En un hecho que sorprendió al gobierno colombiano, la ex candidata presidencial y ex rehén de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Ingrid Betancourt, presentó junto con su familia una acción legal contra el Ministerio de Defensa para exigir el pago de 6.5 millones de dólares como indemnización, por los daños que le causaron a ella, a su madre, Yolanda Pulecio de Velez, a su hermana Astrid Yolanda Betancourt Pulecio y a sus hijos Melanie Claire Delloye Betancourt y Lorenzo Delloye Betancourt, por su secuestro entre 2002 y 2008, informó la Cadena Caracol.
Betancourt fue plagiada por las FARC en febrero de 2002, en medio de su campaña proselitista para los comicios presidenciales, y fue rescatada por las fuerzas militares en julio de 2008 en la “Operación Jaque”.
La ex presidenciable argumenta que el Estado colombiano no garantizó su protección durante la movilización por el sur de Colombia, en plena campaña política, cuando estaba como mandatario Andrés Pastrana.
Ingrid Betancourt, de nacionalidad colombo-francesa, fue secuestrada el 23 de febrero del 2002 mientras se desplazaba con integrantes de su campaña en la carretera entre Florencia y San Vicente del Caguán, municipios al sur del país y que formaban parte de la llamada zona de distensión, otorgada a los rebeldes durante los diálogos de paz con las FARC.
RIESGO. Su desplazamiento se dio después de que el gobierno de Pastrana diera por terminado dichos diálogos y pese a las advertencias hechas por las autoridades a la entonces candidata, de la existencia de reductos de la subversión y combates.
El entonces comisionado de la paz, Camilo Gómez, aseguró que Betancourt firmó un documento a la Fuerza Pública en donde dejó constancia que asumía el riesgo de avanzar hacía San Vicente del Caguán, por lo que consideró que la demanda de la ex secuestrada no tiene argumentos.
“Ella dejó escrito de su puño y letra en el libro de la guardia de ese retén (militar) que ella continuaba por sus propios medios y bajo su responsabilidad, esto es un indicativo que el Estado tomó todas la previsiones del caso”.
Respuesta
El gobierno rechaza solicitud de Ingrid
El gobierno de Colombia expresó ayer su sorpresa y malestar por la solicitud que la familia de la ex rehén Ingrid Batancourt presentó para exigir una indemnización de 6.5 millones de dólares por la presunta responsabilidad del Estado en su secuestro en febrero de 2002.
El Ministerio de Defensa indicó en un comunicado que el Ejecutivo se declara “sorprendido y apesadumbrado” por la presentación de “solicitudes de conciliación extrajudicial” por parte de familiares de la ex presidenciable.
Además de rechazar la solicitud de indemnización, la cartera de Defensa recordó “el esfuerzo y empeño de la fuerza pública en la planeación y ejecución de la “Operación Jaque” en la que fue rescatada.
Responsabilizó además a la propia Betancourt del secuestro que sufrió a manos de las FARC, ya que “desatendió las insistentes recomendaciones de la fuerza pública y otras autoridades de no proseguir en su intención de viajar a San Vicente del Caguán”.
Betancourt fue plagiada por las FARC en febrero de 2002, en medio de su campaña proselitista para los comicios presidenciales, y fue rescatada por las fuerzas militares en julio de 2008 en la “Operación Jaque”.
La ex presidenciable argumenta que el Estado colombiano no garantizó su protección durante la movilización por el sur de Colombia, en plena campaña política, cuando estaba como mandatario Andrés Pastrana.
Ingrid Betancourt, de nacionalidad colombo-francesa, fue secuestrada el 23 de febrero del 2002 mientras se desplazaba con integrantes de su campaña en la carretera entre Florencia y San Vicente del Caguán, municipios al sur del país y que formaban parte de la llamada zona de distensión, otorgada a los rebeldes durante los diálogos de paz con las FARC.
RIESGO. Su desplazamiento se dio después de que el gobierno de Pastrana diera por terminado dichos diálogos y pese a las advertencias hechas por las autoridades a la entonces candidata, de la existencia de reductos de la subversión y combates.
El entonces comisionado de la paz, Camilo Gómez, aseguró que Betancourt firmó un documento a la Fuerza Pública en donde dejó constancia que asumía el riesgo de avanzar hacía San Vicente del Caguán, por lo que consideró que la demanda de la ex secuestrada no tiene argumentos.
“Ella dejó escrito de su puño y letra en el libro de la guardia de ese retén (militar) que ella continuaba por sus propios medios y bajo su responsabilidad, esto es un indicativo que el Estado tomó todas la previsiones del caso”.
Respuesta
El gobierno rechaza solicitud de Ingrid
El gobierno de Colombia expresó ayer su sorpresa y malestar por la solicitud que la familia de la ex rehén Ingrid Batancourt presentó para exigir una indemnización de 6.5 millones de dólares por la presunta responsabilidad del Estado en su secuestro en febrero de 2002.
El Ministerio de Defensa indicó en un comunicado que el Ejecutivo se declara “sorprendido y apesadumbrado” por la presentación de “solicitudes de conciliación extrajudicial” por parte de familiares de la ex presidenciable.
Además de rechazar la solicitud de indemnización, la cartera de Defensa recordó “el esfuerzo y empeño de la fuerza pública en la planeación y ejecución de la “Operación Jaque” en la que fue rescatada.
Responsabilizó además a la propia Betancourt del secuestro que sufrió a manos de las FARC, ya que “desatendió las insistentes recomendaciones de la fuerza pública y otras autoridades de no proseguir en su intención de viajar a San Vicente del Caguán”.
La Crónica, 10 de julio.
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