El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, demandó mayores facultades para el organismo a efecto de que aquellos funcionarios que no acaten sus recomendaciones puedan ser citados por el Congreso e inclusive ser objeto de sanciones.
El ombudsman condenó el aumento de la situación de inseguridad que se vive en el país, la cual ha dado como saldo 8 mil ejecuciones atribuidas al crimen organizado y que ha dejado a muchos mexicanos debatiéndose entre la vida y la muerte en 2009.
En entrevista adelantó también que la CNDH no presentará acción de inconstitucionalidad para promover la derogación de la ley que permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo, como ha exigido la dirigencia del Partido Acción Nacional.
“Deseamos tender puentes y promover la tolerancia, la armonía, la conciliación, el respeto a la disidencia, al distinto, al diferente, como condición necesaria para la construcción de un país de instituciones más justo y equitativo”, dijo poco antes, al presentar ayer ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el informe anual de actividades 2009.
Plascencia Villanueva destacó que el Ejército no debe cumplir funciones de policía, como lo hace en la estrategia del gobierno federal para enfrentar al crimen organizado. “Lamentó lo que sucede actualmente y únicamente lo explicó como una actividad transitoria y de emergencia ante los graves atentados ocurridos en materia de seguridad pública. En la CNDH promoveremos que las policías reorganizadas puedan hacerse cargo de la función que les corresponde y que el Ejército se mantenga en la esfera de sus facultades”.
A lo largo de su participación, el ombudsman se refirió a las autoridades que no aceptaron algunas de sus recomendaciones, entre ellas los gobernadores de Guanajuato, Morelos, Guerrero y Oaxaca, además del jefe de gobierno del Distrito Federal, a los que sumó los secretarios de Relaciones Exteriores y del Trabajo y Previsión Social; el procurador general de la República, el director general de Petróleos Mexicanos, los directores generales del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y del Instituto Nacional de Rehabilitación de la Secretaría de Salud, entre otros.
“Por ello”, insistió, “considero oportuno fortalecer el trabajo de la comisión a través de las reformas legales necesarias para que los funcionarios públicos que no acepten las recomendaciones de la CNDH o que no cumplan con las mismas cuando hayan sido aceptadas, comparezcan ante el Congreso y, en todo caso, se les puedan fincar responsabilidades administrativas y/o penales”.
El ombudsman condenó el aumento de la situación de inseguridad que se vive en el país, la cual ha dado como saldo 8 mil ejecuciones atribuidas al crimen organizado y que ha dejado a muchos mexicanos debatiéndose entre la vida y la muerte en 2009.
En entrevista adelantó también que la CNDH no presentará acción de inconstitucionalidad para promover la derogación de la ley que permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo, como ha exigido la dirigencia del Partido Acción Nacional.
“Deseamos tender puentes y promover la tolerancia, la armonía, la conciliación, el respeto a la disidencia, al distinto, al diferente, como condición necesaria para la construcción de un país de instituciones más justo y equitativo”, dijo poco antes, al presentar ayer ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el informe anual de actividades 2009.
Plascencia Villanueva destacó que el Ejército no debe cumplir funciones de policía, como lo hace en la estrategia del gobierno federal para enfrentar al crimen organizado. “Lamentó lo que sucede actualmente y únicamente lo explicó como una actividad transitoria y de emergencia ante los graves atentados ocurridos en materia de seguridad pública. En la CNDH promoveremos que las policías reorganizadas puedan hacerse cargo de la función que les corresponde y que el Ejército se mantenga en la esfera de sus facultades”.
A lo largo de su participación, el ombudsman se refirió a las autoridades que no aceptaron algunas de sus recomendaciones, entre ellas los gobernadores de Guanajuato, Morelos, Guerrero y Oaxaca, además del jefe de gobierno del Distrito Federal, a los que sumó los secretarios de Relaciones Exteriores y del Trabajo y Previsión Social; el procurador general de la República, el director general de Petróleos Mexicanos, los directores generales del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y del Instituto Nacional de Rehabilitación de la Secretaría de Salud, entre otros.
“Por ello”, insistió, “considero oportuno fortalecer el trabajo de la comisión a través de las reformas legales necesarias para que los funcionarios públicos que no acepten las recomendaciones de la CNDH o que no cumplan con las mismas cuando hayan sido aceptadas, comparezcan ante el Congreso y, en todo caso, se les puedan fincar responsabilidades administrativas y/o penales”.
Ciro Pérez y Enrique Méndez, La Jornada, 28 de enero.
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