La cancillería mexicana aseguró ayer que está pendiente del fallo que deberá emitir la juez Susan Bolton sobre la entrada en vigor a partir de mañana jueves, total o parcial, de la Ley SB1070 que criminaliza la inmigración indocumentada en el estado de Arizona.
El gobierno de Barack Obama y diversos organismos civiles presentaron ante la Corte de Distrito en Phoenix una demanda para que la controvertida ley no se convierta la primera en el país vecino que considera como criminales a los inmigrantes indocumentados.
A esta demanda federal de inconstitucionalidad se sumó también México bajo la fórmula conocida como “amicus curiae” (amigo de la Corte) y ha recibido también el respaldo de los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Perú.
“Proteger a los mexicanos”. “Ante cualquier escenario que se produzca como resultado de la resolución de la Corte de Distrito, la Cancillería está preparada para instrumentar las medidas inmediatas que se requieran para proteger los derechos de los mexicanos en el estado de Arizona, independientemente de su condición migratoria”, dijo la fuente en un comunicado.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recordó que además de las acciones jurídicas para oponerse a la Ley SB1070 ha intensificado medidas de protección consular para los mexicanos residentes en Arizona.
Según cálculos oficiales, en Arizona residen alrededor de 460 mil inmigrantes indocumentados, la mayoría de ellos mexicanos.
A la espera otros 5 estados. Otros cinco estados de la Unión Americana seguirán muy de cerca el fallo que emita Bolton. En caso de que la magistrada considere constitucional y compatible con las leyes federales la ley Arizona, las autoridades de Carolina del Sur, Pensilvania, Minnesota, Rhode Island y Michigan ya han anunciado que someterán a votación parlamentaria lo antes posibles leyes antiinmigrantes igual de duras.
En el otro extremo, la Confederación Nacional de Organizaciones Sociales, Campesinas y Ejidales (CNOSCE) anunció ayer la convocatoria de un boicot contra productos estadunidenses, en caso de que entre en vigor la ley.
El presidente de la Confederación, Sergio Ávila Córdoba, aprovechó también para acusar al gobierno de Felipe Calderón de no ser lo suficientemente duro.
“Hasta el momento la posición de México contra esta ley no ha sido lo suficientemente dura, por lo que exigiremos a la canciller Patricia pronunciarse de manera más explícita contra la SB1070”, declaró.
Sheriff alista cárcel de carpas para cuando empiece la "cacería"
El alguacil del condado Maricopa, Joe Arpaio, al que no le importa que le llamen el sheriff más duro del Oeste, tiene ya todo listo para que una gran redada de inmigrantes cuando entre en vigor mañana jueves la Ley SB1070. Esta tan convencido de que la juez Susan Bolton no la tumbará o modificará, como pretende el gobierno de Barack Obama, que ya ha bautizado la nueva ampliación de su “cárcel de carpas” como “1070”. Anunció también que mañana mismo ordenará su primera gran redada contra hispanos que no lleven papeles en regla en el bolsillo. Su impaciencia es tal que ayer mismo llevó a cabo una redada —permitida por leyes federales— en un negocio de Phoenix donde arrestaron a cinco mujeres hispanas, cuatro de ellas presuntas inmigrantes indocumentadas, quienes enfrentan cargos de robo de identidad.
El gobierno de Barack Obama y diversos organismos civiles presentaron ante la Corte de Distrito en Phoenix una demanda para que la controvertida ley no se convierta la primera en el país vecino que considera como criminales a los inmigrantes indocumentados.
A esta demanda federal de inconstitucionalidad se sumó también México bajo la fórmula conocida como “amicus curiae” (amigo de la Corte) y ha recibido también el respaldo de los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Perú.
“Proteger a los mexicanos”. “Ante cualquier escenario que se produzca como resultado de la resolución de la Corte de Distrito, la Cancillería está preparada para instrumentar las medidas inmediatas que se requieran para proteger los derechos de los mexicanos en el estado de Arizona, independientemente de su condición migratoria”, dijo la fuente en un comunicado.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recordó que además de las acciones jurídicas para oponerse a la Ley SB1070 ha intensificado medidas de protección consular para los mexicanos residentes en Arizona.
Según cálculos oficiales, en Arizona residen alrededor de 460 mil inmigrantes indocumentados, la mayoría de ellos mexicanos.
A la espera otros 5 estados. Otros cinco estados de la Unión Americana seguirán muy de cerca el fallo que emita Bolton. En caso de que la magistrada considere constitucional y compatible con las leyes federales la ley Arizona, las autoridades de Carolina del Sur, Pensilvania, Minnesota, Rhode Island y Michigan ya han anunciado que someterán a votación parlamentaria lo antes posibles leyes antiinmigrantes igual de duras.
En el otro extremo, la Confederación Nacional de Organizaciones Sociales, Campesinas y Ejidales (CNOSCE) anunció ayer la convocatoria de un boicot contra productos estadunidenses, en caso de que entre en vigor la ley.
El presidente de la Confederación, Sergio Ávila Córdoba, aprovechó también para acusar al gobierno de Felipe Calderón de no ser lo suficientemente duro.
“Hasta el momento la posición de México contra esta ley no ha sido lo suficientemente dura, por lo que exigiremos a la canciller Patricia pronunciarse de manera más explícita contra la SB1070”, declaró.
Sheriff alista cárcel de carpas para cuando empiece la "cacería"
El alguacil del condado Maricopa, Joe Arpaio, al que no le importa que le llamen el sheriff más duro del Oeste, tiene ya todo listo para que una gran redada de inmigrantes cuando entre en vigor mañana jueves la Ley SB1070. Esta tan convencido de que la juez Susan Bolton no la tumbará o modificará, como pretende el gobierno de Barack Obama, que ya ha bautizado la nueva ampliación de su “cárcel de carpas” como “1070”. Anunció también que mañana mismo ordenará su primera gran redada contra hispanos que no lleven papeles en regla en el bolsillo. Su impaciencia es tal que ayer mismo llevó a cabo una redada —permitida por leyes federales— en un negocio de Phoenix donde arrestaron a cinco mujeres hispanas, cuatro de ellas presuntas inmigrantes indocumentadas, quienes enfrentan cargos de robo de identidad.
Carlos D. MEdina y Agencias en Washington, La Crónica, 28 de julo.
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