CALVILLO, Gto.- Durante una semana, Martina Rodríguez lanzó plegarias al cielo pidiendo protección para su hijo Joaquín, quien llegó hace tres años a Arizona y hasta ahora no ha sido detenido por agentes migratorios de EU.
Ayer, después de mediodía, conoció la noticia sobre la decisión de una juez de suspender la Ley 1070 en sus aspectos centrales, que impiden a la Policía local determinar el estatus migratorio de una persona si existe una "sospecha razonable".
"Dios escuchó mis ruegos. Creo que los guanajuatenses que están allá no podrán ser detenidos, mi hijo podrá seguir trabajando porque está ilegal, no tiene papeles y no pudo ir a otro estado por falta de dinero", señaló la mujer de 74 años.
Como Joaquín, la mayoría de los habitantes de esta comunidad enclavada en la sierra de Santa Rosa, a unos 13 kilómetros del municipio de Dolores Hidalgo, radican en Phoenix, Arizona, y laboran en la industria de la construcción.
El delegado municipal, Bernabé Palacios, destacó que en la comunidad viven 52 familias, un total de 253 habitantes.
Si la ley hubiera entrado en vigor como se aprobó y hubiera deportaciones masivas, asegura, los familiares en esta comunidad hubieran tenido serios problemas económicos, ya que todos dependen del dinero que les envían.
Ayer, después de mediodía, conoció la noticia sobre la decisión de una juez de suspender la Ley 1070 en sus aspectos centrales, que impiden a la Policía local determinar el estatus migratorio de una persona si existe una "sospecha razonable".
"Dios escuchó mis ruegos. Creo que los guanajuatenses que están allá no podrán ser detenidos, mi hijo podrá seguir trabajando porque está ilegal, no tiene papeles y no pudo ir a otro estado por falta de dinero", señaló la mujer de 74 años.
Como Joaquín, la mayoría de los habitantes de esta comunidad enclavada en la sierra de Santa Rosa, a unos 13 kilómetros del municipio de Dolores Hidalgo, radican en Phoenix, Arizona, y laboran en la industria de la construcción.
El delegado municipal, Bernabé Palacios, destacó que en la comunidad viven 52 familias, un total de 253 habitantes.
Si la ley hubiera entrado en vigor como se aprobó y hubiera deportaciones masivas, asegura, los familiares en esta comunidad hubieran tenido serios problemas económicos, ya que todos dependen del dinero que les envían.
Jorge Escalante corresponsal, Reforma, 29 de julio.
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