WASHINGTON.— En una primera victoria para el presidente estadounidense Barack Obama, la juez federal Susan R. Bolton decidió ayer bloquear parcialmente algunas de las disposiciones más polémicas de la ley antiinmigrante SB1070 de Arizona para evitar que las instituciones del gobierno federal pierdan su rol histórico en la regulación de la política migratoria y para impedir que los cuerpos policiales locales inicien una cacería de sospechosos de residir ilegalmente en ese estado.
En una resolución de 36 páginas, la juez Bolton decidió poner en suspenso la parte de la ley que obligaba a los inmigrantes a portar sus documentos en todo momento y que convertía en delito que los trabajadores indocumentados soliciten o en su caso tengan empleos.
El fallo de la juez es en respuesta directa a la demanda presentada por el Departamento de Justicia contra la ley Arizona; aún quedan seis demandas pendientes en contra de la legislación.
En sus conclusiones, Bolton declaró que las citadas partes de la legislación deben quedar en suspenso hasta que los tribunales federales resuelvan sobre los problemas que conllevan. Unos problemas que, al menos para Bolton, no pueden obviar lo que ya ha establecido la Suprema Corte en casos precedentes y lo que dice la letra de la Constitución.
Nada más conocer el fallo de la juez Bolton, la administración Obama se congratuló por un pronunciamiento que “reafirma de forma correcta el rol y las responsabilidades del gobierno federal en la aplicación de las leyes migratorias”.
“Un pequeño escollo”
Desde la acera de enfrente, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, compareció ante los medios con el gesto descompuesto para reconocer que el fallo de la juez Bolton, “es un pequeño escollo en el camino”. “Vamos a apelar y a defender la voluntad de la mayoría de la gente de Arizona. Porque en este estado vivimos una invasión de inmigrantes ilegales. Y lo único que queremos hacer (con la SB1070) es ayudar a las autoridades federales a combatir esta invasión”, aseguró Brewer para confirmar así el inicio de una larga y tortuosa batalla judicial que podría llegar hasta la Suprema Corte.
Al menos por el momento, los cuerpos policiales del estado no podrán actuar como una extensión de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) para detener y deportar a inmigrantes indocumentados. “Hemos tenido que actuar porque el gobierno federal no ha cumplido con su misión de asegurar las fronteras”, añadió Brewer, con la esperanza de contener la avalancha de actos de protesta que han organizado centenares de organizaciones que han tomado por asalto al estado de Arizona y que ayer mismo festejaban el pronunciamiento de la juez Bolton.
Aun antes de que se conociera el fallo, las jornadas de protesta que se habían organizado contra la SB1070 mantenían sus programas. La convicción de que la batalla está muy lejos de haber concluido animaba a decenas de organizadores a proseguir con sus planes.
Triunfo “preliminar”
“Nos encontramos ante una victoria muy importante pero aún preliminar. Y la batalla tiene que continuar hasta que consigamos abolir totalmente esta legislación antiinmigrante”, aseguró Angélica Salas, de la Coalición en Defensa de los Derechos Humanos de Los Ángeles (CHIRLA), en referencia a la batalla judicial que podría llegar hasta la Suprema Corte.
“El hecho de que la juez haya bloqueado algunas de las disposiciones más peligrosas y anticonstitucionales no significa que la gobernadora Brewer o el alguacil Joe Arpaio se vayan a dar por vencidos. Por eso tenemos que mantener la lucha contra las actitudes y contra una ley que, por fortuna, ha sido bloqueada parcial y temporalmente”, añadió Salas, mientras proseguía con los preparativos para sumarse a los actos de protesta en Phoenix a partir de hoy y hasta mañana.
Desde primera hora de ayer, las caravanas de autobuses partían desde distintos puntos de California, Illinois, Texas, Nuevo México o Utah. Y, desde antes de que despuntara el sol, cientos de personas se arremolinaban frente al edificio del Capitolio, donde varias organizaciones han cumplido más de 102 días de vigilia con la esperanza de frenar la totalidad de la ley antiinmigrante SB 1070.
“Los actos van a ser de lo más variado e incluirán misas, marchas, plantones frente a edificios federales y posiblemente frente a varios centros penitenciarios”, aseguró Ron Gochez, de una organización que se ha reagrupado en torno al grupo Puente Movement en Arizona.
Arpaio amenaza
Precisamente, los planes de algunos activistas de plantarse en las escalinatas de edificios federales o de cárceles a donde son llevados inmigrantes indocumentados han desatado la ira del alguacil de Maricopa, Joe Arpaio, quien ya ha advertido a los organizadores que todo aquel que se atreva a ponerse en su camino será detenido. “Si quieren bloquear mis cárceles, van a terminar dentro de ellas”, advirtió el polémico alguacil, quien ya ha girado instrucciones a todos sus agentes para actuar sin contemplaciones.
Frente a las amenazas del alguacil, los organizadores insistieron en que los actos serán pacíficos y tendrán, además, un carácter marcadamente político y de reivindicación en el terreno de los derechos civiles: “Lo único que haremos es denunciar una ley que, a pesar de haber sido obstaculizada parcialmente, es anticonstitucional y sigue representando una amenaza en el terreno de los derechos civiles”, dijo Salas para señalar que la mayoría de los actos consistirán en marchas, vigilias, misas y rezos colectivos.
En una concentración frente a la Casa Blanca, cientos de niños hijos de inmigrantes venidos de todo el país pidieron al presidente Barack Obama que no deporten a sus padres. Los niños se dirigieron al presidente con gritos en inglés y en español como “¡Hey hey Obama don´t deport my momma!” (“Obama no deportes a mi mamá”). (Con información de EFE)
En una resolución de 36 páginas, la juez Bolton decidió poner en suspenso la parte de la ley que obligaba a los inmigrantes a portar sus documentos en todo momento y que convertía en delito que los trabajadores indocumentados soliciten o en su caso tengan empleos.
El fallo de la juez es en respuesta directa a la demanda presentada por el Departamento de Justicia contra la ley Arizona; aún quedan seis demandas pendientes en contra de la legislación.
En sus conclusiones, Bolton declaró que las citadas partes de la legislación deben quedar en suspenso hasta que los tribunales federales resuelvan sobre los problemas que conllevan. Unos problemas que, al menos para Bolton, no pueden obviar lo que ya ha establecido la Suprema Corte en casos precedentes y lo que dice la letra de la Constitución.
Nada más conocer el fallo de la juez Bolton, la administración Obama se congratuló por un pronunciamiento que “reafirma de forma correcta el rol y las responsabilidades del gobierno federal en la aplicación de las leyes migratorias”.
“Un pequeño escollo”
Desde la acera de enfrente, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, compareció ante los medios con el gesto descompuesto para reconocer que el fallo de la juez Bolton, “es un pequeño escollo en el camino”. “Vamos a apelar y a defender la voluntad de la mayoría de la gente de Arizona. Porque en este estado vivimos una invasión de inmigrantes ilegales. Y lo único que queremos hacer (con la SB1070) es ayudar a las autoridades federales a combatir esta invasión”, aseguró Brewer para confirmar así el inicio de una larga y tortuosa batalla judicial que podría llegar hasta la Suprema Corte.
Al menos por el momento, los cuerpos policiales del estado no podrán actuar como una extensión de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) para detener y deportar a inmigrantes indocumentados. “Hemos tenido que actuar porque el gobierno federal no ha cumplido con su misión de asegurar las fronteras”, añadió Brewer, con la esperanza de contener la avalancha de actos de protesta que han organizado centenares de organizaciones que han tomado por asalto al estado de Arizona y que ayer mismo festejaban el pronunciamiento de la juez Bolton.
Aun antes de que se conociera el fallo, las jornadas de protesta que se habían organizado contra la SB1070 mantenían sus programas. La convicción de que la batalla está muy lejos de haber concluido animaba a decenas de organizadores a proseguir con sus planes.
Triunfo “preliminar”
“Nos encontramos ante una victoria muy importante pero aún preliminar. Y la batalla tiene que continuar hasta que consigamos abolir totalmente esta legislación antiinmigrante”, aseguró Angélica Salas, de la Coalición en Defensa de los Derechos Humanos de Los Ángeles (CHIRLA), en referencia a la batalla judicial que podría llegar hasta la Suprema Corte.
“El hecho de que la juez haya bloqueado algunas de las disposiciones más peligrosas y anticonstitucionales no significa que la gobernadora Brewer o el alguacil Joe Arpaio se vayan a dar por vencidos. Por eso tenemos que mantener la lucha contra las actitudes y contra una ley que, por fortuna, ha sido bloqueada parcial y temporalmente”, añadió Salas, mientras proseguía con los preparativos para sumarse a los actos de protesta en Phoenix a partir de hoy y hasta mañana.
Desde primera hora de ayer, las caravanas de autobuses partían desde distintos puntos de California, Illinois, Texas, Nuevo México o Utah. Y, desde antes de que despuntara el sol, cientos de personas se arremolinaban frente al edificio del Capitolio, donde varias organizaciones han cumplido más de 102 días de vigilia con la esperanza de frenar la totalidad de la ley antiinmigrante SB 1070.
“Los actos van a ser de lo más variado e incluirán misas, marchas, plantones frente a edificios federales y posiblemente frente a varios centros penitenciarios”, aseguró Ron Gochez, de una organización que se ha reagrupado en torno al grupo Puente Movement en Arizona.
Arpaio amenaza
Precisamente, los planes de algunos activistas de plantarse en las escalinatas de edificios federales o de cárceles a donde son llevados inmigrantes indocumentados han desatado la ira del alguacil de Maricopa, Joe Arpaio, quien ya ha advertido a los organizadores que todo aquel que se atreva a ponerse en su camino será detenido. “Si quieren bloquear mis cárceles, van a terminar dentro de ellas”, advirtió el polémico alguacil, quien ya ha girado instrucciones a todos sus agentes para actuar sin contemplaciones.
Frente a las amenazas del alguacil, los organizadores insistieron en que los actos serán pacíficos y tendrán, además, un carácter marcadamente político y de reivindicación en el terreno de los derechos civiles: “Lo único que haremos es denunciar una ley que, a pesar de haber sido obstaculizada parcialmente, es anticonstitucional y sigue representando una amenaza en el terreno de los derechos civiles”, dijo Salas para señalar que la mayoría de los actos consistirán en marchas, vigilias, misas y rezos colectivos.
En una concentración frente a la Casa Blanca, cientos de niños hijos de inmigrantes venidos de todo el país pidieron al presidente Barack Obama que no deporten a sus padres. Los niños se dirigieron al presidente con gritos en inglés y en español como “¡Hey hey Obama don´t deport my momma!” (“Obama no deportes a mi mamá”). (Con información de EFE)
Jaime Hernández corresponsal, El Universal, 29 de julio.
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