La jueza federal Susan Bolton se esperó hasta el último día para pronunciar un fallo histórico. La controvertida Ley SB1070, que entra en vigor hoy y se habría convertido en la primera en Estados Unidos en perseguir a los inmigrantes sin papeles como si fueran criminales, no puede aplicarse en su totalidad, están de sobra sus apartados claramente racistas y xenófobos.
El dictamen de la jueza, recibido con llantos de júbilo por los hispanos que se congregaron frente a las puertas de la Corte Federal de Phoenix, llegó justo cuando la policía de Arizona se preparaba para hacer cumplir una ley que hubiera entrado en vigor esta media noche y hubiera permitido a las fuerzas del orden detener y deportar indiscriminadamente a los inmigrantes ilegales.
Los artículos de la ley que fueron bloqueados ayer se mantendrán en suspenso hasta que los tribunales federales se pronuncien sobre su contenido.
La SB1070, por tanto, entrará en vigor hoy, como estaba previsto, pero los policías no tendrán derecho a exigir papeles de estatus migratorio a quien detengan.
La jueza se explica. En su fallo, Bolton explicó que tomó la decisión porque bajo la nueva ley, “hay una probabilidad sustancial de que los agentes detengan erróneamente a inmigrantes legales”.
“Al aplicar esta medida, Arizona impondría una carga extraordinaria e inusual a los inmigrantes ilegales que sólo el gobierno federal tiene autoridad de imponer”, añade el dictamen de la jueza.
Desde Washington, el Departamento de Justicia, que entabló una de las siete demandas existentes contra la ley, saludó el dictamen de la jueza Bolton.
“Creemos que el tribunal dictaminó de modo correcto al impedir que entren en vigor provisiones clave de la ley”, anunció la vocera de Justicia, Hannah August. Explicó que, a la hora de establecer leyes, “los estados pueden desempeñar un papel en la cooperación con el gobierno federal, pero deben hacerlo dentro del marco constitucional”.
En un mensaje claramente dirigido a los quince estados que esperaban este fallo para sacar cuanto antes sus propias leyes antiinmigrantes similares a las de Arizona, la funcionaria del gobierno de Obama advirtió que los estados “no pueden usurpar la potestad federal de dictar la política migratoria”.
Racismo creciente en EU. La victoria del gobierno de Obama contra la ofensiva antiinmigrante del gobierno de Arizona tiene sabor agridulce, ya que una encuesta publicada por Gallup indica que la mayoría de los estadunidenses (un 60 por ciento) están de acuerdo con aplicar la ley con todo y sus apartados de tintes racistas.
Admitió
-Es ilegal que una persona se involucre intencionalmente en el tráfico de seres humanos con fines lucrativos o comerciales.
-Un empleador no dará trabajo, con conocimiento, a un extranjero no autorizado.
- Los empleadores, después de contratar a un empleado, verificarán la legitimidad de dicho empleado mediante el programa de verificación electrónica E-verify y mantendrán un registro de la verificación durante todo el tiempo de empleo del trabajador.
No admitió
- Suspende la normativa que obliga a los agentes de policía a comprobar el estatus migratorio de una persona a la que hayan detenido por otras razones.
- Suspende la normativa que obliga a los inmigrantes a llevar con ellos siempre la documentación que demuestre que se encuentren de manera legal en el país.
- Suspende la normativa que convertía en delito el que los inmigrantes indocumentados pudieran pedir empleo en lugares públicos.
El dictamen de la jueza, recibido con llantos de júbilo por los hispanos que se congregaron frente a las puertas de la Corte Federal de Phoenix, llegó justo cuando la policía de Arizona se preparaba para hacer cumplir una ley que hubiera entrado en vigor esta media noche y hubiera permitido a las fuerzas del orden detener y deportar indiscriminadamente a los inmigrantes ilegales.
Los artículos de la ley que fueron bloqueados ayer se mantendrán en suspenso hasta que los tribunales federales se pronuncien sobre su contenido.
La SB1070, por tanto, entrará en vigor hoy, como estaba previsto, pero los policías no tendrán derecho a exigir papeles de estatus migratorio a quien detengan.
La jueza se explica. En su fallo, Bolton explicó que tomó la decisión porque bajo la nueva ley, “hay una probabilidad sustancial de que los agentes detengan erróneamente a inmigrantes legales”.
“Al aplicar esta medida, Arizona impondría una carga extraordinaria e inusual a los inmigrantes ilegales que sólo el gobierno federal tiene autoridad de imponer”, añade el dictamen de la jueza.
Desde Washington, el Departamento de Justicia, que entabló una de las siete demandas existentes contra la ley, saludó el dictamen de la jueza Bolton.
“Creemos que el tribunal dictaminó de modo correcto al impedir que entren en vigor provisiones clave de la ley”, anunció la vocera de Justicia, Hannah August. Explicó que, a la hora de establecer leyes, “los estados pueden desempeñar un papel en la cooperación con el gobierno federal, pero deben hacerlo dentro del marco constitucional”.
En un mensaje claramente dirigido a los quince estados que esperaban este fallo para sacar cuanto antes sus propias leyes antiinmigrantes similares a las de Arizona, la funcionaria del gobierno de Obama advirtió que los estados “no pueden usurpar la potestad federal de dictar la política migratoria”.
Racismo creciente en EU. La victoria del gobierno de Obama contra la ofensiva antiinmigrante del gobierno de Arizona tiene sabor agridulce, ya que una encuesta publicada por Gallup indica que la mayoría de los estadunidenses (un 60 por ciento) están de acuerdo con aplicar la ley con todo y sus apartados de tintes racistas.
Admitió
-Es ilegal que una persona se involucre intencionalmente en el tráfico de seres humanos con fines lucrativos o comerciales.
-Un empleador no dará trabajo, con conocimiento, a un extranjero no autorizado.
- Los empleadores, después de contratar a un empleado, verificarán la legitimidad de dicho empleado mediante el programa de verificación electrónica E-verify y mantendrán un registro de la verificación durante todo el tiempo de empleo del trabajador.
No admitió
- Suspende la normativa que obliga a los agentes de policía a comprobar el estatus migratorio de una persona a la que hayan detenido por otras razones.
- Suspende la normativa que obliga a los inmigrantes a llevar con ellos siempre la documentación que demuestre que se encuentren de manera legal en el país.
- Suspende la normativa que convertía en delito el que los inmigrantes indocumentados pudieran pedir empleo en lugares públicos.
La Crónica, 29 de julio.
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