Paralizado en principio por el fallo adverso, advirtió más tarde que su oficina continuará las redadas contra los indocumentados.
“La juez emitió su dictamen pero no va a afectar nuestras operaciones... nada ha cambiado en nuestra lucha contra la inmigración ilegal”, dijo durante una concurrida rueda de prensa en su oficina en Phoenix, capital de Arizona.
“Nada cambiará... si la persona está acá de forma ilegal, la entregaremos a las autoridades de Inmigración y Aduanas”, enfatizó Arpaio, que hace unos días completó la ampliación de la cárcel Tent City donde se alojan los detenidos en carpas al aire libre, cuya temperatura llega a superar los 50 grados en esa zona desértica.
“Quien provoque, a la cárcel”. Es su tono radical habitual, el considerado “brazo armado” de la gobernadora republicana, aprovechó para hacer una advertencia a los activistas hispanos que programaron protestas para hoy, coincidiendo con la entrada en vigor de la Ley Arizona.
“Si van a bloquear [la entrada] a mis cárceles, van a terminar dentro de ellas”, anunció.
El alguacil podría incurrir en desacato si insiste, como dijo ayer, en autorizar a sus subordinados a que arresten a indocumentados en función a “ciertos criterios”, como no portar los debidos documentos migratorios, prohibidos ayer por la jueza Bolton.
Arpaio dijo que cuenta con un total de 800 agentes capacitados, tres mil voluntarios y dos mil oficiales en los centros de detenciones.
Agregó que desde finales de 2006, las operaciones policiales de Arpaio han logrado la detención de 40 mil indocumentados.
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