradas por hombres armados entre 2008 y 2009, y en el contexto de inseguridad e impunidad, es difícil saber si los responsables son militares, policías o grupos de la delincuencia organizada. Las afectadas tienen miedo a denunciar porque son amenazadas de muerte”.
El Cedehm señala que el pasado 4 de noviembre, Claudia fue retenida en Ciudad Juárez por militares, quienes le pidieron que descendiera de su vehículo para revisarlo, a lo que ella accedió: “Le tocaron el cuerpo mientras le decían: ‘qué rico hueles, güerita’. Se burlaban de ella, la recargaron en la camioneta y le tocaron sus partes íntimas. Ella no es la única afectada, hay otras mujeres que han sufrido lo mismo”.
El visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos narra el testimonio de María: “la policía me detuvo y un agente me pidió poner las manos sobre el techo del automóvil para una revisión. Tocaron todo mi cuerpo, especialmente entre el busto y las piernas; era una mujer policía la que me toqueteaba y los hombres sólo se reían. Me dio mucho coraje; es un claro abuso de autoridad”.
Las organizaciones precisan en el documento que entre diciembre de 2006 y diciembre de 2009 ocurrieron más de 15 mil ejecuciones en el país, de las cuales, aproximadamente 35 por ciento tuvieron lugar en el estado de Chihuahua.
Ante la violencia en esa entidad –señalan–, el gobierno federal anunció en abril de 2008 el operativo conjunto Chihua- hua, por lo que “más de 8 mil elementos policiacos y militares fueron enviados al estado, pero aun así la violencia no ha disminuido; al contrario, las extorsiones, robos y asesinatos aumentaron significativamente”.
Asimismo, informan a los legisladores estadunidenses que “el 13 de enero de este año, el gobierno mexicano anunció la transferencia gradual del control de dicho operativo a la Policía Federal, con un nuevo nombre a esa estrategia: Operación coordinada Chihuahua, con 2 mil policías federales adicionales; se dijo que los militares sólo patrullarán y monitorearán zonas rurales de la entidad, harán trabajo de inteligencia y montarán retenes estratégicos”.
Además, sostienen que el gobierno no previó que la presencia de 8 mil soldados y policías federales provocaría un grave impacto en la población: las mujeres han sido hostigadas sexualmente en retenes de seguridad, ya que encabezan la búsqueda de justicia para sus familiares detenidos y desaparecidos.
Denuncian que en Chihuahua se tienen documentadas 12 violaciones sexuales tumultuarias contra mujeres, “perpetradas por hombres armados entre 2008 y 2009, y en el contexto de inseguridad e impunidad, es difícil saber si los responsables son militares, policías o grupos de la delincuencia organizada. Las afectadas tienen miedo a denunciar porque son amenazadas de muerte”.
El Cedehm señala que el pasado 4 de noviembre, Claudia fue retenida en Ciudad Juárez por militares, quienes le pidieron que descendiera de su vehículo para revisarlo, a lo que ella accedió: “Le tocaron el cuerpo mientras le decían: ‘qué rico hueles, güerita’. Se burlaban de ella, la recargaron en la camioneta y le tocaron sus partes íntimas. Ella no es la única afectada, hay otras mujeres que han sufrido lo mismo”.
El visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos narra el testimonio de María: “la policía me detuvo y un agente me pidió poner las manos sobre el techo del automóvil para una revisión. Tocaron todo mi cuerpo, especialmente entre el busto y las piernas; era una mujer policía la que me toqueteaba y los hombres sólo se reían. Me dio mucho coraje; es un claro abuso de autoridad”.
Víctor Ballinas, La Jornada, 28 de enero.
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