Hoy es el día decisivo del proceso electoral de este 2010. Más de 30 millones de mexicanos de 77 millones habilitados para votar saldrán a las urnas, en 15 entidades del país, para elegir a alrededor de 2 mil representantes populares entre gobernadores, diputados locales, alcaldes y regidores.
Estarán en juego 12 gubernaturas, 309 escaños de mayoría relativa de 14 legislaturas estatales, además de 199 curules de representación proporcional y la renovación de mil 533 de los dos mil 435 ayuntamientos que existen en el país.
El reto a vencer será el abstencionismo, pues se han enmarcado en un inusitado ambiente de inseguridad, en medio de los más altos índices de violencia registrados en los últimos tres años, desde que el gobierno federal declaró la guerra al narco.
A este factor se suman las crecientes campañas que promueven la anulación del voto y el desinterés de ciertos sectores de la población por escuchar los planteamientos de los candidatos, además de las condiciones climatológicas, que de acuerdo con pronósticos, inhibirán y obstaculizarán los comicios.
En el camino a las urnas se han concretado alianzas entre PAN y PRD, se han difundido grabaciones que revelan la presunta injerencia de gobernadores del PRI, han existido acusaciones del empleo de recursos públicos y de programas federales en apoyo a aspirantes del albiazul, y se ha puesto en entredicho la imparcialidad de varios institutos estatales en la organización de las elecciones.
Inseguridad electoral
La guerra contra el narcotráfico decretada por el gobierno y que ha concentrado fuerzas en Chihuahua, Sinaloa, Durango y Tamaulipas —cuatro de los 12 estados que renovarán gubernaturas— también ha influido en el desarrollo del proceso.
La elección de candidatos, para evitar desde las instituciones la infiltración de cuadros delictivos, hasta la integración de los funcionarios de casilla tuvieron contratiempos. Hasta ayer, por ejemplo, se reportó que 15 urnas en seis municipios serranos de Sinaloa no serán instaladas y que más de 2 mil representantes de casilla renunciaron a sus funciones en Reynosa, Tampico y Ciudad Madero, Tamaulipas, por razones de inseguridad.
El ánimo de los habitantes de estos cuatro estados, de por sí vulnerados por el trasiego de drogas y por los recurrentes enfrentamientos entre grupos del narcotráfico y en contra de Fuerzas Armadas, ha sido golpeado, que lejos de interesarse en actos proselitistas han demandando mayor seguridad sin partidismos.
Dos ejecuciones en Tamaulipas enlutaron al proceso y activaron los sistemas de seguridad en los 15 estados donde habrá elecciones. Primero con el asesinato de Mario Guajardo Varela, aspirante albiazul al municipio de Valle Hermoso, y hace seis días con la muerte de Rodolfo Torre Cantú, candidato gubernamental del PRI, y cuatro de sus colaboradores.
Judicialización del proceso
De la demanda penal en curso por presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias en contra de Martín Orozco Sandoval, candidato del PAN en Aguascalientes, en donde ese partido es gobierno, se pasó a la cancelación de los derechos políticos de Gregorio Sánchez Martínez, único contrapeso del PRI y aspirante del PRD, PT y Convergencia en Quintana Roo, por nexos con la delincuencia.
Al primero se le negó en principio su registro ante el órgano electoral, pero la defensa jurídica que emprendió el Comité Ejecutivo Nacional de su partido y un amparo permitieron que sus aspiraciones no se cancelaran, ante el velado interés del gobernador Luis Armando Reynoso Femat de frenarlo.
El segundo fue sustituido por Gerardo Mora Vallejo, ya que Greg se encuentra en un penal de Nayarit acusado de delitos contra la salud en la modalidad de fomento y operaciones con recursos ilícitos.
Partidos políticos y medios de comunicación difundieron grabaciones con la voz de al menos cinco gobernadores del PRI, en las que solicitaban a funcionarios electorales y de gobierno el apoyo a los candidatos del tricolor. Los audiomateriales enfrascaron en declaraciones a dirigentes partidistas y autoridades estatales y federales ante la presunción de espionaje desde órganos de inteligencia del Estado.
Estas evidencias fueron utilizadas por los partidos y candidatos para integran los primeros expedientes con miras a impugnar, de ser necesarios, los procesos en Veracruz, Puebla, Oaxaca y Sinaloa.
Alianzas en juego
Las negociaciones entre PAN y PRD para conformar bloques electorales concluyeron en la nominación de candidatos en Oaxaca, Sinaloa, Puebla, Hidalgo y Durango. Con la declinación de último minuto, en Tlaxcala, de la perredista Minerva Hernández en favor de la panista Adriana Dávila Fernández, para así conformar una sexta alianza, esta última “de facto”.
También de último minuto, aunque sin concretarse, se planteó la fusión de intereses en Zacatecas, en donde los aspirantes del PRD, Antonio Mejía Haro, y del PAN, Cuauhtémoc Calderón Galván, no llegaron a acuerdos, lo que le costó a este último el retiro del respaldo de su dirigencia nacional en el cierre de campaña.
En Tlaxcala, en donde la tensión social crece, Acción Nacional intenta retener el gobierno e impedir que regrese el tricolor, entidad natal de la dirigente nacional priísta Beatriz Paredes Rangel.
El Partido Nueva Alianza (Panal), con el respaldo de la líder nacional del magisterio Elba Esther Gordillo, también jugó un papel preponderante en la conformación de coaliciones de la mano del PRI, como ocurre en Aguascalientes, Hidalgo, Quintana Roo, Sinaloa y Tamaulipas.
La relación PRI-Panal se rompió en Veracruz y Puebla con el apoyo magisterial a Miguel Ángel Yunes Linares, impulsado por el PAN, y a Rafael Moreno Valle Rosas, postulado por PAN, PRD y Panal
Estarán en juego 12 gubernaturas, 309 escaños de mayoría relativa de 14 legislaturas estatales, además de 199 curules de representación proporcional y la renovación de mil 533 de los dos mil 435 ayuntamientos que existen en el país.
El reto a vencer será el abstencionismo, pues se han enmarcado en un inusitado ambiente de inseguridad, en medio de los más altos índices de violencia registrados en los últimos tres años, desde que el gobierno federal declaró la guerra al narco.
A este factor se suman las crecientes campañas que promueven la anulación del voto y el desinterés de ciertos sectores de la población por escuchar los planteamientos de los candidatos, además de las condiciones climatológicas, que de acuerdo con pronósticos, inhibirán y obstaculizarán los comicios.
En el camino a las urnas se han concretado alianzas entre PAN y PRD, se han difundido grabaciones que revelan la presunta injerencia de gobernadores del PRI, han existido acusaciones del empleo de recursos públicos y de programas federales en apoyo a aspirantes del albiazul, y se ha puesto en entredicho la imparcialidad de varios institutos estatales en la organización de las elecciones.
Inseguridad electoral
La guerra contra el narcotráfico decretada por el gobierno y que ha concentrado fuerzas en Chihuahua, Sinaloa, Durango y Tamaulipas —cuatro de los 12 estados que renovarán gubernaturas— también ha influido en el desarrollo del proceso.
La elección de candidatos, para evitar desde las instituciones la infiltración de cuadros delictivos, hasta la integración de los funcionarios de casilla tuvieron contratiempos. Hasta ayer, por ejemplo, se reportó que 15 urnas en seis municipios serranos de Sinaloa no serán instaladas y que más de 2 mil representantes de casilla renunciaron a sus funciones en Reynosa, Tampico y Ciudad Madero, Tamaulipas, por razones de inseguridad.
El ánimo de los habitantes de estos cuatro estados, de por sí vulnerados por el trasiego de drogas y por los recurrentes enfrentamientos entre grupos del narcotráfico y en contra de Fuerzas Armadas, ha sido golpeado, que lejos de interesarse en actos proselitistas han demandando mayor seguridad sin partidismos.
Dos ejecuciones en Tamaulipas enlutaron al proceso y activaron los sistemas de seguridad en los 15 estados donde habrá elecciones. Primero con el asesinato de Mario Guajardo Varela, aspirante albiazul al municipio de Valle Hermoso, y hace seis días con la muerte de Rodolfo Torre Cantú, candidato gubernamental del PRI, y cuatro de sus colaboradores.
Judicialización del proceso
De la demanda penal en curso por presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias en contra de Martín Orozco Sandoval, candidato del PAN en Aguascalientes, en donde ese partido es gobierno, se pasó a la cancelación de los derechos políticos de Gregorio Sánchez Martínez, único contrapeso del PRI y aspirante del PRD, PT y Convergencia en Quintana Roo, por nexos con la delincuencia.
Al primero se le negó en principio su registro ante el órgano electoral, pero la defensa jurídica que emprendió el Comité Ejecutivo Nacional de su partido y un amparo permitieron que sus aspiraciones no se cancelaran, ante el velado interés del gobernador Luis Armando Reynoso Femat de frenarlo.
El segundo fue sustituido por Gerardo Mora Vallejo, ya que Greg se encuentra en un penal de Nayarit acusado de delitos contra la salud en la modalidad de fomento y operaciones con recursos ilícitos.
Partidos políticos y medios de comunicación difundieron grabaciones con la voz de al menos cinco gobernadores del PRI, en las que solicitaban a funcionarios electorales y de gobierno el apoyo a los candidatos del tricolor. Los audiomateriales enfrascaron en declaraciones a dirigentes partidistas y autoridades estatales y federales ante la presunción de espionaje desde órganos de inteligencia del Estado.
Estas evidencias fueron utilizadas por los partidos y candidatos para integran los primeros expedientes con miras a impugnar, de ser necesarios, los procesos en Veracruz, Puebla, Oaxaca y Sinaloa.
Alianzas en juego
Las negociaciones entre PAN y PRD para conformar bloques electorales concluyeron en la nominación de candidatos en Oaxaca, Sinaloa, Puebla, Hidalgo y Durango. Con la declinación de último minuto, en Tlaxcala, de la perredista Minerva Hernández en favor de la panista Adriana Dávila Fernández, para así conformar una sexta alianza, esta última “de facto”.
También de último minuto, aunque sin concretarse, se planteó la fusión de intereses en Zacatecas, en donde los aspirantes del PRD, Antonio Mejía Haro, y del PAN, Cuauhtémoc Calderón Galván, no llegaron a acuerdos, lo que le costó a este último el retiro del respaldo de su dirigencia nacional en el cierre de campaña.
En Tlaxcala, en donde la tensión social crece, Acción Nacional intenta retener el gobierno e impedir que regrese el tricolor, entidad natal de la dirigente nacional priísta Beatriz Paredes Rangel.
El Partido Nueva Alianza (Panal), con el respaldo de la líder nacional del magisterio Elba Esther Gordillo, también jugó un papel preponderante en la conformación de coaliciones de la mano del PRI, como ocurre en Aguascalientes, Hidalgo, Quintana Roo, Sinaloa y Tamaulipas.
La relación PRI-Panal se rompió en Veracruz y Puebla con el apoyo magisterial a Miguel Ángel Yunes Linares, impulsado por el PAN, y a Rafael Moreno Valle Rosas, postulado por PAN, PRD y Panal
El Universal, 4 de julio.
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