WASHINGTON.— Tras una espera de varias horas y un debate que sacó a relucir las múltiples dudas sobre la viabilidad y la constitucionalidad de la legislación antiinmigrante SB1070, la juez federal Susan R. Bolton aplazó su decisión sobre la suspensión o la entrada en vigor de la polémica ley que criminaliza la presencia de inmigrantes indocumentados en Arizona a partir del próximo 29 de julio.
En medio de un intenso intercambio de alegatos, la segunda y última audiencia, en la que se escucharon los argumentos del Departamento de Justicia, se centró en la forma en que la ley SB1070 interfiere con la autoridad constitucional del gobierno federal para dictar y regular las políticas migratorias en todo el país. Tras la celebración de las dos audiencias, la juez no emitió ningún fallo para bloquear o avalar la entrada en vigor de la ley, el próximo jueves, ni tampoco indicó cuándo podría emitir su dictamen.
Las audiencias, realizadas en medio de un ambiente de expectación y con la presencia de decenas de simpatizantes a favor y en contra de la SB1070 a las afueras de la corte federal de Phoenix, se convirtieron en un espectáculo de recriminaciones donde la policía tuvo que intervenir con el arresto de al menos siete personas que portaban camisetas con la leyenda “No cumpliré con la ley”, en un acto de rebeldía por anticipado contra la SB1070.
La juez Bolton presidió un minucioso y riguroso examen sobre la legalidad y las implicaciones de una ley que, en caso de entrar en vigor, afectará la vida de decenas de miles de personas e impactará en la política migratoria de todo el país.
Durante la audiencia matutina, en la que se escucharon los alegatos presentados por organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (UCLA), la juez Bolton dijo que su tribunal podría bloquear algunas partes de la controvertida ley, pero no el estatuto en su totalidad, como algunas demandas han solicitado.
Sin pistas sobre resolución
Sin embargo, el abogado de la UCLA, Omar Jadwat, argumentó que las diferentes secciones de la ley están contempladas para funcionar en conjunto, de forma que se alcance la meta de desalentar la inmigración indocumentada. Por tal motivo, alegó, tendría que desecharse en su totalidad.
La magistrada no ofreció ninguna pista sobre el sentido del que será su pronunciamiento definitivo. Si bien es cierto que advirtió a los abogados del estado de Arizona sobre la posible inconstitucionalidad de algunos tramos de la ley, también se mostró reacia a aceptar sin rechistar los argumentos de los abogados que fueron enviados por el Departamento de Justicia.
“¿Por qué razón Arizona no puede ser un estado inhóspito para gente que ha entrado a Estados Unidos de forma ilegal?”, le inquirió Bolton al abogado del Departamento de Justicia, Edwin Kneedler. Durante su intervención, el abogado del Departamento de Justicia, esgrimió que las exigencias de la SB1070 para verificar el estatus migratorio de cualquier persona detenida por la policía “van más allá” de lo que el gobierno federal requiere y además supondrán un enorme peso para las agencias federales encargadas de responder a las peticiones de revisión de estatus migratorio. El suspenso que ha mantenido la juez Bolton, mientras millones contienen la respiración, podría concluir la próxima semana, cuando se conozca su fallo definitivo.
“Seguimos manteniendo la esperanza de que la juez Bolton suspenda, al menos temporalmente, la entrada en vigor de una ley que es inconstitucional y que causará un enorme a nuestra comunidad”, opinó Mary Moreno, de la organización Promise Arizona. El sector conservador espera justo lo contrario
En medio de un intenso intercambio de alegatos, la segunda y última audiencia, en la que se escucharon los argumentos del Departamento de Justicia, se centró en la forma en que la ley SB1070 interfiere con la autoridad constitucional del gobierno federal para dictar y regular las políticas migratorias en todo el país. Tras la celebración de las dos audiencias, la juez no emitió ningún fallo para bloquear o avalar la entrada en vigor de la ley, el próximo jueves, ni tampoco indicó cuándo podría emitir su dictamen.
Las audiencias, realizadas en medio de un ambiente de expectación y con la presencia de decenas de simpatizantes a favor y en contra de la SB1070 a las afueras de la corte federal de Phoenix, se convirtieron en un espectáculo de recriminaciones donde la policía tuvo que intervenir con el arresto de al menos siete personas que portaban camisetas con la leyenda “No cumpliré con la ley”, en un acto de rebeldía por anticipado contra la SB1070.
La juez Bolton presidió un minucioso y riguroso examen sobre la legalidad y las implicaciones de una ley que, en caso de entrar en vigor, afectará la vida de decenas de miles de personas e impactará en la política migratoria de todo el país.
Durante la audiencia matutina, en la que se escucharon los alegatos presentados por organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (UCLA), la juez Bolton dijo que su tribunal podría bloquear algunas partes de la controvertida ley, pero no el estatuto en su totalidad, como algunas demandas han solicitado.
Sin pistas sobre resolución
Sin embargo, el abogado de la UCLA, Omar Jadwat, argumentó que las diferentes secciones de la ley están contempladas para funcionar en conjunto, de forma que se alcance la meta de desalentar la inmigración indocumentada. Por tal motivo, alegó, tendría que desecharse en su totalidad.
La magistrada no ofreció ninguna pista sobre el sentido del que será su pronunciamiento definitivo. Si bien es cierto que advirtió a los abogados del estado de Arizona sobre la posible inconstitucionalidad de algunos tramos de la ley, también se mostró reacia a aceptar sin rechistar los argumentos de los abogados que fueron enviados por el Departamento de Justicia.
“¿Por qué razón Arizona no puede ser un estado inhóspito para gente que ha entrado a Estados Unidos de forma ilegal?”, le inquirió Bolton al abogado del Departamento de Justicia, Edwin Kneedler. Durante su intervención, el abogado del Departamento de Justicia, esgrimió que las exigencias de la SB1070 para verificar el estatus migratorio de cualquier persona detenida por la policía “van más allá” de lo que el gobierno federal requiere y además supondrán un enorme peso para las agencias federales encargadas de responder a las peticiones de revisión de estatus migratorio. El suspenso que ha mantenido la juez Bolton, mientras millones contienen la respiración, podría concluir la próxima semana, cuando se conozca su fallo definitivo.
“Seguimos manteniendo la esperanza de que la juez Bolton suspenda, al menos temporalmente, la entrada en vigor de una ley que es inconstitucional y que causará un enorme a nuestra comunidad”, opinó Mary Moreno, de la organización Promise Arizona. El sector conservador espera justo lo contrario
Jaime Hernández corresponsal, El Universal, 23 de julio.
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