Leonardo Valdés Zurita salió en defensa del IFE ante las críticas luego de la resolución que tomó esa institución contra el presidente Felipe Calderón por utilizar la cadena nacional para actos de propaganda durante las campañas electorales locales pasadas y aseguró que ese órgano solo aplica la Constitución y la ley al margen de partidos o niveles de gobierno.
“Las resoluciones están apegadas a derecho, independientemente de partidos, cargos o niveles de gobierno”, estableció.
Al fijar la postura del IFE, Valdés Zurita refrendó su respeto y disposición de colaboración con las instituciones de la República, en el marco de la Constitución y de la ley, pero solicitó que los diferendos sean encauzados a través de los cauces legales y desahogados mediante la comunicación respetuosa y el diálogo productivo.
Incluso pidió “especial cuidado y apego” a los diversos actores políticos para que respeten la tradición legal, reglamentaria y de acuerdos entre partidos y autoridades, para evitar actos de propaganda y comunicación política en el transcurso de las campañas electorales locales y federales.
“Esta tradición de neutralidad e imparcialidad ha sido instrumentada y respetada en procesos, locales y federales anteriores”, estableció.
En un breve mensaje, Valdés Zurita recordó que el Consejo General declaró fundada la queja en contra del presidente Felipe Calderón, por actos de propaganda en las campañas electorales locales del año 2010, con base en el artículo 41, apartado C de la Constitución, donde se establece que:“Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público”, indicó.
Esta disposición—agregó— fue la base de la discusión de la sesión del IFE el pasado miércoles donde los consejeros reconocieron el derecho y la importancia que tienen los mensajes del gobierno, y específicamente del Ejecutivo en cadena nacional para la vida pública del país. Sin embargo se valoró la incidencia y la influencia que estos actos pueden proyectar sobre la legalidad y la equidad en las contiendas electorales”, explicó.
“Las resoluciones están apegadas a derecho, independientemente de partidos, cargos o niveles de gobierno”, estableció.
Al fijar la postura del IFE, Valdés Zurita refrendó su respeto y disposición de colaboración con las instituciones de la República, en el marco de la Constitución y de la ley, pero solicitó que los diferendos sean encauzados a través de los cauces legales y desahogados mediante la comunicación respetuosa y el diálogo productivo.
Incluso pidió “especial cuidado y apego” a los diversos actores políticos para que respeten la tradición legal, reglamentaria y de acuerdos entre partidos y autoridades, para evitar actos de propaganda y comunicación política en el transcurso de las campañas electorales locales y federales.
“Esta tradición de neutralidad e imparcialidad ha sido instrumentada y respetada en procesos, locales y federales anteriores”, estableció.
En un breve mensaje, Valdés Zurita recordó que el Consejo General declaró fundada la queja en contra del presidente Felipe Calderón, por actos de propaganda en las campañas electorales locales del año 2010, con base en el artículo 41, apartado C de la Constitución, donde se establece que:“Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público”, indicó.
Esta disposición—agregó— fue la base de la discusión de la sesión del IFE el pasado miércoles donde los consejeros reconocieron el derecho y la importancia que tienen los mensajes del gobierno, y específicamente del Ejecutivo en cadena nacional para la vida pública del país. Sin embargo se valoró la incidencia y la influencia que estos actos pueden proyectar sobre la legalidad y la equidad en las contiendas electorales”, explicó.
Alejandro Páez, La Crónica, 23 de julio.
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